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Mónica Sosa: la presunta líder Chinga que volvió al barrio tras salir de prisión

La mujer cumplió la pena por usurpación de vivienda tras ocupar una casa que no era suya y por no pagar la luz y el agua 

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12 de marzo de 2019 a las 05:04

Mónica Sosa, la mujer que según el Ministerio del Interior lideró la banda de Los Chingas -un grupo que se dedicó al narcotráfico y al desalojo de vecinos en Casavalle-, está viviendo nuevamente en el barrio. En enero cumplió el último de los cinco meses de prisión que la Justicia había determinado como condena por delitos de hurto y usurpación en 2018, ya que se había probado que vivía en una casa cuyo legítimo dueño había sido expulsado, y no pagaba por los servicios de luz y agua.

Y ahora, según contaron a El Observador dos vecinos y y confirmaron fuentes policiales, vive con su madre en la calle Gustavo Volpe, que atraviesa el complejo de viviendas de Los Palomares, y se la ha visto tomando mate en la plaza de Casavalle.

A mediados de marzo de 2018, luego de meses de investigación, la Fiscalía de Delitos Económicos probó la implicación de Sosa en un plan de extorsión y desalojo de al menos 110 familias del barrio, para usar sus viviendas como base de operaciones. Las autoridades vieron cómo el grupo de narcotraficantes que presuntamente comandaba Sosa junto a uno de sus hijos -Jairo Sosa, hoy en prisión- se extendía de una forma peligrosa, y el 20 de diciembre de ese año un megaoperativo del Ministerio del Interior -el primero de una larga serie- procuró desarticular la banda.

Sin embargo, tras ese golpe, algunos integrantes de la banda fueron a prisión, pero otros, como la propia Sosa, llegaron a un acuerdo con el fiscal Enrique Rodríguez y cumplieron la pena con libertad vigilada. A ella se le imputó el delito de complicidad en las extorsiones y se le dio libertad vigilada. 

Sin embargo, Sosa continuó delinquiendo desde su casa, la que además contaba con  duchas de control digital, televisores plasmas, consolas de videojuegos, según se vio en imágnes difundidas a fines de 2017.

Luego de una investigación a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, en la que se probó que esa casa no pagaba ni UTE ni OSE y que, además, no era suya sino que la ocupaba tras desalojar por la fuerza a sus habitantes, fue a prisión acusada de los delitos de hurto y usurpación. Otros integrantes fueron imputados por los mismos delitos, pero como Sosa ya estaba cumpliendo una pena por la complicidad en las extorsiones, fue enviada a prisión.

A mediados de agosto, un día antes de que Sosa fuera enviada a prisión, su casa fue allanada, y las autoridades encontraron que en su interior había dos lavarropas y dos secadoras: la mujer declaró que tenía un lavadero y que ese era su sustento.

Mayor seguridad

En paralelo, durante ese tiempo la cartera de seguridad ejecutó en la zona un Plan de Convivencia de modo de brindarles soluciones habitacionales a las víctimas de las extorsiones, y al mismo tiempo instalar una red lumínica y derribar viviendas irregulares. Las ampliaciones que hicieron sin habilitaciones de ningún tipo muchas de las personas que ocuparon las casas, provocaron que se angostaran los pasajes internos del complejo -que en su origen eran calles- y eso dificultaba la circulación. Por ese motivo calles que estaban cortadas fueron liberadas, de forma de también facilitar el ingreso de la policía.

Uno de los vecinos que vio a Sosa dijo a El Observador que el barrio "está más tranquilo" luego de que la policía debilitara a los dos grupos criminales que hasta meses atrás se disputaban la zona: Los Chingas y Los Camala.

Ambos grupos, salvo por la presunta líder de Los Chingas, tienen a todos los demás jefes tras las rejas.

"Hay muchos efectivos en la vuelta y mucho patrullaje de motos y camionetas: se nota la presencia de la policía", dijo el vecino.

Este lunes, el Ministerio del Interior desplegó un nuevo operativo en el lugar. La fiscal Mónica Ferrero solicitó la intervención ante una denuncia de la Agencia Nacional de Vivienda por la que que se daba cuenta de que los imputados por usurpar las casas que habían ocupado Los Chingas tras los desalojos volvieron a hacer lo mismo: ocuparon otras viviendas ubicadas en la intersección de Aparicio Saravia y San Martín.

Tras el operativo, por el cual se realizaron 17 allanamientos en simultáneo, fueron detenidas 11 personas

 

 

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