Socialistas: ley de urgente consideración propuesta por Lacalle es "inconstitucional"

El candidato blanco incluye en ese proyecto entre 300 y 500 artículos, y algunas de las propuestas que abarca son eliminar la representación docente en la ANEP, crear una regla fiscal para contener el gasto público, reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social, proteger el espacio aéreo con una ley de derribo como parte del combate al narcotráfico, permitir que los policías se puedan defender sin consecuencias penales, controlar las sociedades anónimas de los entes públicos, resolver la autonomía absoluta de las unidades reguladoras, desregular la importación de combustible y eliminar la bancarización obligatoria. 

Un informe jurídico redactado por Juan Pablo Pío –coordinador de la campaña del PS y magíster en derecho administrativo– remarca que la declaratoria de urgente consideración debe hacer referencia a una situación "preexistente", y no a algo que el gobierno considera urgente por cuestiones políticas o de carácter ideológico. 

El texto retoma los argumentos del constitucionalista y exsenador socialista José Korseniak que, citado en la revista de derecho público de julio de 2019, dice que los temas incluidos en la declaratoria de urgente consideración "deben tener cierta razonable urgencia de ser resueltos. Esta no es solo una consideración de sentido común, sino que se deriva del carácter declarativo de la urgencia". 

Los socialistas señalan que el proyecto que pretende impulsar Lacalle tiene "objeciones constitucionales severas". "El Poder Ejecutivo no inventa o crea la urgencia del asunto por razones políticas o ideológicas o prioritarias de gobierno, sino que formula la declaración de una urgencia que preexiste. Una base fáctica razonable, económica, sanitaria, etc. Lo que sí no es posible es que haya 12 razones de urgencia. Las urgencias no son prioridades de gobierno ni del presidente ni de un partido", expresa el informe del partido. 

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. 

Según el PS, la iniciativa supone "un procedimiento de sanción totalmente excepcional", ya que, por un lado, "el Parlamento tiene plazos muy abreviados para su discusión" y, por otro, "si dicho plazo de tratamiento parlamentario venciere (sin que se revoque el carácter de "urgente"), el proyecto resultará tácitamente aprobado tal como lo envió el Poder Ejecutivo". Para dejar sin efecto la "urgencia" se requerirían tres quintos de los votos de cada Cámara.

Antecedentes y comparaciones

En un artículo del doctor en Derecho Luis Fleitas De León, publicado en la revista de Derecho Público de julio de este año, el autor expresa que una de las diferencias con la Ley de Presupuesto  o Rendición de Cuentas –que también cuentan con un plazo (más largo) para su aprobación– el incumplimiento del plazo supone el rechazo del proyecto. Por el contrario, las leyes de urgente consideración poseen la característica "exorbitante" de que "el silencio de los órganos del Poder Legislativo, luego de transcurridos los plazos, implican la sanción de la Ley en cuestión. "Es decir, la Ley se puede aprobar con la sola voluntad expresa positiva del Poder Ejecutivo", afirma Fleitas De León. 

El sector frenteamplista expresa que la intención del candidato de "generar gobernabilidad" frente a un "parlamento fragmentado" no equivale a "un contexto de urgencia preexistente en el país" en los temas que quiere incluir en el proyecto, por lo que "el desborde de la Constitución vicia la salud del instrumento".

Los socialistas dicen a su vez que se trata de un "negocio redondo", ya que "en 100 días Lacalle Pou impondría su agenda con escasa discusión parlamentaria inhibiendo la fragmentación del Poder Legislativo".

Críticas

A través de las redes sociales, los referentes del PS han denunciado que la propuesta de Lacalle supone un "programa oculto". El secretario general del partido, el diputado Gonzalo Civila, escribió que la oposición prevé "imponer" una agenda de "ajuste y represión" a través de "un procedimiento que impide la necesaria discusión democrática a fondo".

Por su parte, el candidato a senador Daniel Olesker cuestionó que el proyecto de Lacalle incluyera como "urgente" las modificaciones a la normativa de negociación colectiva. "Además de la inconstitucionalidad de la eventual norma, no salgo del asombro que, para Lacalle Pou, sea una cuestión de urgencia modificar el régimen de negociación colectiva en perjuicio de los trabajadores", afirmó en un hilo de Twitter.