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Oficialismo acusa a exjerarcas y sindicalistas de "fraude" con 5.000 horas de clase cobradas y no dictadas
La mayoría oficialista en la Comisión Investigadora de Diputados que viene actuando desde junio del año pasado concluyó que existen evidencias de graves irregularidades en relación a la justificación de faltas docentes en enseñanza secundaria, y por eso elevará a la Justicia los antecedentes.
Este lunes, los legisladores individualizaron con nombre y apellido a los posibles involucrados, y enumeraron los presuntos delitos que entienden se cometieron durante pasadas administraciones.
La coalición de gobierno apuntó en ese sentido a seis dirigentes de Fenapes: Marcel Slamovitz, José Gervasio Olivera, Graciela Almeida, Virginia García Montecoral, Ana Pescetto y Alejandra Vespa. Según el diputado colorado Felipe Schipani, se entiende que podrían haber incurrido en los delitos de frade, estafa y falsificación, al haber firmado certificados falsas amparados en un convenio entre el sindicato y Secundaria que, según se demostró, nunca existió.
La denuncia incluye también a los exconsejeros de Secundaria Celsa Puente y Javier Landoni. La coalición los acusa de encubrimiento, abuso de funciones y omisión del funcionario público de denunciar la comisión de posibles delitos. Según el diputado los dos jerarcas estaban en perfecto conocimiento de la situación pero evitaron tomar medidas, a pesar de que la División Jurídica de Secundaria les había advertido en 2017 que el citado convenio no existía. "Estaban en conocimiento de una serie de hechos de apariencia delictiva, pero taparon todo", sostuvo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Constitución y el artículo 37 de la ley de Comisiones Parlamentarias, a todos se les dará 20 días de plazo para que efectúen los descargos correspondientes. La comunicación se hará mediante telegrama colacionado y los citados deberán comparecer con sus abogados. El oficialismo, de todas formas, tiene definido avanzar en el informe en mayoría que presentará ante el Plenario de la Cámara en el que recomendará derivar los casi 3.000 folios de actuaciones a la órbita de la Fiscalía.
"Todos los extremos se han confirmado", dijo Schipani a El Observador. En su visión, quedó absolutamente demostrado que hubo una práctica generalizada de presentar certificados falsos para justificar faltas que involucró, por lo menos, "a 130 dirigentes de la cúpúla de Fenapes" en "más de 70 liceos de todo el país". La "maniobra", recordó, fue descubierta a partir de la denuncia que la directoria del Liceo de San José, Miriam Arnejo, efectuó en 2020 contra Slamovitz, al que el oficialismo ve como "el caso emblema de un verdadero sistema organizado", desde la dirigencia del sindicato.
El diputado colorado afirmó que todos los testimonios recabados fueron "concluyentes". En particular, remarcó que el convenio en el que se ampara Fenapes para justificar las licencias sindicales, basado en artículo 70.10 del Estatuto Docente, nunca existió, y que así lo confirmaron "todos los directores" que pasaron por la comisión, junto a seis abogados de Secundaria, las actuales autoridades del organismo y hasta Celsa Puente, la única de los mencionados que aceptó concurrir al Parlamento y responder preguntas.
Schipani sostuvo que es muy difícil precisar el alcance del daño ocasionado al Estado por esta conducta, aunque una estimación conservadora –según indicó– apunta a más de 5.000 las horas que no se trabajaron e igual se pagaron bajo el amparo del falso convenio. El diputado recordó que solo Slamovitz logró jusitificar por este mecanismo 260 horas. Otro dirigente, Raúl May, pasó 260 horas. Su colega Mario Bango lo hizo por un total de 300 horas.
A la hora de hablar de costos el legislador habló de "millones de pesos", más allá de lo que observa como el perjuicio principal, los "miles de chicos quedaron sin clase", ya que las horas no dictadas no se reponían. Schipani dijo además que, irónicamente, los docentes involucrados cobraron presentismo, y expresó que el alcance de las faltas está "subregistrado", ya que hay material correspondiente que se destruyó con el paso de tiempo o incluso fue "hecho desaparecer".
Frente Amplio: eventuales "faltas administrativas"
Luego de haber decidido a finales del año pasado no asistir más a las sesiones al alegar que la comisión investigadora se había transformado en un "circo político", el Frente Amplio optó por acudir a las últimas dos reuniones y este lunes cuestionó duramente la actitud del oficialismo de individualizar con nombre y apellido a exdirigentes y docentes y de señalar los eventuales delitos que cometieron.
"Sentados delante de las cámaras no vacilaron en señalar públicamente a trabajadores de fraude, estafa, falsificación y abuso de funciones", observó la diputada Lilián Galán (MPP). En diálogo con El Observador, la legisladora cuestionó que el oficialismo "ponga en tapa" de todos los medios a una serie de trabajadores de la educación por hechos vinculados a eventuales "faltas administrativas" que fueron denunciadas al inicio de la investigadora y que, por otra parte, son investigadas por Secundaria, el ámbito verdaderamente competente.
Galán señaló al oficialismo por asociar los nombres de los involucrados a posibles conductas delictivas. Cuestiones que, dijo, le corresponden a la Justicia. "Hay gente que violó o asesinó y no se dan sus nombres públicamente", señaló. La legisladora dijo estar muy indignada por la situación. "No quisiera que a mí me pasara", concluyó.
