¿Migrantes para siempre? Residencias y ciudadanía limitada en Uruguay

·         La unificación del trámite de reválidas de títulos universitarios frente al Ministerio de Educación y Cultura.

·         La incorporación de nuevas preguntas y variables en el Censo 2023 para estudiar mejor la realidad de los migrantes que viven en el país.

·         La realización de mesas de discusión de políticas públicas para migrantes y refugiados a nivel departamental para diseñar un enfoque de política pública territorial.

Sin embargo, en contradicción con esta adecuación, en febrero de 2023 entró en vigencia el cobro de un arancel de 3.400 pesos uruguayos (85 dólares) para el trámite de residencia de los ciudadanos de países del Mercosur. Estos ciudadanos son la gran mayoría de los migrantes que recibe el país. Se debe destacar que el trámite en cuestión se realizaba, hasta la implementación de la medida, de forma gratuita en consonancia con lo establecido en la Ley 19.254 (septiembre, 2014) y su reglamentación instruida por el Decreto Nro. 312/015.

El costo de este arancel puede tener una incidencia negativa, principalmente en ciudadanos de origen venezolano de bajos recursos económicos y situación de vulnerabilidad económica. Por ejemplo, una familia de cuatro integrantes deberá pagar 13.600 pesos (340 dólares) para hacer su trámite de residencia. Una consecuencia indeseada podría ser el incremento de las solicitudes de refugio para evitar el pago del trámite. Esto provocaría inevitablemente la saturación de la gestión de refugio y ralentizar un proceso por el que Uruguay se diferenciaba de otros países de América Latina por su agilidad para regularizar a los migrantes.

El caso también pone sobre la mesa el costo del trámite que deben pagar todos los ciudadanos que no son de países asociados al Mercosur y que han debido abonar siempre este arancel. ¿Ayudaría a potenciar la capacidad receptora de migración revisar esta política? Es una discusión pendiente para las autoridades estatales.

Por otro lado, un tema relevante para la integración de miles de migrantes que se han residenciado en Uruguay los últimos años y que carece de discusión en las esferas correspondientes, es la nacionalidad que aparece en los pasaportes de los ciudadanos legales. A partir de un ajuste administrativo en 2015 en los pasaportes electrónicos para los ciudadanos legales de Uruguay, es decir aquellos que realizaron el proceso de ciudadanía luego de cinco años como residentes permanentes, aparece la nacionalidad de origen. Esto sucede aunque muchos tengan decenas de años viviendo regularmente en Uruguay.

Desde entonces, y a consecuencia de esto, los ciudadanos legales deben solicitar las visas correspondientes a su país de nacimiento para salir al extranjero. Esto tiene especial incidencia en ciudadanos de nacionalidad cubana y venezolana, cuyos pasaportes se han visto profundamente debilitados gracias a las malas relaciones diplomáticas que tienen sus países con el mundo y el crecimiento exponencial de sus diásporas.

En el caso venezolano, luego de tener uno de los pasaportes más codiciados de la región hace apenas un par de décadas, ahora para viajar dentro del continente americano sólo están exceptuados de visa en los países del Mercosur y Colombia. Del resto, deben tramitar la visa correspondiente, que en muchos lugares llega a ser un proceso altamente tedioso y costoso.

¿Por qué Uruguay no reajusta los pasaportes para brindar la debida protección a sus ciudadanos legales? La respuesta a esta pregunta reside en el Parlamento, donde al momento reposa un proyecto de ley que puede solucionar esta situación que afecta a más de 35 mil ciudadanos legales. Se titula “Libertad de Circulación de los Ciudadanos Legales Uruguayos”, fue presentado el 7 de septiembre de 2021 por diputados de la Coalición Multicolor. Actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución y Código. No obstante, el asunto no ha tenido discusión y pareciera no tener la posibilidad de ganar la atención del sistema político por más que se han generado encuentros para escuchar a la población migrante y que representantes y autoridades de todo el arco político están al tanto del problema.

Por ejemplo, para que un ciudadano legal uruguayo de origen venezolano viaje a Perú o Ecuador, países cercanos en los que un ciudadano uruguayo natural puede ingresar solo con presentar su cédula de identidad, el ciudadano legal debe tramitar visa. No tiene incidencia si es residente desde hace años en Uruguay (la ola de migración venezolana inició en 2015), se encuentre al día con sus compromisos legales o si cuenta con la documentación correspondiente. Está obligado a tener la visa estampada en el pasaporte de su país de nacimiento. Esto, como es evidente, ha entorpecido la movilidad de los ciudadanos legales y ha generado problemas diversos para la comunidad de extranjeros que residen en Uruguay. No es un problema vinculado a viajes turísticos, sino al libre tránsito de las personas que son ciudadanas de un territorio.

Para que el país avance en su posicionamiento como destino de migración que aporte al desarrollo nacional, es deseable resolver estos problemas. El asunto requiere compromiso político, pero ante todo interés por las dificultades que deben enfrentar quienes han elegido al Uruguay como su nuevo hogar y luchan todos los días por una integración sana, positiva y de provecho para todos.

*Ángel Arellano es doctor en ciencia política, periodista y autor del libro “Venezolanos en el Uruguay”. Twitter: @angelarellano