Narcos enquistados en el poder ¿qué tan lejos estamos en Uruguay?

Las tres relaciones de Uruguay con la droga

Sabemos que en Uruguay ocurren tres fenómenos en torno a la droga: el país es facilitador de la logística para que la droga pase por nuestro territorio y salga por nuestro puerto hacia Europa, principal mercado de consumo. Luego tenemos el microtráfico, las bocas de venta, que es el que genera violencia y homicidios en los barrios. Ya que hablamos de Ecuador, en ese país la tasa de homicidios en 2022 fue de 25 cada 100.000 habitantes (en una población de 17,8 millones) mientras que en Uruguay fue de 10,8 habitantes.

Y en tercer lugar, también sabemos que en Uruguay, si bien la plaza es chica y se produce poco, se consume mucho. Uruguay es el mayor consumidor de cocaína per cápita de América Latina, seguido de Argentina y Chile, y uno de los mayores del mundo, de acuerdo a un informe presentado por el PNUD con datos correspondientes a 2020 de la OCDE y el Banco Mundial.

Para escribir de este tema le pregunté al investigador académico Emiliano Rojido en qué situación estamos hoy y qué tan lejos de que el narcotráfico escale. Rojido es doctor en Ciencias Sociales y uno de los autores, junto a Ignacio Cano y Doriam Borges, del trabajo “Diagnóstico de los homicidios en Uruguay (2012-2022)” presentado hace unas semanas por el Ministerio del Interior y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII).

Me respondió que en Uruguay “no sabemos en qué punto estamos porque no hay investigación”. Me admitió que es “una triste realidad” reconocer que estamos en una situación preocupante y no poder entender bien el fenómeno.

Tiene razón. No se destinan recursos y lo vemos cada vez que se vota el Presupuesto y la Rendición de Cuentas. Ni la Fiscalía, ni la Justicia, ni la Junta Anticorrupción o la Secretaría Antilavado reciben recursos. Así lo advirtió un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo (Senaclaft) que señala falencias que impiden un mayor seguimiento y control. 

A modo de ejemplo, el informe señala que la Senaclaft no cuenta aún con la estructura organizacional, ni con los recursos humanos y materiales para cumplir con sus funciones de coordinación del sistema; que la Fiscalía General de la Nación no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir su rol en el sistema acusatorio en materia de lavado de activos; que en la Policía se constata la insuficiencia de la capacitación específica sobre las técnicas de investigación referidas al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo; que en la Dirección General de Registros no hay herramientas tecnológicas para acceder oportuna y eficazmente a la información necesaria para las investigaciones; y que en la Auditoría Interna de la Nación no hay recursos humanos y tecnológicos para la adecuada fiscalización de un universo de más de 60 mil sociedades en lo que respecta al registro de titulares y beneficiarios finales. Tristísimo.

Un informe sobre el narcotráfico realizado por el PNUD con investigadores de la Universidad Católica y presentado el año pasado remarcaba la necesidad de que Uruguay actúe cuanto antes contra el mercado ilegal de la droga, debido a que todo empeorará si no se toman medidas a tiempo. En la presentación, Juan Bogliaccini, uno de los investigadores del informe, dijo: “Si uno mira a nuestros vecinos (...) no hay ningún elemento para entender que Uruguay va a ser distinto. Tenemos que utilizar eso como ventaja comparativa para madurar algunas políticas y algunos acuerdos rápidamente que nos permitan llevar esa ventaja al campo”.

Candidata, candidato: diga quiénes le financian la campaña

La falta de controles es la mejor manera de permitir que el narcotráfico se enquiste en un país. Y esto me lleva a plantear un tema que da para otra columna pero no quiero dejar de mencionarlo en este contexto: lo fundamental que es que exista transparencia sobre quiénes financian las campañas políticas de los candidatos.

En Uruguay desde hace años hay una ley en el Parlamento que busca regular el financiamiento de los partidos políticos y por algún extraño motivo sistemáticamente, legislatura tras legislatura, termina quedando trancada por alguna falta de acuerdo y siendo pateada para adelante.

Rojido me señalaba que “el financiamiento de los partidos políticos es un eslabón muy importante a la hora de pensar en controlar grupos criminales organizados”. Y si bien para un político puede ser muy tentador recibir fuertes sumas de dinero para poder hacer una mejor campaña, no averiguar de dónde viene ese dinero puede tener consecuencias a futuro.
Los favores se cobran y el costo puede ser alto. 

Para mantenernos lejos de la realidad de países como Ecuador, se requiere tomar decisiones, dejar de creernos que estamos a salvo y empezar por aumentar los controles, incomode a quien incomode.