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Frente Amplio evaluará "constitucionalidad" de ley de urgente consideración

Javier Miranda dijo que "le hace mucho mal a la democracia"; dirigentes de izquierda proponen impugnar la norma una vez aprobada

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24 de enero de 2020 a las 14:51

La ley de urgente consideración fue uno de los blancos predilectos del Frente Amplio durante la campaña electoral. Los dirigentes de la izquierda, desde legisladores, militantes, hasta el propio candidato presidencial Daniel Martínez, insistieron durante meses en que el texto –que no se presentó hasta este miércoles por la tarde– implicaba un “programa oculto” que iría contra los intereses populares. 

Con las cartas ahora arriba de la mesa, referentes de todos los sectores del Frente Amplio salieron en bloque a cuestionar los cambios normativos contenidos en los 457 artículos del borrador, y volvieron a apuntar contra el mecanismo de “urgencia” promovido por el gobierno electo para su aprobación.

La coalición de izquierda, que será oposición tras quince años en el poder, se enfrenta ahora al desafío de ver cómo hacer valer sus posiciones y una de las opciones es insistir en la "inconstitucionalidad" de la norma. 

El presidente del FA, Javier Miranda, dijo que el tema fue objeto de análisis este viernes en la Mesa Política y afirmó que "merece un estudio profundo, serio y detallado".

"Hay cosas que no son de urgente consideración dentro de este proyecto de ley y nos parece que le hace mucho mal a la democracia. Creo que hay que revisar la constitucionalidad de urgente consideración para introducir temas que no debieran ser de urgente consideración", manifestó el presidente de la coalición.

Miranda agregó que se trata de una "ley variopinta" que va desde "reformas importantes en materia de educación y seguridad hasta un artículo sobre la manufactura de chorizos". 

La ley de urgente consideración se convirtió en un tema central de la campaña luego de que el Partido Socialista cuestionara la constitucionalidad del instrumento. A fines de setiembre, el PS difundió un informe que argumentaba que la declaratoria de urgente consideración debía hacer referencia a una situación "preexistente". 

Los socialistas señalaron en ese entonces que el anunciado proyecto tenía "objeciones constitucionales severas" porque "no es posible que haya 12 razones de urgencia".

Si bien el mecanismo fue utilizado por el Frente Amplio para asuntos también variopintos –desde la creación del Mides hasta la del Sucive–, la futura oposición señala que la urgente consideración implica "un procedimiento de sanción totalmente excepcional" y que por lo tanto no debería aplicarse a una "ley ómnibus". 

Dirigentes frenteamplistas dijeron a El Observador que una opción que estará arriba de la mesa es la eventual impugnación de la norma una vez aprobada. 

Por otra parte, en el FA impulsan crear equipos de trabajo para analizar al detalle los artículos y elaborar una respuesta.

El secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, opinó que "el mecanismo excepcional para tratar tantos temas es forzar bastante el carácter del instrumento", por lo que habrá que "considerar también los aspectos de forma".

Por otra parte, sostuvo que "el rol de oposición" obliga a pensar "distintas respuestas". "Hay muchos temas en los que hay diferencias políticas de fondo. En otros quizá se pueden encontrar matices. Frente a cosas que implican retrocesos de las conquistas nosotros vamos a oponernos y trabajaremos en la medida de lo posible para elaborar alternativas", agregó.

Otro de los dirigentes frenteamplistas que apuntó contra el instrumento fue el subsecretario Economía, Pablo Ferreri, quien consideró "absurda" la diversidad de temas incluidos en el anteproyecto. "Una ley de urgente consideración es un instrumento para temas que sean justamente urgentes. No parece lógico que 457 artículos sean urgentes, y para muestra basta un botón: ¿la habilitación a hacer chorizos artesanales es urgente? (artículo 318) Si no fuera tan absurdo, sería hasta gracioso", escribió en Twitter.

El diputado del MPP Alejandro "Pacha" Sánchez sostuvo que el documento confirma la tesis de "los dos modelos" que el FA mencionaba en la campaña. "Recorte de derechos laborales, políticos, sociales y económicos, achique del Estado, beneficios a los privados en detrimento de lo público. ¿Podríamos llamarla Ley de Restauración?", expresó. Su compañero de sector, el diputado Sebastián Sabini, dijo que (los miembros del gobierno electo) "se llenaron la boca hablando de la necesidad de proteger la democracia y la república y nos obligan a discutir temas serios en una ley ómnibus, sin posibilidades reales de participación de la academia y el conjunto de la sociedad".

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