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Usurpadores de Casavalle que Fiscalía no había enviado a prisión volvieron a delinquir
A mediados del año pasado, la Justicia había imputado por usurpación a varios moradores que vivían en casas del complejo de viviendas de Los Palomares (en Casavalle) cuyos legítimos dueños habían sido expulsados por narcotraficantes. Pero como algunos de ellos no tenían antecedentes penales, la fiscal Mónica Ferrero acordó con sus defensores no enviarlos a la cárcel a cambio de que cumplieran con determinadas medidas. Y en este caso parte de las condiciones era que entregaran las viviendas y se fueran del barrio.
Pero hace 45 días el Ministerio del Interior recibió una denuncia por parte de la Agencia Nacional de Vivienda en la que se notificaba que algunos de ellos habían incumplido el acuerdo y ocupado otras casas ubicadas a pocos metros del lugar, en el complejo habitacional de Aparicio Saravia y San Martín, según informaron a El Observador fuentes de la investigación.
Por ese motivo, esta mañana la cartera de seguridad desplegó un operativo en esa zona, en el que se ejecutaron 17 allanamientos en simultáneo y fueron detenidos 11 sospechosos, que quedaron a disposición de la fiscal Ferrero, especializada en delitos de droga y extorsión.
Participaron de la operación policial la Dirección de Información Táctica de la Jefatura de Montevideo, Policía Científica, la Unidad Aérea de la Policía y la Dirección de Convivencia y Seguridad del Ministerio, dirigida por el sociólogo Gustavo Leal.
La zona fue hasta el año pasado un área de crudo enfrentamiento entre dos bandas de narcotraficantes, Los Chingas y Los Camala, que fueron debilitadas luego de sucesivas intervenciones policiales que, en algunos casos, terminaron con los delincuentes en prisión. Los Chingas tienen a todos sus líderes tras las rejas y Los Camala también tienen presos a tres de sus principales jefes.
"Se ha coordinado con los organismos públicos y privados de la zona para mantenerlos informados y asegurar el normal funcionamiento de los servicios públicos durante la mañana", dice un comunicado de la cartera.
Durante 2017, según corroboró la policía, Los Chingas desalojaron del complejo de Los Palomares a al menos 110 familias para ocupar sus viviendas como base de depósito y operaciones.
