La llaga expuesta del desempleo

Es una súbita afloración de los escalones más sumergidos del mercado laboral, donde superabundan los jóvenes sin calificación; y es uno de los feos rostros de la frustración y el desamparo.

Las cifras oficiales del INE, obtenidas a través de la encuesta continua de hogares, sitúa el desempleo en Uruguay entre 10 y 11%, según el mes. Pero los 240.000 inscriptos para los “jornales solidarios” (una lista aún sin depurar) equivalen a 14% de la población económicamente activa (PEA). ¿Cómo se explica esa inconsistencia aparente? 

Se han anotado personas que tienen trabajos informales muy insatisfactorios, que están dispuestas a cambiar por éste, al menos por unos meses; y se han sumado subempleados, aquellos que desean trabajar más horas, y pueden cumplir dos tareas a la vez debido a la flexibilidad horaria. 

La informalidad en Uruguay (trabajo pago por el que no se aporta a la seguridad social ni al sistema de salud) es la más baja de América Latina, pero aún comprende a uno de cada cuatro trabajadores. No son ocupaciones necesariamente mal remuneradas —hay personas que ganan buen dinero en el comercio, la manufactura o los servicios informales—, pero suelen ser más precarias o volátiles.

Entre los inscriptos también hay personas que habían dejado de buscar empleo: los “desalentados” por la escasez de oferta a su alcance, que para las estadísticas no son desempleados.

Estos “jornales solidarios” son 15.000 empleos zafrales por seis meses, entre junio y noviembre, para personas de entre 18 y 65 años que no tengan ningún ingreso, salvo las prestaciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). La paga es de $ 12.500 nominales por 12 días de tareas sencillas al mes, que serán administradas por las Intendencias.

Los puestos se distribuyeron entre los 19 departamentos, según índices de pobreza y de desempleo, que varían según la región. A regañadientes Montevideo aceptó 4.000 lugares, que equivalen al 26,7% del total, pese a reunir el 40% de la población del país; en tanto Canelones, con el 16% de la población uruguaya, tendrá el 15% de los puestos. 

El programa cumple con la perspectiva de este gobierno de que es preferible la ayuda social a cambio de una prestación en trabajo; y que las Intendencias suelen conocer y administrar mejor su comarca que el Estado central. 

Ahora hay menos de 1,6 millones de personas empleadas en Uruguay, mientras unas 180.000 permanecen desocupadas. El 56% de los empleos corresponde a contratos privados, el 17% a puestos públicos, 4% son patronos y 23% son trabajadores por cuenta propia. 

Existen además 475.000 jubilados y 245.000 pensionistas.

Unos 400.000 ocupados son informales, total o parcialmente. El trabajo en negro, que suele ser más abundante durante los períodos de crisis, despoja al Estado de una gran cantidad de recursos y compromete la recuperación.

Alrededor del 30% de los jóvenes menores de 25 años están desempleados: buscan trabajo y no lo consiguen. Muchos otros jóvenes, en su mayoría con enseñanza secundaria incompleta, han abandonado la búsqueda.

La elevada deserción de la enseñanza secundaria contribuye a consolidar la estratificación social y la pobreza y, a la vez, es el resultado de ellas. Son fenómenos que se explican recíprocamente. Y no ocurre sólo en Uruguay. Así, por ejemplo, el 25,5% de los jóvenes brasileños menores de 29 años eran “ni-ni” —ni estudiaban ni trabajaban— a fines del año pasado, según la Fundación Getulio Vargas, en especial mujeres, negros y personas de menor instrucción. 

El auge económico, impulsado por las exportaciones agroindustriales y el turismo, llevó a Uruguay al pleno empleo en 2011. Ese año el promedio de desocupados fue de 6,3% en todo el país. En 1981 hubo un registro similar (6,2%), aunque entonces se medía sólo en Montevideo. 

La bonanza duró hasta 2014. Luego, la tendencia al estancamiento económico hizo que el desempleo trepara gradualmente, hasta alcanzar los dos dígitos (10,5%) en febrero de 2020, por primera vez desde 2007. Después la pandemia agravó el problema en ciertos sectores de actividad, como los servicios turísticos.

Los salarios reales cayeron 1,5% en promedio durante 2020, y pueden seguir cayendo ahora, al menos en ciertas áreas deprimidas. 

La creciente desocupación responde a una menor rentabilidad de las empresas, a la reducida competitividad y productividad, y también a una mayor tecnificación en la producción primaria, la construcción o el comercio. 

La revolución tecnológica devalúa el trabajo manual y repetitivo.

Mientras el conjunto de la economía uruguaya creció un modesto 7% entre 2014 y 2019, la construcción cayó 15% y el comercio se redujo 4%.

La producción agropecuaria, que empleaba a unas 190.000 personas en 2011, ha sido uno de los sectores que redujo más empleos, por robotización e inteligencia artificial. La construcción, mientras tanto, cayó estrepitosamente de 70.000 empleos en 2012 a unos 45.000 en 2019. Las obras de UPM en el centro del país y el Ferrocarril Central sólo compensan una parte menor de esa caída.

Muchos empresarios, pequeños y grandes, optan por más tecnologías para aumentar la productividad, y se ahorran los problemas de la mano de obra de baja calificación.

Como compensación crece el empleo, incluso con demanda insatisfecha, en sectores como tecnologías de la información y comunicación, servicios financieros, inmobiliarios, enseñanza, salud y servicios personales.

La economía uruguaya cayó 5,9% el año pasado, por el apagón de la pandemia, y este año crecerá menos de 3%. Aún perdura el cierre total o parcial en amplias esferas del sector público, como la Justicia, y en servicios vinculados al turismo. 

Como siempre, la recuperación del empleo y del salario correrá con rezago detrás del aumento de la producción.