La vicepresidenta saliente Lucía Topolansky anunció que cuando asuman los ministros designados por Luis Lacalle Pou para el futuro gobierno, "constantemente" van a ser convocados al Parlamento por los legisladores del Frente Amplio para que expliquen el proyecto de ley de urgente consideración impulsado por el gobierno entrante.
"Si la ley entra el 3 de marzo, el 19 o 12 de marzo se va a estar llamando a todos los ministros, y es una pena porque cuando tienen que estar organizando su cartera, van a tener que estar en el Parlamento. Pero bueno, el grupo multicolor que dirige el país lo decidió así y tienen la libertad de hacerlo", afirmó a La República la senadora reelecta por el Movimiento de Participación Popular (MPP).
Desde que el anteproyecto de la norma que se quiere aprobar fue dado a conocer, Topolansky está estudiándolo y cuenta con "varios" equipos de trabajo que la asesoran sobre la conveniencia de las modificaciones propuestas.
En la entrevista adelantó algunas de sus impresiones sobre el borrador del proyecto de ley. Planteó que la idea de desmonopolizar los entes estatales es un indicio de que "viene otra vez un Lacalle al gobierno".
"Yo pienso: si abro la libre importación del petróleo, ¿dónde lo guardo? Va a haber que hacer un lugar autorizado, con permiso de la Dinama. Después ese privado que importe tendrá que hacer una planta para refinar. Y después tendrá que hacer su cadena de distribución", objetó.
Topolansky además afirmó que "los bienes públicos (...) han demostrado ser esenciales" en América Latina y que "su falta ha sido la causa de los problemas de Chile".
Sin embargo, aclaró que cuando en noviembre auguró que en el próximo período de gobierno habría "una enorme movilización social" no se estaba refiriendo a "escenarios como los que se dieron en otros lugares" de la región.
"En aquel momento puse como ejemplo que los docentes tenían voz en el Codicen con derecho a voto. Cuando a alguien le sacás un derecho, que es lo que aparentemente va a suceder, no pretendas que te aplauda", sostuvo la vicepresidenta.
Que una ley sea de "urgente consideración" supone el cumplimiento de plazos previstos en la Constitución al tratar el proyecto en el Parlamento, o de lo contrario quedará aprobado sin modificaciones. La cámara que primero lo recibe tiene 45 días para tratarlo y la segunda dispone de 30 días. Si fuera necesario, también podría haber una tercera instancia de 15 días en la Asamblea General.
"Vamos a trabajar para mejorar la ley a mil. Si no lo logramos, votaremos en contra. Después tenemos otras herramientas constitucionales para seguir adelante, pero dejemos que fluya la realidad, no pongamos la carreta delante de los bueyes", dijo a La República.
Días atrás, dirigentes frenteamplistas dijeron a El Observador que la impugnación de la norma después de haber sido aprobada era una de las opciones que contemplaban. Los reparos en torno a la "constitucionalidad" de la ley –que en principio tiene 457 artículos sobre temas diversos– fueron estudiados por la Mesa Política del FA apenas Lacalle Pou divulgó el borrador.
