Las nuevas fronteras de la libertad de expresión

Pero las batallas por la libertad de expresión siguen a la orden del día y se desarrollan en muy diversos terrenos y en nuevas áreas. Uno de esos terrenos es el que marca la marcha de un convoy de camioneros canadienses, donde están protestando por una norma que obliga a los conductores a estar vacunados al entrar al Canadá o hacer cuarentena de 14 días. El gobierno de Justin Trudeau se negó a hablar con los manifestantes, los acusó de fascistas y ahora invoca una ley de emergencia para disolver la marcha. Es razonable que se quiera desbloquear puentes y carreteras vitales para el transporte de bienes. Pero es mucho más cuestionable que se pretenda usar esa ley para congelar las cuentas bancarias de los camioneros afectados, de sus empresas y de aquellas personas que, simpatizando con la marcha del convoy, envían donaciones.

También es razonable que los camioneros quieran expresar libremente su opinión sobre normas sanitarias que los afectan directamente. Las normas sobre las vacunas son razonables y están en vigencia en muchos países (le acaba de pasar al número uno del tenis mundial Novak Djokovic en Australia, donde fue deportado por no tener vacuna y se perdió de participar en el Australian Open). Lo que no parece tan razonable es una cuarentena de 14 días, que hoy no se aplica ni siquiera para casos positivos de covid, que a los 7 días se dan por curados. 

Pero más allá de las discusiones sobre medidas sanitarias, lo que subyace en la protesta de los camioneros es una gran fatiga popular por las innumerables restricciones que ha ido imponiendo el gobierno canadiense a lo largo de estos dos años de pandemia. El gobierno del “liberal” Trudeau no es tan liberal, al menos en el sentido latino. Aparte de estas normas, se están votando leyes para condenar las llamadas “expresiones de odio”. El Tribunal de Derechos Humanos de Canadá ha impuesto altas multas a lo que considera  “lenguaje de odio”, concepto que se aplica con excesiva laxitud, impropia de una sanción penal. Por ejemplo, como señala The Economist en su última edición, esta ley se aplicó recientemente a un profesor universitario por escribir que “Canadá no es racista” o por sostener puntos de vista críticos a la ideología de género. A raíz de normas restrictivas de ese tipo, el profesor Jordan P. Peterson, docente en la universidad de Toronto, emprendió una campaña, que logró impensadamente un impresionante alcance mundial, en defensa de la libertad de expresión.

El otro terreno donde se está librando una inesperada batalla por la libertad de expresión es la de las plataformas de streaming. Le ocurrió a Spotify por contratar a Joe Rogan, que en su muy popular podcast se pronunció contra las vacunas. Rogan es un cómico muy popular (por algo Spotify le pagó US$ 100 millones para tener su show en su plataforma) pero poco riguroso y muy polémico. Con el éxito de Rogan comenzaron las protestas sobre todo por sus opiniones sobre el covid-19 y las vacunas, tema que por lo que se ve genera amplio debate a lo largo y ancho del mundo. Es que más allá del inocultable éxito de la campaña de vacunación sigue existiendo rechazo al uso de vacunas desarrolladas tan rápidamente. 

En el caso de Spotify, como en YouTube, hay una creciente discusión acerca de si los contenidos se pueden o no censurar. Siendo empresas privadas, con propósito de lucro, cada una de estas plataformas de streaming o las propias redes sociales, pueden tener políticas específicas. Lo importante es que más allá de la incitación a la violencia y al odio, algo que está penado en todos los códigos penales, las zonas de censura son relativamente grises. Y muchas de ellas dependen de políticas comerciales de Twitter, Facebook o Spotify. Son empresas que quieren alcanzar la mayor audiencia posible y asumen ninguna o poca responsabilidad por los contenidos que difunden. Por algo Spotify paga 100 millones por un podcast. Es una gran apuesta a mantener su audiencia pero también le puede salir el tiro por la culata con quienes no concuerdan con ese contenido. Por ello, al menos debería explicar con claridad cuales son las políticas que rigen la publicación de contenidos y cuando los mismos se pueden censurar o no.

Es una dura batalla y ello demuestra cuán necesario es que la libertad de expresión prevalezca siempre salvo que se ataque al orden público o se incurra en delitos previstos en los códigos penales.