Los países que el gobierno analiza por cómo aplican la cuarentena y su comparación con Uruguay

En los últimos días, el gobierno uruguayo estudió aquellos países en los que se ha decretado la cuarentena obligatoria –o aislamiento-, en momentos de debate sobre su posible instalación en el país. El foco del análisis de situación estuvo puesto en lo implementado por Argentina, Francia y España. En ese sentido, las palabras de Lacalle Pou el lunes hacían referencia a que en el Poder Ejecutivo advierten que, en los hechos, la situación en la que se encuentra Uruguay no dista mucho de la de aquellos países donde la cuarentena está establecida por decreto.

Clases en pausa hasta por lo menos el 12 de abril, centros comerciales cerrados, exhortación del gobierno a no salir de las casas y apelar al teletrabajo en la medida en la que se pueda, policías evitando aglomeraciones y todo evento cultural y social suspendido. Según advierte el gobierno, la principal diferencia es que no existe un marco jurídico para prohibir a las personas salir de sus casas, excepto para aquellas que están cumpliendo el aislamiento por tener coronavirus o haber estado en países considerados de riesgo.

“Quien proponga seriamente el aislamiento social debe estar dispuesto a aplicar el delito de desacato. ¿Alguien está dispuesto a llevar detenido a un uruguayo que sale a hacer el peso para la olla, no de la semana, del día?”, se preguntó Lacalle Pou el lunes. No en vano, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga definió minutos después, ese mismo lunes, a la cuarentena general como “ciencia ficción” en entrevista con Telenoche 4.

En Argentina, por ejemplo, hubo unas 15 mil personas detenidas o demoradas por incumplir la disposición del gobierno.

Lacalle Pou también afirmó el lunes que "las medidas tomadas (en Uruguay) son aún no solo anteriores, que lo fueron, sino más profundas" en comparación con las de Argentina y Francia. "Por eso decimos que el acatamiento uruguayo es enorme. Todavía falta gente por hacerlo y estamos confiados en apelar a la responsabilidad", continuó. El presidente anunció que dispuso aumentar patrullaje en espacios públicos para profundizar "aislamiento social", y mencionó en particular el control sobre ferias no alimentarias, paseos como la rambla y las plazas.

Excepciones

Uno de los principales argumentos manejados por el gobierno, que Lacalle dejó claro el lunes, es que las excepciones dispuestas por los países que decretaron el aislamiento “son enormes”.

Argentina pasó de 23 excepciones en el decreto original a 35 en los últimos días. Entre quienes estaban exonerados del aislamiento en la decisión inicial se encontraba el personal de la salud, de seguridad, Fuerzas Armadas, funcionarios de Migraciones, servicio meteorológico, Bomberos y control de tráfico aéreo. Autoridades gubernamentales también fueron exceptuadas, así como personal de la Justicia que esté de turno.

El gobierno de Alberto Fernández también exoneró de la cuarentena obligatoria a los trabajadores de los medios de comunicación, personas que deban asistir a otras con discapacidad o familiares que necesiten asistencia (personas mayores, a niños, a niñas y a adolescentes) o personas que deban atender “una situación de fuerza mayor”. Tampoco  a quienes dan servicio de supermercados y farmacia, agua, luz o gas. Es decir, todas las personas que se dediquen a proveer a la población de servicios esenciales o de primera necesidad.

En las nuevas excepciones sumadas se estableció que también podrán seguir trabajando los deliverys, los restaurantes y locales de comida que envíen a domicilio, los estacionamientos y los ministros de diferentes cultos religiosos. También exoneraron del aislamiento a “industrias que realicen procesos continuos, cuya interrupción implique daños estructurales en la línea de producción o maquinarias”, producción y distribución de biocombustible, hoteles que estén “al servicio de la emergencia sanitaria” y curtiembres, con dotación mínima, entre otros.

España es otro de los países sobre los que el gobierno uruguayo ha puesto el ojo, aunque cada nuevo caso que surge es tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo como otro ejemplo. En España primero se implementó el aislamiento obligatorio para Madrid pero desde el 15 de marzo se extendió para todo el país con el cierre de los centros educativos, la prohibición de realizar espectáculos públicos y reuniones, así como el cierre de comercios que no presten servicios esenciales. Ese país demoró en tomar la medida ya que el disparo de la curva de infección se había dado el 25 de febrero y ya hay más de 2.000 muertos.

El gobierno uruguayo también analizó el caso de Francia, en el que las excepciones tienen su listado. La circulación se restringió un mes después de que fueran detectados los primeros casos y solamente es posible salir de la casa con una declaración jurada que lo justifique. Idas al supermercado o la farmacia o trabajo que no se puede realizar a distancia son algunas de las excepciones y es la policía la que se encarga de controlar, al igual que sucede en los demás países.