Opinión > EDITORIAL
Ni 200 días ni esencialidad
Una de las primeras proclamas de José Mujica cuando asumió la Presidencia en 2010 fue “educación, educación, educación”. Al término de su período el libreto quedó en blanco: nada de educación mejorada en el sector público. Su sucesor, Tabaré Vázquez, se comprometió, durante la campaña electoral, a revertir el fracaso de Mujica. Aseguró que habría un mínimo de 200 días de clase y que recurriría a la declaración de servicio esencial si los docentes persistían en distorsionar esa meta con sus recurrentes paros y huelgas. Pero mientras derivan en la indecisión oficial las reformas que el sistema público necesita en forma apremiante, hasta está amenazado ahora el mínimo período de clases, aunque sea bajo la paupérrima estructura actual.
El paro del viernes en la enseñanza es el tercero en un mes contra el gobierno y se agrega al de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) el mismo día. Se plegaron los sindicatos de maestros, de profesores de secundaria y de funcionarios de la universidad estatal. Como las movilizaciones tratan de presionar por mejoras salariales y otros recursos adicionales en momentos en que se confecciona el Presupuesto, es probable que la efervescencia huelguística decaiga una vez que el gobierno finalice la programación del gasto público. Pero ya será tarde para llegar a los 200 días de Vázquez, especialmente teniendo en cuenta que ADES, el sindicato de profesores de Montevideo, anunció que ya está organizando una huelga por tiempo indeterminado.
Vázquez y su vicepresidente, Raúl Sendic, dijeron reiteradamente que se recurriría a un decreto de esencialidad si los sindicatos de la enseñanza pública impedían llegar al número exigido de clases. Pero aunque ese triste final ya está presente, la ministra de Educación, María Julia Muñoz, informó a El Observador que no se analiza utilizar ese recurso legal pese a la ola de paros. Como Muñoz llevó al cargo su reputación de mano firme ante conflictos sindicales, su anuncio apunta a una modificada posición de tolerancia del Poder Ejecutivo hacia los excesos de la estructura sindical de la educación.
Algunos de los reclamos sindicales son comprensibles, especialmente en el caso de salarios bajos y por las malas condiciones edilicias y de funcionamiento de muchos centros de estudios en todo el país. Pero los gremios pierden el rumbo cuando, ante la compleja situación actual de la economía, exigen no solo la imposibilidad financiera de que el arbitrario 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación se asigne desde ya. Quieren también que, cuando se concrete eventualmente ese porcentaje, sacado de una mágica galera sin estudios técnicos previos de factibilidad y de las necesidades del sector, vaya íntegramente a ANEP y a la Universidad de la República. Esto significaría asignar recursos adicionales, por encima del 6% del PIB, para el Plan Ceibal, incluyendo las tabletas de Vázquez para jubilados, y la educación pública en los institutos militares y policiales.
La arremetida sindical ha puesto al gobierno ante la disyuntiva de mostrar energía para cumplir lo que prometió antes de asumir o tolerar mansamente los conflictos desatados. Si el gobierno mantiene esta última opción, aumentará la condena de la educación pública al atraso, reflejada en la caída de Uruguay en las pruebas internacionales PISA y en los índices de repetición y abandono locales, y repetirá el fiasco de la administración Mujica.
