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No todo lo que reluce

El posible cese de operaciones de su virtualmente única fuente de trabajo, Orosur Mining, enfrenta a Minas de Corrales casi a la extinción como comunidad.

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30 de julio de 2018 a las 05:00

La situación de la población de Minas de Corrales es grave, preocupante y angustiosa. El posible cese de operaciones, preanunciado, de su virtualmente única fuente de trabajo, Orosur Mining, la enfrenta casi a la extinción como comunidad.

En tal contexto la empresa está solicitando, como modo de salir de sus problemas financieros, autorización para nuevas explotaciones de peligroso impacto ambiental y un crédito que el BROU le denegara con toda razón, como demostró la presentación en concurso de acreedores de una de sus subsidiarias.

La canadiense también goza de una exención de las regalías que debería pagar al Estado y está solicitando del sindicato un tratamiento diferencial que haga viable el emprendimiento.

El caso vuelve a plantear el dilema entre la problemática social y los costos que la comunidad puede afrontar para resolverlos y la cuestión del Estado subsidiando a empresas privadas para supuestamente mantener la fuente de empleo.

El criterio de subsidiar –con cualquiera de los modos– a una empresa privada para mantener las fuentes de trabajo es, en nuestro medio y en cualquier otro, ineficiente y a veces ruinoso y siempre mucho más caro que un subsidio directo a los desempleados. Basta el fácil ejemplo, que no es único, de Pluna y sus reencarnaciones para comprender esta verdad.

Ese argumento de la generación de empleo, que es también el de todo proteccionismo, arancelario y de otros formatos, suele ser esgrimido por las empresas para presionar al Estado y lograr de él permisos, exoneraciones, tratamientos especiales ad hoc o autorizaciones inviables, como la explotación de yacimientos de alto impacto ambiental. Y aun cuando se decidiera cerrar los ojos al daño potencial ecológico, requeriría en todo caso una nueva licitación para su otorgamiento.

Resulta evidente que estas concesiones privilegiadas, si se probasen idóneas para generar trabajo y actividad, deberían generalizarse a todos los interesados y a todas las inversiones, tanto por parte del Estado como de las gremiales, ya que en su defecto se estaría ante un tratamiento diferenciado que se choca con la transparencia, la seguridad jurídica y la ecuanimidad, que son justamente los puntos que más interesan a quienes intentan nuevos emprendimientos. Con lo que se estaría en un círculo vicioso y costosísimo.

La desesperación por crear nuevos puestos de trabajo –comprensible y justificada– lleva a veces al otorgamiento de exoneraciones y concesiones especiales, como bien podría sostenerse de la conversada radicación de UPM-2, pero el dudoso justificativo cede cuando se trata de extenderlo a empresas que no resultan viables.

No suele haber subsidio de paro o desempleo más oneroso que el que se otorga vía las exoneraciones, las concesiones o el proteccionismo a las empresas privadas. El Estado en la tarea del empleador ya es suficientemente caro e ineficaz como para agregarle la privatización de la subvención.

El problema de Minas de Corrales requiere la intervención del Estado, que no puede ignorar lo que ocurre en la sociedad. Pero no parece que el camino sea el que se reclama. Lo que termina llevando al punto central: la necesidad de un modelo que propugne la creación de empleo auténtico. Compromiso en el que deben enrolarse todos los factores económicos.
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