Los detalles de la maratón para aprobar la ley de urgencia

El oficialismo y la oposición se están preparando para la discusión parlamentaria. En el Palacio Legislativo, las bancadas del partido de gobierno y sus cuatro socios coordinan cómo harán para conciliar sus intereses. Los legisladores del Frente Amplio, por su parte, se aprontan para argumentar por qué creen que el uso del mecanismo de excepción es inconstitucional en este caso. 

Al igual que el Partido Colorado la semana pasada, los legisladores de Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente entregarán un documento con observaciones a la versión final del proyecto. 

Los senadores y diputados oficialistas que integrarán las comisiones especiales se van a reunir este lunes para discutir aquellos artículos sobre los que no hay consenso e igual fueron incluidos por el presidente Luis Lacalle Pou. Se trata de casos excepcionales y muchos de ellos ya trascendieron, como la desmonopolización de los combustibles, que ninguno de los partidos coaligados está dispuesto a votar. 

Según las fuentes consultadas, con estas instancias de diálogo pretenden limitar las fricciones en el Parlamento y que “no haya sorpresas” cuando el proyecto de ley pase de una cámara a otra, lo que redundará en un tratamiento aún más expeditivo. 

Para lograr este objetivo seguirán dos caminos. Primero intentarán contemplar los intereses de todos los sectores parlamentarios, para llegar a una redacción alternativa de los artículos que no generen consenso antes de que se discuta en comisión. 

Si lo logran, esta nueva versión será propuesta cuando sesione la comisión especial de 15 senadores. Pero si no llegan a un acuerdo en las reuniones de coordinación, lo más probable es que estos apartados no se sometan a consideración, algo que será posible porque la coalición oficialista tiene mayorías parlamentarias. 

A la coordinación del lunes asistirán Rodrigo Ferrés, el prosecretario de Presidencia y redactor del proyecto de ley, y los ministros Jorge Larrañaga (Interior), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Pablo Da Silveira (Educación y Cultura) y Carlos María Uriarte (Ganadería, Agricultura y Pesca). 

Los artículos sobre seguridad, economía, educación y ganadería fueron algunos de los más cuestionados desde que Lacalle Pou divulgó el primer borrador.

Los cambios y el régimen de trabajo

El presidente no tenía previsto modificar la versión final del proyecto de ley, divulgada el 9 de abril. Sin embargo, a pedido de sus principales socios hizo tres concesiones. 

A instancias de Cabildo Abierto, se agregó un artículo que habilitará a los militares retirados sin antecedentes penales a portar armas. El senador Raúl Lozano precisó que este es un derecho que los militares retirados tenían antes de que se reglamentara la ley de tenencia responsable de armas (19.247), promulgada en 2014. 

El partido liderado por Guido Manini Ríos también pidió que se quitara de la versión final el artículo 353, que proponía eliminar la obligatoriedad de la residencia del colono en el predio rural adjudicado por el Instituto Nacional de Colonización, a lo que el mandatario accedió. 

A su vez, a solicitud del Partido Colorado, se eliminó el artículo 279, que establecía que la renovación de las operaciones financieras de entes autónomos y servicios descentralizados que implicaran un endeudamiento mayor a 85 millones de unidades indexadas requerirían autorización del Poder Ejecutivo. 

El engranaje parlamentario se pondrá en marcha este martes, cuando en la mañana sesione de forma extraordinaria la Cámara de Senadores. 

La jornada estará dedicada a considerar la propuesta de quitarle el carácter de urgente al proyecto de ley, formulada por el Frente Amplio, que entiende que el mecanismo es inconstitucional en este caso por abarcar una extensa cantidad de temas. Para ello se requieren los votos de tres quintos de la cámara, por lo que es muy poco probable que prospere.

Además, ese día se votará la creación de la comisión especial que tratará el proyecto de ley en la Cámara Alta. Estará integrada por 15 senadores: siete del Frente Amplio, cinco del Partido Nacional, dos colorados y uno de Cabildo Abierto. 

Al día siguiente se conformará la comisión y se designará a Penadés como presidente de la misma. Está previsto que los senadores trabajen de lunes a viernes, entre las 9:30 y las 19 horas, con una hora de descanso en el medio. 

La discusión de los artículos irá de lunes a jueves y asistirán delegaciones del gobierno y expertos para explicarlos. Los viernes estarán destinados a todas aquellas organizaciones o comitivas no gubernamentales que quieran expresar su punto de vista sobre el proyecto de ley. 

Si bien la convocatoria de las autoridades no tiene por qué responder al orden del articulado, está previsto que el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, sea el primero en comparecer este jueves. 

El capítulo que aborda la seguridad pública es el más extenso. Además, el secretario de Estado fue el primero en poner en agenda la necesidad de tratar el proyecto de ley de urgente consideración a la brevedad, después de que se pospusiera el envío al Parlamento por la emergencia sanitaria. A principios de abril remarcó que las disposiciones sobre el procedimiento policial y la regulación del servicio 222 son prioritarias para la cartera. 

Las medidas sanitarias

La emergencia sanitaria supone un desafío adicional. Algunos de los legisladores que inicialmente iban a integrar las comisiones especiales decidieron dar un paso al costado por ser población de riesgo. 

Las sesiones serán presenciales, pero no podrán asistir más de 30 personas. Se está evaluando la posibilidad de instrumentar las videoconferencias para recibir las delegaciones numerosas. 

A su vez, está previsto que se arme una sala en paralelo a la sesión, para que los técnicos y otros legisladores –que no tienen voz ni voto pero están habilitados a asistir– puedan seguir el trabajo en comisión en vivo.

Todas estas medidas apuntan a contener el riesgo de contagio y son complementarias a otras ya instrumentadas, como el uso obligatorio de tapabocas, la reducción de la circulación en el Palacio Legislativo y el control de la temperatura corporal al ingresar.