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La resolución con que Presidencia quiso evitar que fiscales archiven dos "expedientes concretos"

La decisión del Consejo Honorario de Instrucciones Generales generó críticas en la oposición por entender que era una intromisión del gobierno

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13 de junio de 2019 a las 17:15

El Poder Ejecutivo impulsó una resolución general para los fiscales emitida el 13 de mayo que definió que los delitos de defraudación tributaria sean considerados de interés público para impedir el archivo de "expedientes concretos" de esa materia.

El gobierno quería hacer una salvedad a lo decretado por una instrucción anterior que establecía que todas aquellas causas que no hubieran tenido avances significativos tras un año de investigación y en las que los indagados no tuvieran antecedentes penales ni hubieran cometido un ilícito que ameritara pena de cárcel, fueran clausuradas por los fiscales, según publicó Búsqueda este jueves y confirmó El Observador.

La polémica que necesitó de varios encuentros para saldarse en el ámbito del Consejo Honorario de Instrucciones Generales –integrado también por la Fiscalía, la Universidad de la República, el Colegio de Abogados, la Asociación de Fiscales y  la sociedad civil– se suscitó a raíz de los argumentos expuestos por los representantes de Presidencia de la República que promovieron la discusión: el secretario Miguel Ángel Toma y el prosecretario Juan Andrés Roballo.

Según el informe de Presidencia al que accedió Búsqueda, el gobierno tenía identificados dos casos particulares –uno de ellos con "despliegue mediático"– que a su entender debían ser investigados y que de acuerdo a la última instrucción serían archivados.

Aunque Presidencia evitó nombrar los casos, semanas atrás el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, archivó la investigación de cuatro años contra el edil nacionalista Rodrigo Blas, propietario de la inmobiliaria Blás Propiedades que había sido acusado por la Dirección General Impositiva de ser parte de una maniobra para evadir impuestos que correspondían a la venta de terrenos de otra empresa de la que es apoderado, Javipark SA.

La noticia despertó las críticas del senador colorado Pedro Bordaberry, quien cuestionó en su cuenta de Twitter que no se debería "dejar en manos de decisión política del gobierno qué delito perseguir y qué no".

Independencia 

El fiscal de Corte, Jorge Díaz, ha defendido varias veces que los fiscales actúan con independencia técnica y este jueves, durante una conferencia en el seminario Partidos Políticos y Poder Judicial en Uruguay, dijo sentirse orgulloso por "pertenecer a un sistema de administración de Justicia que todos los días navega y lo hace con independencia".

Sin embargo, ese punto también fue cuestionado el miércoles 5 en la Comisión de Constitución y Códigos de la cámara de representantes, en donde el diputado blanco Pablo Iturralde le preguntó a Díaz por la última instrucción general.

"¿El fiscal general cree que las instrucciones generales o las resoluciones que las modifiquen pueden dictarse a partir de casos concretos, puntuales, en los que hay imputados individualizados?”, le preguntó el legislador, según consignó Búsqueda. 

Entonces Díaz respondió que "el Poder Ejecutivo podrá tener sus argumentos, así como la Asociación de Fiscales, que votó en función de un mandato gremial que tenía el delegado, y el fiscal de Corte, lo hizo conforme a su conciencia”.

Según supo El Observador, el jerarca descarta de plano que los fiscales puedan interpretar que la nueva resolución se entienda como injerencia a su labor debido a que el propio gremio apoyó la medida.

El secretario general de la Asociación de Fiscales, William Rosa, dijo a El Observador que la decisión de apoyar la propuesta de Presidencia –a la que se opusieron los representantes de la Udelar y del Colegio de Abogados– se debió a que consideraban pertinente perseguir con interés públicos la defraudación tributaria debido a la gravedad de ese delito.

"Son delitos que perjudican al Estado en sí", dijo Rosa, que fue quien representó al gremio en las reuniones.

El dirigente gremial añadió que, no obstante, no comparte el argumento puntual del Ejecutivo de impulsar una medida en función de casos concretos pero que el acuerdo que había con el tema de fondo era más fuerte. "No compartimos los fundamentos de que la instrucción respondía a la necesidad de que se incluyan dos expedientes que están en trámite. La Asociación solo apoya la inclusión del delito de defraudación tributaria dentro del elenco de delitos de interés público", agregó Rosa.

En el informe de la Udelar redactado por los abogados Gabriel Valentín y Florencio Macedo, por su parte, se rechaza la propuesta de Presidencia por pretender instruir sobre “dos casos particulares en curso”, entre otros argumentos.

“Las Instrucciones Generales deben ser instrucciones referidas al futuro para un número indeterminado de casos (...). Una fundamentación de este tipo no es de recibo en una Instrucción General. En adición baste decir, que se busca solucionar dos casos particulares del pasado, generando un número de dificultes infinitas para el futuro”, dice el documento, al que accedió El Observador.

En el seminario de este jueves, el fiscal de Corte se refirió a la "objetividad" con que deben investigar los fiscales. "Eso significa que no es perseguir por perseguir. (...) Tenemos que tener elementos objetivos que nos permitan determinar que en tal caso vamos a investigar por algo. No sería plausible que un fiscal acuse o persiga a alguien en conocimiento de que no cuenta con elementos", afirmó.

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