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Termina la investigadora de Fenapes y diputado dice que fue sobre "la mayor maniobra de corrupción" en la educación
Con los votos del oficialismo, la Cámara de Diputados definirá en las próximas semanas poner en conocimiento de la Fiscalía las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de licencias sindicales en Secundaria, bajo el amparo de un supuesto convenio que el sindicato había firmado con el Consejo Directivo Central (Codicen) cuya existencia nadie pudo confirmar.
Será así la tercera instancia política que deriva hacia el ámbito judicial, luego de que el Parlamento decidiera remitir las actuaciones sobre las denuncias contra el exministro de Turismo Germán Cardoso y el accionar del Poder Ejecutivo en torno a la extensión del contrato de concesión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo.
El diputado colorado Felipe Schipani aseguró a El Observador que la documentación en poder de la comisión permite probar que más de 130 dirigentes de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) presentaron certificados falsos en más de 70 liceos en todo el país. El relevamiento fue efectuado a partir del testimonio que aportaron directores de los centros educativos que han sido convocados en estos meses. Todo pese a que, apuntó el legislador, en varios liceos el material se destruyó por el paso del tiempo o no se pudo encontrar.
El diputado consideró también probado que hubo un engaño generalizado a los directores por parte de la cúpula sindical para que justificaran las inasistencias, el "engañarlos en su buena fe" convencidos de que el aludido convenio existía. Algo que terminó siendo negado por las actuales autoridades de Secundaria, por los abogados de su división Jurídica y hasta por la expresidenta del organismo Celsa Puente. Como resultado, apuntó Schipani, miles de estudiantes quedaron sin clase y miles de horas docentes fueron indebidamente justificadas, con daño patrimonial al Estado de millones de pesos.
Puente y los demás integrantes del consejo, aseguró, actuaron en "absoluta connivencia" con Fenapes. Así, dijo, quedó demostrado en las actas de la época y en los informes internos que esos certificados eran irregulares. En su opinión, los exconsejeros "encubrieron un accionar ilegal".
"Estamos ante la maniobra de corrupción más grave que se ha visto en las últimas décadas en la educación pública", aseguró el legislador quien opinó que todo fue obra de un puñado de "malos sindicalistas" que terminan "desprestigiando" al resto de profesores agremiados.
Los legisladores se aprestan a elaborar los informes de conclusión luego que la comisión celebrara este lunes la última sesión para recibir testimonios que, según la visión del oficialismo, reforzaron su postura.
Entre ellos el de María José Guerra, que entre 2017 y 2021 fue la directora del Liceo 67 de Montevideo. En su testimonio, le adjudicó la responsabilidad de estas irregularidades a las autoridades de la Dirección de Educación Secundaria en el último gobierno del Frente Amplio. La razón: no haber aclarado nunca que el convenio bajo el que se amparaba Fenapes para justificar las licencias no existía. "Si esto se hubiera comunicado, no hubiera habido director del sistema que justificara esto después", dijo.
Guerra dijo desconocer si la intención fue engañar a los directores o si todo formó parte de la desidia que afecta al organismo. La división Hacienda de Secundaria "nos sopla en la nuca todos los meses para que mandemos esto o lo otro" pero "no nos hace saber a los directores que justificamos las faltas que eso no existe. Es absurdo", ironizó al respecto la directora.
Sostuvo que "categóricamente" las autoridades de la época son responsables de la situación. "Si saben esto y no lo dan a conocer, están en clara omisión", dijo. Guerra recordó que la división Jurídica de Secundaria les había advertido a los consejeros que el convenio citado no aparecía.
La directora señaló que el problema de fondo está en el Estatuto Docente, "diseñado para una sociedad que no existe" y del que algunos funcionarios "se agarran como si fueran los Diez Mandamientos, para poder torcerlos a lo que está mal". Puso como un ejemplo a una auxiliar de servicio bajo su dirección, que contaba los días que le restaban para que configurara abandono del cargo. "Cuando faltaba un día, venía", contó.
Desapareció todo
Guerra remarcó que hay funcionarios que se aprovechan de sistema. Allí se preguntó "qué profesor con un poquito de decencia querría faltar a trabajar para ir a recibir votos en el sindicato".
Ante los legisladores, la directora relató una situación ocurrida cuando pidió en su liceo la información relativa a las inasistencias docentes en los últimos períodos, según se la había solicitado por parte de la comisión investigadora. Consultó a exdirectoras y exsecretarias, que dijeron desconocer dónde estaban los datos. Solo una mencionó que "estaban en una caja" que nunca pudo ser ubicada. Guerra tuvo que comunicarse con Inspección y avisar que "desapareció todo".
La directora relató además que el exconsejero Javier Landoni, sumariado por las actuales autoridades, iba frecuentemente al Liceo 67. Sin embargo, aseguró, siempre se remitía a hablar con los representantes del núcleo sindical. "Se reunía en la sala de profesores con ellos y yo no podía entrar, porque no soy del sindicato", contó. "Me tenía que quedar afuera".
Ante la comisión concurrió también Adriana González, que entre 2018 y 2020 fue la directora del liceo de San Bautista, que señaló que el Estatuto Docente hay tal cantidad de vacíos que los docentes terminan "actuando por analogía". De todas formas, señaló que el artículo 70.10 nada dice de licencias sindicales.
La única mención explícita, remarcó, fue la que hacía Fenapes en los certificados que presentaba y que hacían referencia a un convenio, del que dijo no haber tenido nunca conocimiento. La directora dijo haber recibido solo una vez un pedido de justificación de faltas bajo ese mecanismo, por parte de un profesor que asistió a una asamblea general de delegados.
"En las instituciones educativas hay información que no recibimos", dijo. "Uno actuó de acuerdo a que existía un convenio, de buena fe con las constancias que recibe". La directora señaló además que no existía, por parte de Secundaria, ningún listado con los docentes que, por ser parte del gremio, tuvieran horas sindicales.
González sí llamó la atención sobre un punto. Quien firmó la constancia del docente de San Bautista haciendo alusión al 70.10 fue el propio dirigente de Fenapes, Marcel Slamovitz que, al pedírsele que adjunte el convenio, no lo hizo.
