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Doce puntos clave del proyecto de urgente consideración que prepara Lacalle Pou

El coordinador de la norma que quieren enviar al Parlamento si son gobierno prevé que esté pronta en octubre 

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10 de agosto de 2019 a las 05:04

Luis Lacalle Pou dijo más de una vez previo a la interna que su campaña de cara a las elecciones no fue pensando en ganar sino “para poder gobernar bien”. También repitió que el día “más importante” es el 25 de noviembre, el día después del balotaje. Entre los objetivos marcados con esas dos ideas en mente, uno ya está tomando forma y verá la luz en octubre, antes incluso de que los uruguayos voten. El equipo del candidato nacionalista trabaja desde hace varios veces en un proyecto de ley de urgente consideración, al que gustan llamar “ley ómnibus”, que contará con entre 300 y 500 artículos y abarcará gran parte de los temas contemplados en el programa de gobierno, que se hará oficial este sábado en la convención nacionalista.

El motivo por el cual Lacalle Pou quiere impulsar este instrumento tiene que ver con que considera que “las medidas no solo tienen que ser buenas, sino que tienen que ser urgentes”. “El primer año no hay presupuesto propio, por lo cual las modificaciones que se pueden hacer fuera de la ley de presupuesto ameritan una ley de urgente consideración. Y va a ser negociada”, dijo a El Observador.   

Si bien el objetivo es que el proyecto de ley esté terminado en octubre, antes de las elecciones, se tratará de un documento “abierto” para que cuente con el aporte de otros partidos. De hecho, Lacalle Pou dijo al semanario Búsqueda días después de la interna que ese documento es “una hoja de ruta necesaria” para un posible futuro gobierno de coalición.

La idea de Lacalle Pou y su equipo si llegan al gobierno es que el proyecto de urgente consideración sea ley en el primer semestre del 2020, para dedicar el segundo a la ley de Presupuesto. Precisamente, muchos de los temas planteados en el proyecto de urgencia están atados con el de Presupuesto. “Uno de los límites a una ley de urgente consideración es que todas las cuestiones que se tratan por ley de Presupuesto no pueden tratarse por el procedimiento de urgencia. La ley de presupuesto no puede nunca tratarse nunca por procedimiento de urgencia y tampoco puede tratarse determinadas materias que requieren mayorías especiales, como dos tercios o tres quintos de votos”, explicó a El Observador Rodrigo Ferrés, responsable de la redacción del proyecto y experto en Derecho Administrativo. 

Rodrigo Ferrés, coordinador y redactor del proyecto de ley de urgente consideración

Los proyectos de ley de urgente consideración son enviados por el Poder Ejecutivo a cualquiera de las dos cámaras del Parlamento y deben ser aprobados en un plazo máximo de 90 días. La cámara que recibe el proyecto tiene 45 días para tratarla y votarla. En la otra, el tratamiento será de 30 días porque los 15 restantes se utilizan en caso de que se le realice modificaciones y deba volver a la cámara donde ingresó. Si se superan los 90 días y no hubo sanción, la ley queda aprobada tácitamente. Es decir, el Parlamento tiene que expedirse sí o sí en tres meses. 

Luego, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días para su promulgación, que significa que la ley entra en vigencia en un máximo de 100 días. 
Ferrés trabaja en la redacción del proyecto, en coordinación con los referentes técnicos de todas las áreas. Los entre 300 y 500 artículos contendrán temáticas que van desde la economía, políticas sociales, seguridad pública y educación, hasta el mejor manejo de las empresas públicas. 

Desglose de medidas 

Eliminación de representación docente en la ANEP 

 

Muchas de las reformas que se proponen en materia educativa están atados a temas presupuestales, pero eso no quita que se incluyan artículos en la ley de urgente consideración de aquellas iniciativas que no implican gastos. En ese sentido, el proyecto de urgente consideración incluirá modificaciones a la ley general de educación, como el rediseño de la gobernanza de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), que incluye dentro del Consejo Directivo Central a los directores generales de los consejos desconcentrados así como la eliminación de la representación docente en los consejos de ANEP. “La enseñanza es un asunto ciudadano y debe ser gobernada por representantes de los ciudadanos”, indica el programa de gobierno. 

Crear una regla fiscal para contener el gasto público 

Para los nacionalistas “una regla fiscal es una condición que un país debe cumplir en relación a su recaudación y gasto”. Ese instrumento está pensado para evitar gastar más de lo que un gobierno tiene o puede gastar y su creación será a través del proyecto de ley de urgente consideración, si Lacalle Pou es electo presidente. “Con el fin de alinear al país con las mejores prácticas internacionales, nos proponemos dar los pasos para instalar una regla fiscal que favorezca una conducta de gasto público ordenada”, indica el programa blanco que se aprobará este sábado en la convención. El abogado Ferrés puntualizó que “la regla fiscal es un instrumento de disciplina para contener el gasto público y que no se gaste más de lo que se debe gastar y no hay ningún impedimento para incluirlo dentro de la ley de urgente consideración”. El plan que manejan desde el equipo económico, liderado por la economista Azucena Arbeleche, es “primero desacelerar y después detener y revertir el crecimiento de la deuda pública, sin aumentar la carga impositiva y tendiendo a mediano plazo hacia una disminución de impuestos”. “La introducción de una regla fiscal debe entenderes como parte de una agenda más amplia de crecimiento a mediano plazo”, agrega el programa. 

 

Reorganizar el Ministerio de Desarrollo Social 

 

Rodrigo Ferrés, coordinador y redactor del proyecto de ley de urgente consideración, indicó que en ese documento que de llegar al gobierno remitirán al Parlamento “se incluirá todo lo que respecta a mejorar al Ministerio de Desarrollo Social”.  Uno de los objetivos es tender a una “reorganización paulatina del Mides, que lo concentre en las tareas de rectoría”. La idea es comenzar a elaborar el capítulo vinculado a las políticas sociales dentro de unas dos semanas, con insumos que está aportando el referente del área, Pablo Bartol. Ferrés puntualizó que se quieren incluir artículos sobre “la protección y el desarrollo de la infancia y sobre la situación de las personas en situación de calle, de aquellas en situación crítica de drogodependencia”. 

900 millones de dólares. es el ahorro anual que prevé el equipo de Lacalle Pou para el quinquenio 2020-2025. Esa cifra fue calculada por la Rendición de Cuentas 2017 y datos disponibles de empresas públicas. 

Proteger el espacio aéreo con una ley de derribo como parte del combate al narcotráfico 

Ferrés puntualizó que el de seguridad pública será “un capítulo importantísimo” del proyecto de ley de urgente consideración. El abogado indicó a El Observador que se incluirán capítulos referidos al manejo de las cárceles o aspectos vinculados a las penas.  Una de las propuestas del programa es “modificar el Código del Proceso Penal en el primer año de gobierno, limitando la aplicación del proceso abreviado únicamente a los delitos cuya pena es de prisión”. A su vez, se incluirá dentro del proyecto de urgente consideración la ley de derribo, que apunta a proteger el espacio aéreo uruguayo ante presencia de avionetas que se dedican al narcotráfico y otros artículos estarán orientados a la prevención del abigeato. 

Permitir que los policías se puedan defender sin consecuencias penales

Uno de los objetivos incluidos en el programa de gobierno blanco es la reforma de la ley de procedimiento policial para “proporcionar a los efectivos policiales la seguridad jurídica y el respaldo necesario para el cumplimiento de sus tareas”. Dentro del proyecto de ley de urgente consideración incluirán, por ejemplo, la “presunción simple de legítima defensa” de los policías,  el cuerpo Prefectura Nacional Naval, y guardias privados de seguridad armados, a través de la modificación del artículo 26 del Código Penal. Esa medida se quiere instrumentar “sin perjuicio de las eventuales responsabilidades por el exceso en el empleo de la fuerza” que puedan tener cualquiera de esos efectivos. 

Controlar las sociedades anónimas de los entes públicos 

Una de las banderas de campaña de Lacalle Pou es el ahorro de US$ 900 millones anuales durante el próximo quinquenio, que tiene entre sus insumos la mejor gobernanza de las empresas públicas, para las que quieren buscar “una gestión más eficiente”. Muchos de los caminos para gestionarlas mejor, no necesitan de una ley porque responden a decisiones administrativas. Sin embargo, hay otras que sí y varias estarán incluidas en el proyecto de ley de urgente consideración. Ferrés destacó, por ejemplo, cambios a las sociedades anónimas del Estado. “Lo que se demostró y nosotros proponemos, es que esas sociedades anónimas que son un instrumento legal que funciona en el derecho privado pero maneja fondos públicos y cumplen cometidos del ente, tienen que estar mucho más controladas. Entonces nosotros establecemos toda una serie de mecanismos de control de las sociedades anónimas de los entes autónomos y sociedades anónimas del Estado”, indicó. También se pretende establecer “estándares de gestión comunes a todas las empresas públicas, con obligación de difundir de manera periódica y clara sus niveles de cumplimiento”, según lo que indica el programa de gobierno nacionalista y “dentro de las empresas, delimitar los roles de los directorios, que deben orientar estratégicamente a las empresas y controlar su desarrollo y de los roles de la gerencia, responsables de la ejecución”.

"Las medidas no solo tienen que ser buenas, tienen que ser urgentes", Luis Lacalle Pou 

Autonomía absoluta de las unidades reguladoras 

Según los blancos, la mejor gobernanza de las empresas públicas va atada a un mayor y mejor rol de las unidades reguladoras (Ursea y Ursec), a las que quieren darles independencia técnica e incluirán la reforma en el proyecto de urgente consideración. “Es una tendencia mundial porque es inconvencible que estos organismos estén dentro del gobierno. La neutralidad política es fundamental en un ente regulador. Nosotros proponemos una autonomía absoluta, sin que haya jerarquía entre uno y otro”, indicó Ferrés. 

Desregulación de la importación de combustible

Si bien la rebaja de tarifas públicas no se incluirá dentro de la ley de urgente consideración porque responde a factores adicionales a una norma, sí se necesitan determinadas modiciaciones legales como uno de los pasos hacia esa rebaja. Uno de los puntos que sí estará incluido en el proyecto que Lacalle Pou enviará apenas asuma, si gana la Presidencia, es medidas vinculadas a la “desregulación de la importación, distribución y comercialización de combustible” para “liberarla gradualmente a la competencia”, según indica el programa. “Es la primera puerta para lo que va a ser la rebaja de tarifas. Van a ser bases muy concretas para viabilizar todo eso”, sostuvo Ferrés. 

Eliminar la bancarización obligatoria 

Una de las críticas del programa de gobierno del Partido Nacional a la administración actual es la forma en la que se lleva adelante la llamada ley de inclusión financiera. Por ese motivo, uno de los artículos que incluirá el proyecto de ley de urgente consideración será la modificación de los artículos de esa norma que obligan a que los pagos y transacciones sean a través de un sistema de intermediación financiera, como un banco. Ferrés detalló que dentro del proyecto que está redactando se incluye un articulado que convierte al régimen en optativo. El programa nacionalista indica que buscarán “libertad financiera para que la gente pueda elegir cómo administrarse”. 

Antecedentes de leyes de urgente consideración 
En 1986, Julio María Sanguinetti pidió que el Parlamento tratara de forma urgente la ley de caducidad, por la que caducaba la pretensión punitiva del Estado en los casos de delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por militares y policías.  Durante el gobierno de Jorge Batlle, el Ejecutivo envió una  sobre  actividades productivas, entre otros puntos, y el Ministerio de Desarrollo Social se creó por una ley así durante el primer  gobierno de Tabaré Vázquez. 

 

Conformar una comisión para establecer reformas a la seguridad social 

La necesidad de reformar la seguridad social es parte de la discusión en esta campaña electoral. El programa blanco plantea la “convocatoria a una comisión multipartidaria de expertos de primer nivel” que se dedicarán a estudiar el tema. Esa comisión estará conformada por personas designadas por los partidos políticos y tendrán un año para “realizar una evaluación cuidadosa de la situación, identificar posibles escenarios y definir un menú de estrategias de reforma que aseguren la sustentabilidad de mediano y largo plazo con una visión de la sociedad en conjunto”. Ferrés señaló que la creación de esa comisión estará incluida dentro del proyecto de ley de urgente consideración. 

Crear la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas

 

El proyecto de ley de urgente consideración también incluirá la creación de una Agencia de Monitoreo y Evaluación de las Políticas Públicas. El programa blanco destaca que esa agencia “no viene a incrementar el costo del Estado porque se crea reordenando servicios ya existentes”. Según explicó Ferrés, lo que buscan es “crear a nivel de Presidencia una agencia que siga a las políticas públicas,  que controle que efectivamente se hagan, y que pueda dar apoyo”. “Es estar atrás de los temas. Monitorear que en las distintas áreas se está cumpliendo con lo pautado. Por ejemplo, si se va a licitar una obra para la construcción de una carretera, ver en qué estado está la licitación, dónde empieza, etc”, dijo el abogado. El programa de gobierno agrega que la función de la agencia es “lograr un cambio radical en la gestión pública”. 

Promover un Consejo Técnico permanente para negociaciones colectivas 

Aspectos vinculados a la negociación colectiva también serán incluidos en el proyecto de ley de urgente consideración. La idea de los blancos es que se optimice un “sistema legal de relaciones laborales que permita facilitar el diálogo y dinamizar la negociación colectiva”. En ese marco, por ejemplo, promoverán “ante el Consejo Superior Tripartito la creación de un Consejo Técnico de carácter permanente, cuyos integrantes sean propuestos por el Poder Ejecutivo, el PIT-CNT y las Cámaras Empresariales”. “Este Consejo tendrá por objetivo suministrar estudios técnicos, indicadores y análisis de los datos macro y microeconómicos relevantes a los efectos de la negociación colectiva, de manera de realizar los ajustes pertinentes de los lineamientos generales de la negociación a la realidad sectorial”, indica el programa. 

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