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8 de octubre 2023 - 5:04hs

En momentos en que el presupuesto del Pentágono se acerca a US$ 1 billón y están en el centro de la atención los debates sobre cómo responder a los desafíos planteados por Rusia y China, es más importante que nunca hacer una evaluación independiente del mejor camino a seguir.

Esto implicaría un análisis objetivo por parte de expertos imparciales y formuladores de políticas basado en un debate público sobre la mejor manera de defender el país. Pero la mayoría de las veces, los intereses particulares prevalecen sobre el interés nacional en las decisiones sobre cuánto gastar en el Pentágono y cómo deben asignarse esos fondos, según afirman los investigadores William Hartung y Dillon Fisher en un artículo para Responsible Statecraft.

Una práctica que introduce sesgos en la configuración de la política de defensa es la “puerta giratoria” entre funcionarios del Estado y la industria armamentista. El movimiento de altos funcionarios retirados del Pentágono y de los servicios militares hacia la industria armamentista es una práctica de larga data que plantea serias dudas sobre la realidad de los conflictos de intereses. Principalmente porque emplear a exoficiales militares bien conectados puede dar a los fabricantes de armas una influencia enorme e injustificada sobre el proceso de determinación del tamaño y la forma del presupuesto del Pentágono.

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Un informe de 2021 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental encontró que 1.700 altos funcionarios gubernamentales habían asumido puestos en la industria armamentista durante un período de cinco años, un promedio de más de 300 por año. Y un nuevo informe del Quincy Institute, encontró que esta práctica es particularmente pronunciada entre los altos generales y almirantes. En los últimos cinco años, más del 80% de los generales y almirantes de cuatro estrellas retirados (26 de 32) pasaron a trabajar en el sector armamentista como miembros de juntas directivas, asesores, lobbistas o consultores.

Boeing reclutó al ex jefe de operaciones navales, almirante John Richardson, tras su retiro del servicio gubernamental. El almirante se unió a la junta directiva de la compañía dos meses después de su ceremonia de retiro. Boeing fue el sexto contratista más grande del Pentágono en el año fiscal 2022, con un total de adjudicaciones de contratos principales que ascendieron a US$ 14.800 millones.

Otro ejemplo destacado de un oficial de cuatro estrellas que va a trabajar para un contratista importante es el general retirado de la Infantería de Marina Joseph Dunford, quien se desempeñó como presidente del Estado Mayor Conjunto antes de jubilarse en septiembre de 2019. Cinco meses después, Dunford se unió a la junta directiva de Lockheed Martin.

El grupo más reciente de cuatro estrellas retirados no sólo está buscando empleo con los grandes contratistas, sino que también se está diversificando para trabajar para pequeñas y medianas empresas que se centran en tecnología de punta, como drones de próxima generación, Inteligencia Artificial (IA) y ciberseguridad.

Por ejemplo, el ex jefe del Comando de África, el general Stephen Townsend, se unió a una empresa llamada Fortem Technologies, que se dedica al control del espacio aéreo y la defensa contra drones.

El general Mike Murray, exjefe del Comando del Ejército Futuro, ingresó a las juntas directivas de tres empresas emergentes de tecnología de defensa: Capewell, Hypori y Vita Inclinata. Y tanto el exjefe de la Oficina de la Guardia Nacional, general Joseph L. Lengyel, como el ex vicejefe de Operaciones Navales, almirante William K. Lescher, comenzaron a trabajar para empresas de IA al dejar el servicio gubernamental.

Según Hartung y Fisher, esta nueva afluencia de exoficiales militares al sector armamentista distorsionará las prioridades de gasto del Pentágono y promoverá presupuestos militares más altos de lo que serían si no hubieran tenido influencia en nombre de sus empleadores corporativos.

Existen numerosos ejemplos de altos funcionarios militares que abogaron por armas disfuncionales mientras estaban en el gobierno y luego trabajaron para las empresas que produjeron esos sistemas. Además, los exoficiales militares desempeñaron un papel central a la hora de impedir que el Pentágono se deshiciera de armas que ya no quiere o necesita, como el buque de combate litoral, caro, de bajo rendimiento y estratégicamente innecesario.

Es difícil rastrear la prevalencia de este tipo de actividad debido a la limitada información disponible sobre lo que hacen los oficiales militares retirados una vez que se unen a la industria armamentística.

La propuesta más completa para abordar el problema de la “puerta giratoria” es la “Ley de Ética y Anticorrupción del Departamento de Defensa”, de la senadora Elizabeth Warren, que incluye varias medidas, como prohibir a los oficiales de cuatro estrellas trabajar para empresas que reciben US$ 1.000 millones o más en contratos anuales con el Pentágono.

Otra medida sería ampliar a cuatro años los “períodos de reflexión” antes de que los funcionarios jubilados puedan trabajar para la industria armamentística. Esto garantizaría que los contactos o la información claves que el funcionario pudo haber conocido mientras prestaba servicio no le proporcionarán una ventaja indebida.

También se debería aumentar la transparencia mediante informes precisos sobre el empleo post-gubernamental de oficiales militares retirados, incluido el requisito de que los contratistas de defensa informen sobre sus interacciones con funcionarios gubernamentales en ejercicio.

Finalmente, hay una medida que sugiere ampliar la definición de lobby. Las restricciones y leyes actuales sobre el lobby permiten que consultores, miembros de juntas directivas y otros funcionarios corporativos actúen como defensores de la industria armamentista sin ser definidos como lobbyistas, lo que les permite evitar restricciones relevantes que de otro modo se aplicarían.

Para los autores, hay demasiado en juego, tanto en dólares de los contribuyentes como en la seguridad futura del país como para permitir que los conflictos de intereses y las políticas de intereses especiales den forma al presupuesto del Pentágono. Por eso insisten en que es momento de que el Congreso actúe para reducir la influencia de la puerta giratoria.

 

(Responsible Statecraft)

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