El daño económico causado por la pandemia fue enfrentado en el pasado mes de marzo por el gobierno de Trump mediante un programa de U$S 3 trillones, seguido sobre fines del año pasado, ya en la transición política, por otro plan de U$S 900.000. Pese a ello, y puesto que el proceso de recuperación mostraba ciertos signos de debilidad, Joe Biden prometió un nuevo programa de reactivación. Por tanto, en el primer día de su gobierno presentó un plan de rescate de U$S 1.9 trillones que si es aprobado, habrá de completar en un año un estímulo fiscal superior al 27 % del PBI.
Los principales componentes del plan son U$S 465.000 millones para financiar un pago directo de U$S 1.400 a las personas con ingresos de hasta U$S 50.000 anuales y de U$S 2.800 para los matrimonios con ingresos de hasta U$S 100.000; U$S 350.000 millones para los estados y municipios; U$S 350.000 millones para un beneficio de emergencia de U$S 400 semanales hasta septiembre para los desocupados; U$S 170.000 millones para escuelas y universidades; U$S 160.000 millones para programas sanitarios; U$S 120.000 millones para beneficios a los niños; U$S 50.000 millones para las pequeñas empresas; y U$S 250.000 millones para otros fines.
En adición, se espera que en las próximas semanas Biden presente un segundo plan de reactivación, con una visión de más largo plazo, impulsando a la inversión en infra estructura, energía verde y educación.
Por ahora, no es seguro que el Congreso apruebe tal como viene la propuesta presidencial. Una minoría de los republicanos acaba de presentar un programa alternativo mucho menos ambicioso, de unos U$S 600.000 millones, argumentando que hay un exceso en el nivel de la ayuda propuesta a favor de las personas, los desocupados y los estados y municipios. En estas condiciones, parece difícil un acuerdo bipartidista, pese a que Biden inició su gobierno con un llamado a la unidad nacional.
Hasta ahora, tanto la rebaja de impuestos impulsada por Trump en el 2017 como los dos programas de reactivación del año pasado tuvieron un efecto al alza sobre el nivel de la deuda pública. En esta ocasión volverá a ocurrir lo mismo.
En la presentación de su propuesta, el Presidente Biden señaló que “con intereses en niveles históricamente bajos, no podemos permitirnos la inacción”. Por su parte, la Secretaria del Tesoro Janet Yellen afirmó que los beneficios del plan habrán de superar a los costos de la mayor carga asociada a la deuda. Es comprensible que en el marco de la grave contracción provocada por la pandemia, tanto los gobiernos como la opinión especializada, incluida la del Fondo Monetario Internacional, estén a favor de una política fiscal expansiva, con una postergación del problema asociado al aumento de la deuda pública. Es obvio que no todas las realidades son iguales.
Pero los datos son elocuentes. La deuda pública de Estados Unidos es ahora en promedio del 110 % del PBI, contra el 20 % en 1970. Por tanto, una vez superada la etapa recesiva, será de particular interés seguir de cerca a la política de la Sra. Yellen sobre la evolución de esta variable.
Una segunda movida de la nueva administración propone un aumento del salario mínimo federal a U$S 15 la hora, desde el nivel de U$$ 7.25 vigente desde el 2009. Entretanto, Biden ya aprobó un decreto que vuelve obligatorio ese aumento para los contratos federales.
Es una medida que ha despertado una fuerte controversia, no sólo por la magnitud del aumento sino porque además, en contra de la teoría convencional, habrá de ser aplicado en un período caracterizado por las dificultades de las pequeñas y medianas empresas y por el alto nivel de desempleo.
Un tercer componente importante de la nueva política económica es el “Buy America”, con el objetivo de proteger a la producción doméstica frente a la competencia del exterior.
Es una intención consistente con la tradición demócrata, más bien proclive a esta práctica comercial. Además, intenta ser una respuesta al “America First” de Trump, que logró un nivel importante de adhesión en el electorado de base industrial.
De inicio, Biden firmó una orden ejecutiva para que las agencias federales, con un gasto anual de U$S 600.000 millones, opten por suministros y proveedores estadounidenses frente a los del resto del mundo.
Además, el decreto intenta clausurar a las filtraciones que aprovechaban algunas agencias para comprar productos fabricados internamente, pero con un mínimo de valor agregado dentro del total. Asimismo, el nuevo presidente reafirmó su apoyo a las normas que requieren que los bienes embarcados dentro de Estados Unidos sean transportados en buques americanos.
Sin perjuicio de estas primeras disposiciones, la verdadera prueba del nuevo gobierno en materia de protección se verá con respecto a dos de las medidas más importantes del gobierno de Trump, como fueron la imposición de tarifas a la importación de acero y aluminio y la política comercial con respecto a China.
La primera de ellas afecta directamente a la producción de los países aliados de Estados Unidos y habrá que ver por tanto hasta dónde Biden elige entre la protección industrial o su intención de mejorar la relación con ellos.
En cuanto a China, la nueva administración ya ha declarado que el acuerdo de principios del año pasado, cuando ambas partes intentaron una tregua, después frustrada, en su disputa comercial, está “bajo revisión”.
En conclusión, habrá que ver hasta dónde avanzan estas primeras medidas de orden fiscal, salarial y de protección industrial del nuevo gobierno.
