"No puedo vivir más en el barrio": el dilema de los policías que viven en la misma zona que los delincuentes a los que buscan

—Quedate quieta, milica, o te exploto.

La policía apenas tuvo tiempo de girarse. Sintió un ardor en la frente. Una bala entró y salió. Otras dos quedaron incrustadas en su cráneo. El delincuente se llevó su arma y huyó.

Tras los disparos, se acercaron vecinos y familiares.

—¿Qué te pasó? ¿Cómo estás?— le preguntaban y se ponía más nerviosa.

—No le digan nada a mis hijos. No quiero que se asusten.

Llegó la policía, un móvil médico y la trasladaron a un hospital.

Estuvo varios días en el CTI, luego pasó a sala. Mientras tanto, la Policía realizó allanamientos y lo encontraron. "Le dieron tres años", cuenta Young a El Observador.

Ella ahora tiene 54 años. Los tres disparos a la cabeza la dejaron con problemas de memoria a corto plazo. A veces, alguien le hace una pregunta simple y la respuesta la visita rato más tarde. 

"Me dijeron que volví a nacer. Las balas se quedaron incrustadas en la frente. No llegaron a impactar dentro del cerebro”, explica. 

El 7 de abril salió del Hospital Policial y volvió a Maracaná. Para ese momento, el caso de Young ya se había vuelto conocido. El 3 de mayo, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom) le realizó un homenaje del que participaron el por entonces presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, que compartió imágenes en su cuenta de Twitter. 

Presente en el homenaje que realizó el Sindicato de Funcionarios Policiales SIFPOM a Sandra Young, hoy recuperada, luego de recibir 3 disparos el pasado 16 de marzo mientras cumplía sus funciones de policía. En ella, el agradecimiento a todos los que nos cuidan. @PatriciaRSifpom pic.twitter.com/dks1210cTY

— Beatriz Argimón (@beatrizargimon) May 3, 2021

Menos de dos años más tarde, en enero de este año, sus vecinos le advirtieron que el joven que le disparó tres veces en la cabeza "estaba en el barrio". "El chico ya está saliendo con transitoria, porque es menor", dice Young. 

Con su marido –que murió dos meses antes de que le dispararan– construyeron su casa en Maracaná en 1997. En enero de 2023, Young se tuvo que mudar a otro barrio, esta vez en la Zona Operacional IV. 

No volvió a sufrir un atentado, pero apenas sale a la calle –solo para ir a buscar a su nieto– y no ha vuelto a trabajar. Comenzó el proceso para jubilarse, pese a que al principios las juntas médicas del Ministerio del Interior le sugerían que volviera y realizara tareas administrativas o de apoyo. "Dejaban abierta la puerta, pero eso no lo puedo hacer porque no tengo memoria".

"Me iban a ayudar con la vivienda, pero quedó todo quieto. Lo que están haciendo ahora es subsidiarme el alquiler, por un año con probabilidad a dos años", explica. Le pagan $15 mil del alquiler, ella tiene que pagar $1 mil más, además de la luz y el agua. 

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Desde 2019 hasta 2022, en Montevideo hubo 772 denuncias por rapiñas a funcionarios policiales: 201 en 2019, 225 en 2020, 170 en 2021 y 176 en 2022. La Zona Operacional III, que incluye barrios como Peñarol, Piedras Blancas, Punta de Rieles, Maroñas, Nueva Ellauri y Casavalle, es la que concentra más denuncias. 

Muchos policías viven en esa zona. Otros también residen en Zona IV, "en barrios como Casabó, Cerro, Cerro Norte, Colón", dice a El Observador, Nicolás Montes, representante de Sifpom en la capital. Algunos viven en Zona I, en conventillos de Ciudad Vieja o Aduanas.

Según un censo que se realizó a inicios del nuevo gobierno, 1.500 policías (4,5% de los 33 mil efectivos) declararon vivir en "situación de vulnerabilidad habitacional". Alrededor de 1.200 en el área metropolitana. 

Sin embargo, la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial está haciendo "un relevamiento de terreno" para confirmar la situación de los funcionarios y la cifra inicial se redujo en unos cientos.

Un mes de trabajo

Samanta salió de una custodia por violencia doméstica y se tomó el ómnibus. Eran las 22:00 y había concluido su turno. Ese día, con 26 años, cumplía un mes desde que había empezado como policía. 

La agente iba uniformada en el ómnibus. El viaje la llevaba de Zona IV, donde está la seccional donde trabaja, hasta Zona III, donde vive. Afuera había una tormenta de verano. Era enero de 2021. Su pareja salió de la casa y fue hasta la parada. Un hombre lo vio y fue a avisar.

Samanta se bajó del ómnibus y con su pareja caminaron hasta su hogar. En el pasillo donde estaba la casa aparecieron cuatro hombres. Tres tenían armas de fuego. Dos la tiraron al piso. Uno se quedó amenazando a su pareja.

Estaban cubiertos con tapabocas, gorros de visera y camperas largas por la lluvia. Estaba todo oscuro, solo se veían los ojos. Le pegaron en el piso. Querían robarle el revólver, pero ella se resistía. Le pegaron más fuerte: culetazos en la cabeza y patadas en las costillas. Rompieron la canana del arma. Uno de ellos sacó el revólver y se dio vuelta para disparar.

“Al tener la funda el arma, tiene una seguridad, que no la deja salir si no apretás el botón. Se ve que no lo encontró el botón y no pudo sacar el arma de la funda", recuerda Samanta, nombre ficticio por seguridad, en diálogo con El Observador.

—Vamos—dijo uno de los rapiñeros al que tenía el arma.

Tenía moretones en el torso por las patadas. La cabeza se lastimó con un corte superficial que no se tuvo que saturar. Le dijeron que se tomara unos días. Le dieron cinco y después volvió a trabajar "normal". Solo con algunos cambios: la cambiaron al turno de la mañana y, ahora, no deja que la vean de uniforme. Se lo pone cuando llega la seccional y se lo saca cuando termina el turno. Tiene que pagar los boletos.

Cuando sucedió la rapiña, desde Investigaciones se contactaron con su base, pero le dijeron que "no tenía nada que ver con ellos". "Nunca me manifestaron de una vivienda nueva, nunca me lo preguntaron ni siquiera", asegura. De todas formas, no le volvió a suceder. Samanta apenas sale de su casa cuando llega. "Yo no hablo con nadie ahí en la vuelta. Voy al almacén y adentro". 

Samanta preguntó, pero nunca detuvieron a los cuatro hombres. "Muchas veces me cuestioné seguir siendo o no seguir siendo policía, pero la necesidad… Tuve que seguir nomás, no pude dejar", cuenta a El Observador.

Aunque su padre integra la Guardia Republicana, jamás se había planteado ingresar a la policía. Pero no había trabajo y apareció el llamado. "Lo vi como una entrada más y fue cuando me tiré al vacío".

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El caso Da Silva

Los que rapiñan a policías "por lo general son menores", explica Christian, un policía con once años de servicio y seis en Investigaciones. "Los narcos por lo general prefieren las pistolas estas automáticas. Son bien deseadas en el mercado. Se ofrecen $50 mil, $60 mil, $80 mil por esta arma", argumenta. 

"Y así como nosotros investigamos, ellos también nos investigan a nosotros: a qué hora llegamos, dónde vivimos, con quién", explica, bajo nombre ficticio, a El Observador. 

Así fue el caso de marzo de 2020 –apenas había asumido el nuevo gobierno– de la policía Daniela Da Silva que volvió como cada tarde a su casa después de trabajar como guardia en la Embajada de Suiza. Dos adolescentes se habían puesto a disposición de un nuevo narcotraficante, que les exigió que consiguieran "poder de fuego propio". Estudiaron su rutina y la asaltaron el viernes 6 de marzo de 2020 en el barrio Nueva Ellauri: también de Zona III.

Da Silva, que iba de uniforme, les entregó su arma de reglamento enseguida. Luego le pidieron también el chaleco antibalas.  

—Esperame un minuto que me lo saco —le dijo al menor que le apuntaba la cabeza.

Se estaba sacando la ropa cuando salió su esposo, también policía. El hombre disparó a los delincuentes 13 veces desde aproximadamente 30 metros. Falló todos los tiros. El adolescente que apuntaba a su esposa apretó el gatillo y la bala entró por el cuello. Con 31 años, Daniela Da Silva murió el día siguiente en el Hospital Policial. A su velatorio fueron, entre otras autoridades, el presidente Luis Lacalle Pou y el entonces ministro del Interior, Jorge Larrañaga.

Era una demostración, a pocos días de asumido el gobierno, de apoyo a la fuerza policial.

Diego Battiste

Las viviendas prometidas

A los policías todo los meses les descuentan un 1% de su salario, desde la década de los '60, destinado a tutela, es decir, "gasto de sepelio, seguro, aparato ortopédico, salud", explica el Comisario General Luis Rodríguez, director de Asistencia y Seguridad Social Policial. En 2017, bajo administración frenteamplista, se decidió que el 75% de lo recaudado por ese aporte fuera para un fondo de Vivienda. Se anunció que se construirían viviendas, pero nunca pasó.

Con el nuevo gobierno se activó una comisión, integrada también por el sindicato, y comenzaron a trabajar en solucionar los casos de policías en situación de vulnerabilidad. Se realizó el censo, se lanzaron licitaciones, pero para marzo de 2023 ni se entregaron casas usadas, ni se crearon nuevas. 

Rodríguez recuerda que "los policías que aportan al fondo, no son solamente los que están en situación vulnerable". "Tenemos que ser justos", alega en diálogo con El Observador. Por lo tanto, se dan préstamos para comprar viviendas usadas o terrenos.

Según la presidenta del sindicato, los llamados piden requisitos que solo puede cumplir "personal que está bien", como no estar en el clearing. "No es para aquellos que necesitamos sacar de esa conflictividad", explica.

"Muchos policías la pasan mal, les pegan a sus hijos, se meten con sus señoras. Imaginate ir a trabajar ocho horas o 12 pensando que en cualquier momento te pueden incendiar tu casa", dice Patricia Rodríguez. "Muchos tapean las ventanas para que no puedan tirarles cosas, como molotovs. Realmente pasan una tortura", asegura. 

Por el momento, solo se les da una solución inmediata a estos policías –así como a las víctimas de violencia doméstica o a las de desastres naturales–, a los que el ministerio les subsidia el alquiler. Como en el caso de Sandra Young, la cartera paga hasta $15 mil el alquiler de un nuevo hogar durante un año, con posibilidad de extenderlo a dos.

"Como no tenemos todavía aceitada la política de vivienda, lo que generalmente está pasando es que se acaba ese subsidio y algunos compañeros no tienen posibilidad de alquilar por su cuenta. Tienen que volver a los lugares de donde los tuvimos que sacar", denuncia la presidenta de Sifpom

La intención del ministerio es que para el fin de ese plazo, con un acompañamiento, el policía tenga una solución sostenible. Es decir, que en ese tiempo haya podido ahorrar para pagar el alquiler por su propia cuenta o que eventualmente se le entregue una vivienda.

La esperanza de este año

El pasado 13 de marzo se iba firmar un nuevo convenio entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Vivienda. Pero la ministra Irene Moreira se enfermó y se debió posponer, sin una nueva fecha establecida.

Se trataba de un acuerdo dentro del programa que tiene la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinisu). Con fondos de Presidencia, se espera que el programa entregue este año casas a policías en el área metropolitana. "Ellos tienen las dos opciones: comprar o hacer", explica Luis Rodríguez, que subraya que la iniciativa no es financiada por el fondo al que aportan policías, ni es ejecutada por la Dirección de Asistencia y Seguridad Social Policial.

Sin embargo, la dirección que encabeza Rodríguez espera empezar este año a solucionar la situación de policías en el interior, a través de licitaciones, al "comprar o hacer viviendas" para entregar inicialmente en Artigas y Rivera.

"Ya lo tenemos bastante avanzado para que eso se haga realidad", afirma Rodríguez.

Ministerio del Interior

No puedo vivir más en el barrio

En unidades como Investigaciones u Homicidios, los funcionarios van de particulares. Siempre con el chaleco antibalas, pueden usar barba, caravana, gorro de vicera. Eso los ayuda a pasar desaparcibidos. Sin embargo, el barrio se "pasan la bola": "mirá que hay un policía en Investigaciones". 

"Vos no los conocés a ellos, pero ellos te reconocen a vos", reitera Christian.

Christian trabajó durante seis años en Investigaciones de Zona III, donde él mismo vivía. "Me generaba problemas con la mamá de mi hija porque entendía mi trabajo, pero me decía que yo exponía a la familia". Tras varios episodios, se mudó recién a fines de 2022, sin ninguna ayuda del ministerio. 

En una ocasión fue a visitar a su hija, que vivía en la misma zona operacional. Iban caminando por la calle y un hombre los empezó a seguir. "No hace mucho habíamos hecho un allanamiento ahí", recuerda Christian.

—¿Qué hacés en Zona III? ¿Estás perdido por estos lados? —le dijo el hombre finalmente.

Tenía un arma de fuego en la cintura.

—No estoy trabajando. Estoy en mi día libre de descanso. No te persigas –contestó Christian.

"Ahí me siguió como tres cuadras. Me iba a tirar un corchazo. Lo que pasa es que había gente y no se animó", asegura.

Inés Guimaraens

Christian dice que si el policía investiga hechos que suceden cerca de donde vive, le puede plantear a sus superiores:"mirá, yo hago la investigación, pero no puedo ir a hacer una vigilancia".

Pero, Christian, apasionado por su trabajo, se arriesgaba. Hizo una detención en una estación de servicio cerca de su casa.

Con otros tres policías fueron a recuperar unos celulares y una bicicleta. El dueño los había encontrado por Market Place y se contactó con la policía. 

En autos particulares del ministerio –sin logos de la policía– los agentes se hicieron pasar por compradores. "Nos dijeron cómo estaban vestidos. Automáticamente los paramos. Tenían todo", narra Christian.

El problema fue que pasaron unos hombres y lo reconocieron. Le gritaron, lo insultaron, lo amenazaron.

—Dejá de llevar los pibes del barrio presos.

Christian realizó una denuncia que nunca tuvo resultados. Después del episodio de la estación, quedó "muy expuesto". “Ahí tuve tres tentativas de rapiñas, en las que me estaban esperando", asegura.

Hubo otro caso similar al de la estación. A una persona le robaron la moto, luego la vio en Facebook y se contactó con la policía.

De tarde, Christian y un compañero fueron al lugar caminando. Era a "dos o tres cuadras" de su casa. "La moto supuestamente estaba ahí, pero era para rapiñar a las personas. Resulta que éramos los dos policías".

Hubo un tiroteo. Mataron a uno de los delincuentes; el otro quedó grave. "A mí me encajan una puñalada en la panza y otra en la espalda, pero no llegaron a penetrar porque tenía el chaleco”, recuerda.

"La última gota" fue con unos jovenes, que para Christian eran menores. 

Eran las 23:00 y él volvía en moto a su casa. "Venían dos de frente. La verdad, me agarraron de sorpresa. Me dieron una patada de costado y caí para una zanja".

"Sabían que era policía y querían llevarse mi arma", asegura. Tirado en el suelo, desenfundó. “Se asustaron porque vieron que yo actué en seguida. Dijeron: ‘acá me matan’ y se fueron".

Christian se dijo a sí mismo:

—Ya está, no puedo vivir más en el barrio.