La prensa británica reveló que el Ministerio de Defensa ocultó la masacre de civiles afganos

Se trata de hechos ocurridos entre 2010 y 2012, lapso en el que los efectivos del SAS mataron a medio centenar de afganos en circunstancias sospechosas, según el diario. Tras los nuevos hallazgos, el regimiento de élite volverá a ser interrogado por la muerte a tiros de prisioneros sospechados de ser miembros de los talibanes, el grupo radical bajo las sanciones de la ONU por actividad terrorista.

La información contenida en los documentos sugiere que altos funcionarios del Ministerio de Defensa pueden haber manipulado la investigación de la Policía Militar. Los textos indican que uno de los investigadores afirmó que estaba bajo "presión política". Al parecer, para evitar que esto se diera a conocer, un oficial del SAS consideró que había que "cortar de raíz" cualquier malestar por los asesinatos ilegales, según la publicación.

Los documentos del Ministerio de Defensa revelados ante la Corte Suprema de Justicia británica plantean dudas sobre la integridad e imparcialidad por parte del principal abogado defensor de los militares acusados, Peter Ryan, quien admitió ante el tribunal que las explicaciones recibidas de las fuerzas especiales eran "muy dudosas, si no inverosímiles".

Un nuevo examen del caso podría llevar a que los testimonios de los soldados del SAS vuelvan a ser examinados, lo que podría derivar en acusaciones por homicidio. Unos años antes, cuando los comandos interrogados por la policía militar, muchos simplemente se negaron a hacer comentarios. Así la investigación, cuyo nombre en clave es Operación Northmoor, se cerró en 2019 sin cargos.

Las nuevas pruebas incluyen las denuncias por presiones realizadas ya en 2017 por el investigador de la Operación Northmoor. De acuerdo con el Daily Mail, esto sugiere que los funcionarios de Defensa no querían que la Policía Militar tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la provincia afgana de Helmand.

La posición de Ryan también plantea preguntas incómodas. El nuevo examen de los testimonios de los comandos concluye que la Policía Militar se mostraba escéptica sobre algunos de los supuestos tiroteos que provocaron la muerte de los afganos. Ahora, y cara las nuevas revelaciones, el Ministerio de Defensa, en un intento por suspender la investigación judicial, ofreció en su lugar una "revisión independiente" de las pruebas.

Los abogados que representan a una de las familias afganas afectadas afirmaron que no participarán del proceso porque el Ministerio de Defensa "quiere decidir por sí mismo qué pruebas se considerarán", escribió el periódico. Tessa Gregory, socia del bufete de abogados Leigh Day, señaló que "las propias pruebas del Gobierno demuestran que los funcionarios de Defensa plantearon repetidamente la preocupación de que los asesinatos formaran parte de un patrón más amplio de delitos y encubrimientos sistemáticos".

Los antecedentes

A fines de 2020, al menos nueve militares se suicidaron en solo tres semanas en Australia. Fue en ocasión de la publicación de un informe del Inspector General de la Fuerza de Defensa Australiana (ADF, por sus siglas en inglés) que indicaba que los miembros de un grupo de operaciones especiales cometieron 39 homicidios civiles, una lista que ya entonces se sospechaba mucho más larga.

Aunque es difícil saber qué motivó los suicidios, los medios australianos no dejaron de vincular las muertes con el revuelo mediático en torno a la investigación, o incluso con el trastorno por estrés postraumático. O con ambas cosas a la vez. Por lo pronto, la lista de los crímenes de la coalición internacional en Afganistán involucra a soldados estadounidenses, canadienses, británicos y de otras nacionalidades. Varios fueron resultado de errores, pero otros de una violencia deliberada contra los habitantes del país asiático.

Uno de los casos más emblemáticos fue perpetrado por un grupo de soldados estadounidenses conocidos como Kill Team (Equipo de Asesinato, en inglés). Los delitos tuvieron lugar en el distrito de Maiwand, de la provincia afgana de Kandahar, entre junio de 2009 y junio de 2010 en plena guerra. Como consecuencia de esos actos de violencia al menos tres civiles afganos perdieron la vida.

En 2010, algunos miembros de este grupo de militares estadounidenses fueron acusados de haber cometido el homicidio de civiles y de coleccionar partes de los cuerpos de las víctimas como trofeos. El líder del Equipo de Asesinato, el sargento del estado mayor Calvin Gibbs, fue el militar de mayor rango en ese caso. Fue acusado de haber planeado el asesinato los tres civiles afganos. A finales de 2011, Gibbs fue condenado a cadena perpetua, pero con la posibilidad de ser liberado después 10 años en prisión.

Otro asesinato en masa también tuvo lugar en la provincia afgana de Kandahar. El 11 de marzo de 2012, el sargento del estado mayor Robert Bales mató a 16 civiles afganos e hirió a otros 6 en el distrito de Panjwai. Nueve de las 16 víctimas eran menores de edad, mientras que 11 de las 16 personas masacradas pertenecían a la misma familia.

Bales se declaró culpable el 5 de junio de 2013 de 16 casos de asesinato premeditado. Lo hizo para que la fiscalía no pidiera la pena de muerte. Ahora, el comandante general que supervisa la corte marcial tiene la opción de reducir la sentencia de cadena perpetua por otra de libertad condicional.

El 22 de junio de 2007, la OTAN realizó un bombardeo en la provincia afgana de Helmand. Esta operación causó un gran revuelo porque resultó en la muerte de 45 civiles, una cifra sin precedentes desde 2001, cuando la coalición internacional liderada por Estados Unidos realizó bombardeos masivos para erradicar a los talibanes en diferentes partes de Afganistán.

Entre las víctimas había mujeres y menores de edad. Las fuentes locales informaron que el total de muertos fue mayor y superó las 100 personas. Las fuentes estadounidenses y de la OTAN aseguraron que no conocían el número exacto de víctimas. El episodio enfureció incluso a los afganos aliados de la OTAN.

El entonces presidente de Afganistán, Hamid Karzai, repudió y criticó fuertemente el ataque. Acusó a las fuerzas de la coalición de indiferencia hacia la población local y declaró que los militares extranjeros veían las vidas de los afganos como "baratas". Asimismo, criticó a los talibanes por el uso de los civiles como escudos humanos y a la OTAN por haber realizado una operación tan descuidada.

Otro problema importante de la presencia de la coalición fue el tratamiento de los prisioneros de guerra. Por ejemplo, el 15 de septiembre de 2011 el efectivo del Cuerpo de Marines Reales Alexander Blackman mató a sangre fría a un combatiente Talibán no armado. Blackman ordenó dejar de darle primeros auxilios al hombre herido y luego le disparó en el pecho. Dos años después, Blackman fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua, pero con la posibilidad de obtener la libertad condicional luego de diez años de prisión.

Otro escándalo fue provocado por los malos tratos infligidos por el Ejército Nacional Afgano a un grupo de combatientes talibanes hechos prisioneros por militares canadienses. El gobierno y los altos mandos de las fuerzas armadas estaban al tanto. El caso disparó un acalorado debate vinculado con el Artículo 12 del Tercer Convenio de Ginebra, del cual Ottawa es participante, donde se estipula que el país que detuvo al prisionero es responsable por su tratamiento.

Ahora, las revelaciones del Daily Mail sobre las presiones del Departamento de Defensa para que la Policía Militar Real no investigara los crímenes de guerra cometidos por los comandos del Servicio Aéreo Especial en Afganistán abren un nuevo capítulo de esta brutal e infame historia.

Faily Mail / Agencia Sputnik