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Operación Océano: jueza exigió a fiscal que desglose penas que solicitó y dijo que de no hacerlo "vulnera el derecho a la defensa"
La jueza María Noel Tornarelli le exigió a la fiscal de la Operación Océano, Mariana Alfaro, en la primera audiencia de control de acusación, que desglose y explique en detalle por qué pide la pena que pide para cada uno de los acusados. En el entendido de la jueza, la fiscal no hizo lo que técnicamente se conoce como la "individualización de la pena", según reconstruyó El Observador.
Los abogados habían objetado que en la demanda acusatoria presentada hace un año la fiscalía no desglosa ni explica en detalle por qué pide la pena para cada uno de los acusados. Sobre ello, la jueza fue tajante y manifestó que debe hacerlo dado que si no se vulnera el derecho de defensa de los acusados. Le dio plazo hasta las 8:30 de la mañana de este jueves para que presente la explicación. Pese a eso, la fiscal, si quisiera, podría pedir una prórroga del plazo.
Ese fue el punto más controvertido de la primera audiencia de control de acusación celebrada este miércoles. El objetivo de esta instancia es que fiscalía y las defensas debatan sobre qué pruebas deben ser valoradas en juicio oral y cuáles deben ser descartadas. Pero ello no ocurrió ya que la primera jornada se dedicó a aclarar cuestiones previas.
La audiencia de este miércoles era la primera luego de más de un año de escritos –acusación, recurso de inconstitucionalidad y sus respectivas contestaciones– que iban y venían entre la Fiscalía, los abogados y el Poder Judicial. Pero en la primera instancia en la que se rencontraron todos, ni siquiera les dio el tiempo de empezar a tratar los temas que estaban previstos.
Además del pedido de la jueza mencionado, la fiscal Mariana Alfaro e integrantes de la Unidad de Litigación pidieron enmendar dos cuestiones de la demanda acusatoria, según reconstruyó El Observador.
La primera fueron "errores de tipeo" que habían quedado mal en el documento, pero que según algunos abogados de los acusados hacían a cuestiones del fondo del asunto y si eran corregidos se cambiaba el contenido de la demanda, algo que no está permitido. Puntualmente en dos puntos: la fiscal pidió cambiar el número de chats que pretende que ingresen a juicio oral (aumentando la cantidad) y cambiar un nombre que habían confundido por otro.
Sin embargo, la jueza María Noel Tonarelli entendió que no era así y que la fiscalía tenía derecho a subsanar esos errores. Los abogados que creen que sus clientes fueron afectados directamente apelaron la decisión.
En segundo lugar, pidió cambiar la solicitud que había hecho en la demanda acusatoria de la retribución económica. Todos los condenados por abuso sexual, a raíz de la ley 19.580 (de género), están obligados a ofrecer una reparación económica a la víctima. Si bien el artículo en el que está legislado, el 80, establece que el condenado debe pagarle 12 sueldos suyos o "en su defecto" 12 salarios mínimos, en la demanda acusatoria la Fiscalía optó por la segunda opción. Como muchos de los acusados tienen un buen pasar económico, seguramente cobrarían más dinero –si los hombres resultaran condenados– con la primera opción.
Sin embargo, la jueza Tonarelli le negó la posibilidad en este caso de modificar la demanda acusatoria y estableció que debe ceñirse a lo que ya solicitó. El Consultorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, que defiende a seis víctimas, apeló la decisión.
La fiscal Alfaro cuestionó que los abogados, cuando contestaron su demanda acusatoria, incluyeran citas de prueba que todavía no fue admitida en juicio. Pero la jueza afirmó que lo tendrá en cuenta para más adelante.
Las audiencias
Esta audiencia de control de acusación, que en los casos comunes dura un día o a lo sumo dos, está previsto que en la Operación Océano dure por lo menos dos semanas. En ellas se debaten una por una las pruebas y todas las partes –fiscalía y abogados– presentan sus argumentos para convencer a la jueza de garantías de que ese material debe tenerse en cuenta o ser descartado para el juicio.
El ingreso o eliminación de algunas de las pruebas a juicio oral puede condicionar el futuro de los 11 acusados por retribución o promesa de retribución a menores de edad por realizar actos sexuales o eróticos.
El objetivo de la audiencia es que al juicio oral –que lo llevará adelante un juez nuevo que no haya tenido contacto nunca con la causa– llegue información de calidad que permita valorar el caso. Por eso, cada parte –Fiscalía y defensas– proporciona una lista de pruebas que quieren ingresar a juicio para que las pondere este juez nuevo y en audiencia debaten si es pertinente, si es legal, si es procedente, etc.
La prueba que presentará la Fiscalía, a grosso modo, son los chats entre las víctimas y acusados, la declaración de ellas y las pericias psicológicas. Por su parte, las defensas de los imputados presentarán pericias de profesionales extranjeros que se expedirán sobre distintos temas: la cadena de custodia del teléfono de las víctimas, su apariencia física y una consulta realizada al catedrático Gonzalo Fernández quien en un extenso análisis concluyó que el delito que se les imputa no puede cometerse a título de dolo eventual.
Es decir, no se los puede condenar por haber mantenido relaciones sexuales con menores si no se puede probar que ellos sabían que eran menores. En varios casos se comprobó que las víctimas les mintieron en la edad y a juicio de la Fiscalía eso no es excusa.
