Inmigrantes ilegales intentan entrar a Estados Unidos por la frontera de México

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La Suprema Corte norteamericana extendió la vigencia de las restricciones a la inmigración

En un dictamen solicitado por un grupo de fiscales republicanos, el alto tribunal prorrogó la vigencia del Título 42 que permite la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales que sean detenidos ingresando al país
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20 de diciembre de 2022 a las 12:26

La Suprema Corte de Estados Unidos concedió una solicitud de último momento de un grupo de fiscales generales de 19 estados republicanos y extendió las restricciones fronterizas a la inmigración conocidas como Título 42 que se habían adoptado durante la pandemia y vencían este miércoles a medianoche.

En una orden firmada por el juez John Roberts, el tribunal solicitó una respuesta urgente de la administración de Biden antes de las 5 p.m. (hora del Este) del martes.

Es una victoria para los fiscales generales republicanos quienes argumentaron que levantar las restricciones probablemente provocaría un aumento de la inmigración ilegal en la frontera sur. Las restricciones, implementadas por primera vez por la administración Trump en marzo de 2020.

La extensión es un revés para los defensores de los inmigrantes, quienes han argumentado durante mucho tiempo que el Título 42 tenía la real intención de bloquear el acceso a las protecciones de asilo bajo el pretexto de proteger la salud pública durante los peores momentos de la pandemia.

Mientras tanto, la ciudad fronteriza de El Paso ha visto llegar a miles de migrantes en los últimos días. En una conferencia de prensa el lunes por la noche, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser, dijo que los refugios en Juárez, México, están llenos y cree que 20.000 migrantes están esperando para cruzar a El Paso. A pesar de la suspensión, la ciudad sigue avanzando con la planificación de emergencia, incluida la construcción de un centro de operaciones.

Por su parte, en un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó: “Como lo requiere la orden de suspensión administrativa de la Corte Suprema, la orden de salud pública del Título 42 permanecerá vigente en este momento y las personas que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México”.

La declaración también alienta al Congreso a "proporcionar los fondos" que el DHS ha solicitado para la seguridad fronteriza y a "avanzar en las medidas integrales de inmigración que propuso el presidente Biden en su primer día en el cargo".

El mes pasado, el juez de distrito federal Emmet Sullivan dictaminó que las restricciones del Título 42 son ilegales y ordenó a la administración de Biden que dejara de instrumentarlo. Pero el juez suspendió su propio fallo para permitir que la administración de Biden tuviera tiempo de prepararse.

Los funcionarios federales y locales se habían estado preparando para una afluencia de migrantes en las comunidades fronterizas desde Reynosa hasta Tijuana, México. Según los informes, la administración de Biden ha estado considerando nuevas restricciones importantes para el acceso al asilo, aunque los funcionarios insisten en que no se han tomado decisiones finales.

Cuando las restricciones del Título 42 comenzaron hace más de dos años, las autoridades de inmigración utilizaron sus disposiciones para expulsar rápidamente a casi todos los migrantes que encontraron, sin darles la oportunidad de solicitar protección de asilo u otras protecciones bajo la ley estadounidense.

Poco después de asumir el cargo, la administración Biden eximió a los niños migrantes no acompañados de las previsiones del Título 42 y también ha permitido que muchas familias migrantes busquen asilo en Estados Unidos. Aun así, la administración mantuvo el Título 42 vigente durante más de un año y lo defendió en los tribunales como necesario para evitar la propagación de COVID-19.

En abril de este año, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeron que las restricciones del Título 42 ya no eran necesarias para proteger la salud pública y decidieron cancelar la política, pero ese esfuerzo fue bloqueado por un juez federal en Luisiana, en un caso separado presentado por un grupo de fiscales generales republicanos.

Los fiscales argumentaban que los CDC no siguieron los procedimientos adecuados para poner fin al Título 42 y que deberían haber considerado el impacto en los sistemas estatales de atención médica y otros costos.

Desde ese momento, las autoridades de inmigración han seguido aplicando la política para adultos solteros y algunas familias, expulsando a más de dos millones de inmigrantes desde que Biden asumió el cargo.

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