En un fallo sobre la inmigración ilegal, la Suprema Corte norteamericana ha dejado sin efecto un programa de la era Trump que permitía la expulsión inmediata hacia México de los que ingresaran ilegalmente al país, sin que se considerara su derecho a peticionar por el ingreso.
El proyecto de resolución fue presentado por el presidente del organismo, John Roberts y fue apoyado por el juez conservador Brett Kavanaugh y los tres jueces liberales. Los cuatro restantes del ala conservadora votaron en contra. El fallo contrasta llamativamente con los dos anteriores sobre el aborto y la cuestión ambiental, que desataron una ola de protesta en todo el país por su contenido conservador y abiertamente contrario a las políticas generales de la administración Biden.
El presidente Biden, recién asumido ya había decidido terminar con el programa, conocido informalmente como “quédate en México” aunque su designación oficial es Protocolos de Protección a Migrantes.
Pero decisiones judiciales en Texas y Missouri habían ordenado que el programa debía continuar, pese a que el propio secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, había considerado que imponía “costos humanos injustificables” y no atacaba las causas de la inmigración irregular, coincidiendo con grupos humanitarios defensores de los derechos del inmigrante y muchas personalidades del partido demócrata.
En una declaración sobre el fallo de la Corte, el senador demócrata por Nuevo México, Ben Ray Luján, expresó que “la decisión de la Suprema Corte que permite a la administración poner fin al programa “Quédate en México”, es el primer paso para remediar años de injusticia humanitaria”.
Y agregó que “la peligrosa y xenofóbica política impuesta por Trump ha dejado en condiciones inseguras a decenas de miles de niños y familias sin que sus demandas de asilo sean siquiera escuchadas”.
En la vereda de enfrente, el procurador general de Texas, Ken Paxton, calificó como “una errónea y desafortunada decisión” el fallo de la Corte que, supuestamente “empeoraría la crisis en la frontera”.
Durante la era Trump, bajo la aplicación del programa, decenas de miles de inmigrantes fueron expulsados hacia México donde aguardaban en precarios campamentos en la frontera, sus audiencias de inmigración que les permitiera eventualmente ingresar legalmente a EEUU.
Los defensores de los derechos del inmigrante y grupos de ayuda humanitaria han expresado siempre que el programa instrumentado por el expresidente ignoraba las leyes norteamericanas sobre inmigración e iba en contra de los compromisos del país con leyes internacionales sobre asilo de inmigrantes.
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