Lacalle Pou vetó tres artículos de la Rendición de Cuentas y cae inhibición a fiscales

Además, el veto incluye un artículo referido a medios de comunicación –que quedó mal redactado– y otro vinculado a la fiscalización de las carnicerías en el interior del país que le devolvía potestades a las intendencias. 

El artículo sobre los fiscales había sido impulsado por Cabildo Abierto, a instancias de la Asociación de Abogados Penalistas, por discrepancias con el retorno a la actividad del exfiscal de Corte Jorge Díaz. Desde Torre Ejecutiva le habían informado al partido liderado por Guido Manini Ríos en la tarde de este martes respecto a este tema. 

El pasaje vinculado a las carnicerías era una propuesta del legislador blanco Sergio Botana mientras que el vinculado a medios de comunicación, en tanto, fue un problema de redacción que derivó en el veto. 

Fiscales

En Torre Ejecutiva estaban evaluando en los últimos días el alcance del artículo vinculado a los fiscales ya que entendían que podía ser inconstitucional. Incluso, la Asociación de Fiscales había anunciado que presentaría un recurso ante la Suprema Corte de Justicia por este mismo tema. 

El presidente había solicitado al prosecretario Rodrigo Ferrés que estudie el “alcance” del artículo para definir si existían razones suficientes como para vetarlo. Finalmente ese veto se concretó este martes. 

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Constitucionalistas como Daniel Ochs y Eduardo Lust (que además es diputado), consultados por El Observador, habían dicho que la prohibición a fiscales viola el artículo 36 de la carta magna, el cual establece que “toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes”.

El artículo, el 636 del proyecto, votado señalaba que el fiscal de Corte y su adjunto estarán inhibidos por tres años desde su cese de intervenir “en asuntos tramitados ante los organismos en los que cumplieron funciones, patrocinando o asistiendo a terceros”. En el caso de los “fiscales con competencia en materia penal” la inhibición será por un año. 

Ahora, como el veto es parcial, esa inhibición solo será para el fiscal de Corte, según informó El País y confirmó El Observador. 

Pese a que la inhibición de los fiscales se acordó en el Senado y tuvo el respaldo oficialista, algunos diputados de la coalición ya habían marcado su diferencia con el texto. El diputado cabildante Sebastián Cal no votó el proyecto cuando volvió a la cámara baja, actuando como tercera instancia donde no se puede desglosar por artículo, porque, entre otras cosas, no compartía ese artículo. 

Y en la misma línea se expresó el diputado blanco Juan Martín Rodríguez a pesar de que sí votó el proyecto. "Confiamos en el presidente de la República al momento de la promulgación de esta norma para que tome las medidas que tenga que tomar", dijo en sala. 

"Simplemente es un error, creo que la norma iba en el sentido de que muchos abogados planteaban estar en situación de inferioridad respecto a aquellos que habían ejercido como fiscales", dijo el senador cabildante Guillermo Domenech a El Observador. 

Carnicerías

La propuesta del senador blanco de Sergio Botana planteaba modificar un artículo aprobado en la Ley de Urgente Consideración que establecía que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) era el encargado de fiscalizar la habilitación, el registro y control de carnicerías y locales de venta al consumidor en todo el territorio nacional. 

La propuesta del senador de Cerro Largo restringía esa potestad solo a los locales de Montevideo, dejaba el resto en las intendencias departamentales, y agregaba que los locales de venta al público de carne aviar y derivados de todo el país serían habilitados por las intendencias en comunicación con el Instituto Nacional de Carnes. 

Sin embargo, esta propuesta ahora quedará por el camino con el veto del presidente. 

"Es un tema práctico. El técnico que va a controlar por parte del INAC tiene que cubrir sus funciones y los niveles de exigencia pasan a ser altísimos. Con lo cual inviabiliza el costo de las carnicerías y si eso pasa, cierran y empieza la venta clandestina. Hace poco las exigencias para la venta en avícolas subió muchísimo porque INAC lo llevó a exigencias similares a la carnicería. Con lo cual la habilitación de estas pollerías, con esta modificación en la Rendición de Cuentas, queda en las intendencias. Es algo que (las intendencias) hicieron toda su vida y a su vez lo hacen por las Bromatologías", había defendido en su momento Botana en diálogo con El Observador.