Marihuana, Colonización y multas al Estado: los primeros reparos a la Rendición

La posibilidad de que la Policía acceda al registro de autocultivadores de cannabis, que ya generó un cruce entre jerarcas de gobierno, la excepción del Estado de pagar astreintes en juicios (multas por incumplimiento) que expertos advierten como inconstitucional y hasta la reasignación de recursos desde el Instituto Nacional de Colonización (INC) hacia programas para erradicar los asentamientos son temas que los legisladores de la coalición van a analizar con detenimiento, dijeron a El Observador distintos diputados oficialistas. 

Durante el jueves hubo varias reuniones internas de cada partido y entre los integrantes oficialistas de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto para intercambiar las primeras impresiones sobre el proyecto y marcar algunas líneas de trabajo para los próximos días. 

Registro de autocultivadores

El proyecto enviado por el gobierno establece que la Policía podrá acceder a los datos de ubicación y dirección de autocultivadores y clubes cannábicos por “razones de seguridad pública” y “a los fines de prevención de delitos” pero también pudiendo realizar “inspecciones y controles regulares”. Ese registro, cuestionado en su momento por el actual presidente Luis Lacalle Pou fue creado por la ley que regularizó el mercado de marihuana. 

“¿Estamos dispuestos a estafar a las personas que se inscribieron?”, se preguntó este viernes el director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca), Daniel Radío, en diálogo con Sarandí. El jerarca dijo que se trata de un cambio en las “reglas de juego” y agregó que “tiene que ser extirpado” de la Rendición de Cuentas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, cuestionó la postura de Radío, dijo que no se puede “desconfiar” de su cartera y pidió “bajar la pelota”. 

Sin embargo, dentro del oficialismo este tema también genera reparos. El Partido Independiente, que integra Radío y tiene un solo diputado, no va a votar este pasaje del proyecto y otros legisladores también plantearon sus dudas. “Es un tema a mirar con detalle”, dijo a El Observador un legislador colorado. 
Dentro del Partido Nacional también hay legisladores que inicialmente no comparten esta idea aunque todavía no lo estudiaron en profundidad. 

Los parlamentarios oficialistas ya acordaron una reunión con Radío y también con el ministro del Interior. 

Multas

El artículo 295 del proyecto de Rendición de Cuentas exceptúa a las “personas jurídicas de derecho público” de pagar multas por incumplimiento de fallos de la Justicia. Es decir, el gobierno quiere exonerar al Estado de pagar las multas que el Poder Judicial pone como forma de coaccionar para que se cumplan determinadas sentencias, conocidas en la jerga judicial como astreintes. 

Este artículo ya fue cuestionado desde la academia por su posible inconstitucionalidad, al tiempo que legisladores oficialistas recibieron planteos en este mismo sentido.

“Este es un incentivo a incumplir los fallos y en el régimen de Uruguay toda persona, sea pública, privada, física o jurídica, cuando son condenados tiene que cumplir. Nadie tiene un privilegio”, dijo a El Observador el catedrático de derecho procesal, Gabriel Valentín. Según advirtió, mediante este artículo el Estado tendría un privilegio sobre el resto de la sociedad sin una “justificación razonable”. “No se puede crear una diferenciación en la ley que no tenga una justificación razonable. Viola la igualdad ante la ley”, explicó Valentín para defender su postura de que se trata de un artículo inconstitucional. 

“De aprobarse (el artículo 295), constituiría un privilegio que no debería superar un test de constitucionalidad”, escribió Valentín en Twitter y recibió apoyo de, entre otros, el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Diego Pescadere. 

El Estado fue condenado a pagar un astreinte en el caso de las demandas por soluciones habitacionales para las familias del asentamiento Nuevo Comienzo. La Justicia lo condenó a dar una vivienda a tres familias distintas y en dos casos, al ver que no cumplía y a pedido de una de las partes, estableció una multa por cada día de retraso.

Colonización

En la reunión de bancada del jueves de los diputados del Partido Nacional, algunos representantes del interior plantearon sus dudas sobre la decisión del gobierno de reasignar recursos de Colonización. El planteo de los legisladores se generó luego de consultas que transmitieron varias asociaciones en los distintos departamentos y también por la falta de información sobre el tema. 

La normativa enviada por el gobierno establece que los recursos que Colonización destina a comprar nuevas tierras, provenientes de dos impuestos, sean redirigidos hacia programas que trabajan en la regularización de los asentamientos. 

La primera decisión de los blancos fue coordinar una reunión con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Julio Cardozo, y con representantes tanto del Ministerio de Ganadería como de Economía. 

A algunos blancos no solo les preocupa el contenido sino que también quieren nutrirse de argumentos para defender esta propuesta. Colonización, entienden los blancos, ha sido una bandera histórica de su partido y el Frente Amplio cuestionó la medida diciendo que se enfrenta a pobres del interior con pobres de Montevideo. 

Otros temas

Distintos legisladores del Frente Amplio también cuestionaron otros puntos del proyecto. Uno de ellos es la decisión de dar marcha atrás con el congelamiento del salario del presidente Lacalle Pou que había determinado la ley de Presupuesto. Esa normativa fijó que todos los sueldos públicos mayores a los de un ministro ($ 277 mil nominales), a excepción de los del Poder Judicial, no tuvieran ajuste durante todo el período de gobierno. 

Ahora el proyecto promueve exceptuar el salario del mandatario ($ 781 mil nominales) de esa norma, por lo que evolucionará al igual que el resto de los salarios públicos. 

La exclusividad de los bancos estatales para recibir los depósitos de los dineros públicos también terminará si se aprueba el proyecto tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo. “Debilitar al Estado es uno de los ejes del gobierno”, escribió el diputado frenteamplista Gustavo Olmos en Twitter. Esta disposición también genera dudas entre legisladores oficialistas.