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COFE reclamó el compromiso de que no habrá reducción de personal en salud, seguridad y educación
El “llenado de vacantes” en el Estado fue “uno de los temas más discutidos” en la reunión de este lunes entre las futuras autoridades del Ministerio de Trabajo y los líderes del sindicato de estatales (COFE), dijo en una conferencia de prensa a la salida del encuentro el secretario general de la organización de trabajadores, Joselo López.
En la reunión, COFE pidió al gobierno electo incluir en la redacción del anteproyecto de la ley de urgente consideración un pasaje que establezca que el Poder Ejecutivo estará imposibilitado de reducir el personal en áreas que considera “sensibles”, como salud, educación y seguridad.
El dirigente sindical Martín Pereira dijo a El Observador que COFE propone dejar el tema "redactado" en el artículo referido a la reposición de vacantes.
El artículo 297 del anteproyecto de ley de urgente consideración señala en uno de sus literales que, previa consulta con la Oficina Nacional de Servicio Civil para conocer si no hay en el Estado candidatos aptos para un puesto, las entidades estatales podrán designar “a personas que no sean funcionarios públicos, a razón de una designación por cada tres vacantes generadas a partir de la promulgación" de esa normativa, "salvo las excepciones que establezca el Poder Ejecutivo (...) a efectos de asegurar el correcto funcionamiento de los cometidos esenciales y sociales del Estado”.
Durante la campaña electoral, el presidente electo, Luis Lacalle Pou, había prometido no reponer el 21% de las vacantes en el Estado, con excepciones: " Queda excluido de esta propuesta el personal afectado a tareas asistenciales, personal docente y personal ejecutivo del Ministerio del Interior", decía el programa de gobierno de Lacalle Pou de cara a las elecciones nacionales de octubre pasado.
Joselo López dijo que les preocupa “que sea una regla de carácter general que de tres vacantes solo se llene una”. “Eso nos parece una limitación para el propio gobierno porque hay organismos que en los próximos cuatro años van a tener una pérdida de 40% del personal, por lo que si esa regla es de carácter general se va a atar las manos el próximo gobierno”, dijo.
Según Pereira, el artículo tal como está planteado deja su aplicación a criterio del próximo gobierno.
El ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres, dijo también a la salida del encuentro que el reclamo será “un punto a analizar”. “El texto no está diciendo que se van a reducir los cargos en áreas sociales sensibles. Lo que no dice es que quedan eximidas de la reducción tales o cuales áreas. Me parece que eso es un punto que ellos nos van a trasladar”, agregó.
Pereira confirmó que el reclamo será trasladado por escrito en un documento que elaborarán en los próximos días.
Mieres señaló que “la reducción del gasto público está planteada” a nivel general pero remarcó que “ciertos cargos” relativos a “áreas sensibles en lo social o de servicios no se van a comprometer”.
“La necesidad de reducir las vacantes (en el Estado) es un dato de la realidad. Además, se había anunciado en campaña electoral. La reducción del gasto público está planteada. Claramente también es lógico que hay un límite, que ciertas funciones básicas el Estado debe cumplir y por tanto también ciertos cargos que tienen que ver con áreas sensibles en lo social o de servicios obviamente no se van a comprometer”, dijo el futuro ministro.
El objetivo de Lacalle Pou, prometido en campaña, es ahorrar US$ 900 millones cada año.
