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A pedido de Cabildo Abierto, se agregó a la LUC el porte de armas para militares retirados

El artículo no estaba en la versión que la vicepresidenta Beatriz Argimón le entregó a los partidos con representación parlamentaria el 9 de abril

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24 de abril de 2020 a las 15:09

El Poder Ejecutivo pretende habilitar el porte de armas para militares retirados sin antecedentes penales. A pedido de Cabildo Abierto, el gobierno incluyó un artículo al proyecto de ley de urgente consideración que el presidente Luis Lacalle Pou remitió al Parlamento el jueves 23, algo que, según adelantó el canciller Ernesto Talvi, difícilmente sea apoyado por el Partido Colorado.

El artículo no estaba en la versión que la vicepresidenta Beatriz Argimón le entregó a los partidos con representación parlamentaria el 9 de abril, informó El País y confirmó El Observador.

Este apartado busca agregarle un artículo a la ley 19.247, aprobada en 2014, que regula la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros insumos. 

"Sin perjuicio de lo dispuesto, el personal militar en situación de retiro que no posea antecedentes penales, previa evaluación de su idoneidad, conforme a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo, tendrá el derecho de portar arma corta, la que deberá estar registrada con su consiguiente guía de posesión actualizada", propone el proyecto de ley que este martes empezará a ser tratado por una comisión especial de 15 senadores. 

Si la idea prospera, "el Ministerio de Defensa llevará un registro de personal militar en situación de retiro con porte de arma vigente". En la primera versión del proyecto de ley, que fue divulgada el 22 de enero, ya estaba previsto ampliar el porte de armas a policías retirados. 

Según supo El Observador, el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió este lunes con el presidente Lacalle Pou para –entre otros asuntos– hablar del proyecto de ley que acaparará la actividad del Parlamento hasta por lo menos el 7 de junio. Después de la reunión en Torre Ejecutiva, el senador se reunió con los demás legisladores del partido y les transmitió que estaba conforme con lo que el jefe de Estado le expresó. 

Un día después de que Argimón les entregara el proyecto a las bancadas del oficialismo y la oposición, en entrevista con El Observador, Manini Ríos reconoció que no había quedado conforme con la última versión del texto. "Hay aportes nuestros que creemos que son buenos para la seguridad y otros temas importantes, que no fueron incluidos en esta ley", dijo. 

El excomandante en jefe del Ejército adelantó que pediría una reunión para solicitar que algunos de los aportes de Cabildo Abierto fuesen incorporados a la versión final del proyecto de ley. Si no, apelaría a la discusión parlamentaria para hacer estas propuestas. 

La modificación de la ley de armas fue una de las propuestas del partido de Manini Ríos durante la campaña. Cabildo Abierto insistió en reformar la ley de armas cuando los partidos de la coalición negociaban el acuerdo programático y, a su vez, cuando el Poder Ejecutivo ajustaba los detalles del proyecto de ley de urgente consideración. 

El coordinador de Cabildo Abierto en la Cámara Alta, Raúl Lozano, fue convocado como experto al Parlamento cuando estaba siendo tratada la ley 19.247. Como director del Servicio de Material y Armamento del Ejército, una de las últimas actividades que hizo fue disertar en la Cámara de Senadores sobre el tráfico ilícito de armas. 

“Muchos políticos me dijeron qué importantes habían sido mis declaraciones, pero después ninguna se respetó”, contó a El Observador en diciembre de 2019, cuando se supo que la senadora electa Irene Moreira sería la próxima ministra de Vivienda, por lo que su banca sería ocupada por Lozano, el primer suplente. 

Los legisladores de la coalición ya empezaron a negociar posibles cambios al proyecto de ley que podrían darse cuando empiece la discusión parlamentaria. Para ello se instauró un ámbito de coordinación entre los senadores y diputados oficialistas que integrarán las comisiones especiales en ambas cámaras. Los legisladores se reunieron este jueves con Argimón, la presidenta de la Asamblea General. 

El Senado tendrá 45 días para hacer modificaciones al texto que ayer remitió el Ejecutivo. Si el plazo se vence sin un pronunciamiento del cuerpo, se dará por aprobado y pasará a la Cámara de Diputados, que contará a su vez con 30 días para tratar el proyecto. 

Si en ese lapso Diputados aprobase un texto distinto al remitido por el Senado, el proyecto volverá a la Cámara Alta, que contará entonces con 15 días para su consideración. En total, el proyecto insume un máximo de 90 días antes de ser aprobado.

"Difícilmente" sea apoyada

Talvi se refirió a este artículo que se incluyó en el proyecto de ley de urgente consideración. "Los equipos técnicos y políticos han trabajado enormemente para hacer los aportes a la primera versión y estamos haciéndolo ahora. Hay un debate parlamentario y ninguna iniciativa que de alguna manera no esté en sintonía con nuestros principios y valores vamos a apoyarla", afirmó este viernes luego de una reunión de ministros con el presidente Luis Lacalle Pou.

De todas formas, dijo que por sus actividades como ministro no ha tenido tiempo de analizar las modificaciones que plantea hacer el Partido Colorado. "Difícilmente veamos con buenos ojos que amplíen las libertades de portar armas", señaló.

La ley de urgente consideración también incluye la desmonopolización de combustibles, uno de los aspectos que fue criticado por el partido desde la presentación del borrador en enero de este año. "Es un tema importante para que no se trate en la ley de urgencia. Estamos dispuestos a debatirlo pero no con los plazos que exige la ley de urgencia", sostuvo el canciller.

Otras dos modificaciones: 

También a pedido de Cabildo Abierto se eliminó el artículo 353 del borrador, que proponía eliminar la obligatoriedad de que el colono resida en el predio rural adjudicado por el Instituto Nacional de Colonización. 
A su vez, a solicitud del Partido Colorado, se dejó por fuera el artículo 279, que establecía que la renovación de las operaciones financieras de entes autónomos y servicios descentralizados que implicaran un endeudamiento mayor a 85 millones de unidades indexadas requerirían autorización del Poder Ejecutivo. La normativa vigente exige la autorización para ese tipo de operaciones financieras pero no para su renovación.

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