Organizaciones civiles llamaron a un paro nacional en defensa del proceso electoral en Guatemala

“El día llegó: paro nacional, 24 de julio de 2023. Nos vamos al Paro Nacional en todo el país autoconvocado por la ciudadanía, no esperaremos a que lo haga ninguna organización”, dijeron activistas en una de las decenas de convocatorias que circularon por las redes sociales.

En el documento señala que a la convocatoria “se sumarán los ciudadanos conscientes de la realidad que vivimos y que saben lo crucial que son estos tiempos”.

Entre los reclamos están las renuncias de la fiscal general Consuelo Porras y los conocidos popularmente como "fiscales de la impunidad”, Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, así como el juez Fredy Orellana, a quien califican de “mercenario de la democracia”, reclamo que también incluye la dimisión de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Silvia Valdés.

Curruchiche y Orellana, ambos sancionados por Estados Unidos por corrupción, fueron los protagonistas más visibles del intento de anular al Movimiento Semilla y, de esta forma, impedir la participación de su candidato de centroizquierda, Bernardo Arévalo, quien pasó a la segunda vuelta electoral después de haber obtenido el segundo lugar en la primera, concretada el 25 de junio último.

Las protestas comenzaron luego que Orellana intentara quitarle la personería al Movimiento Semilla al hacer lugar a una presentación efectuada por Curruchiche por supuestas irregularidades en su fundación en 2017, decisión revocada por la Corte Constitucional (CC), tribunal que presionado por la comunidad internacional rechazó un amparo para suspender el balotaje presentado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que alegó “amenazas al proceso”.

El viernes, entre otros procedimientos, fue allanada la sede central de Semilla en la capital, lo que atizó la crisis electoral y provocó de nuevo preocupación de la comunidad internacional, lo que llevó al secretario general de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, ha manifestar que "sigue con gran preocupación" la situación.

Lo afirmó luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instara a las autoridades del gobierno del presidente derechista Alejandro Giammattei a "asegurar el principio de separación de poderes" y evitar "injerencias" en el proceso electoral.

Arévalo, hijo del presidente reformista Juan José Arévalo (1945-1951), citó en las últimas horas la Ley Electoral y la Ley de Partidos Políticos para remarcar que “no se puede suspender a un partido en el lapso que existe entre la apertura de las elecciones y su conclusión”, argumento que aceptó la CC, que ordenó continuar con el proceso, aunque dejó claro que la decisión no impide seguir investigando las supuestas irregularidades.

Según la fiscalía, Semilla habría afiliado a unas 5.000 personas falsificando sus firmas para conseguir la personería y participar en las elecciones. “De acá no damos ni un paso atrás hasta que los responsables del movimiento de sedición que se atrevió a intentar ultrajar lo más elemental de nuestra democracia, nuestro voto, paguen las consecuencias”, afirmaron los organizadores de la protesta.

También un grupo de fuerzas opositoras había hecho una presentación judicial para desconocer los resultados de junio, pero el TSE ratificó que la ex primera dama Sandra Torres, exesposa del exmandatario Álvaro Colom, sumó 15,86% de los votos, y Arévalo el 11,77%. Dado que ninguno de los dos, entre los 22 candidatos que compitieron, logró la mitad más uno de los votos necesaria por ley para ser proclamado ganador, deben enfrentarse en un balotaje.

Por lo pronto, tanto Torres como Arévalo continúan en sus campañas por todo el país, y hasta el momento no han hecho pronunciamientos públicos sobre el paro nacional convocado para mañana. Arévalo participó en un acto en la ciudad de Mazatenango, capital del departamento de Suchitepéquez, en el oriente, donde agradeció a la población el apoyo a sus planes y la promesa de acabar con la corrupción que, según sostuvo, roba el 40% del presupuesto nacional.

“El camino no será fácil, nos quieren detener. Pero si tenemos el apoyo del pueblo, no nos falta nada para ese mejor futuro”, afirmó Arévalo, que tiene el rechazo de las élites guatemaltecas en un país en el que el conflicto armado interno, que se prolongó más de tres décadas en el contexto de la Guerra Fría, dejó un saldo de 200.000 muertos, casi todos campesinos asesinados por las fuerzas de seguridad, o bien por grupos paramilitares aliados al poder.

Torres, en tanto, estuvo en la ciudad de Escuintla, capital del departamento homónimo en el sureste del país. Allí reiteró su promesa de cambiar la situación del país. “Demostremos que queremos el cambio, estamos cansados de los mismos, de tanta mentira y engaño”, dijo Torres.

Por lo pronto, las elecciones se concretan bajo la sombra de las inhabilitaciones, muy criticadas dentro y fuera del país. Una de ellas, tal vez la más destacada, es la David Pineda, quien contaba en abril con la mayor intención de voto. Esta y otras inhabilitaciones determinaron que Human Rights Watch advirtiera que las decisiones del TSE "menoscaban la credibilidad del proceso electoral".

En un sentido similar se manifestó la Delegación de la Unión Europea (UE) en Guatemala, que desplegó en el país una misión de observación electoral. El foro había pedido en mayo a las autoridades que "garanticen que no se obstruyan las inscripciones de candidatos y que cualquier controversia se tramite sin demora con total transparencia, imparcialidad y de conformidad con la Constitución guatemalteca".

Según los observadores internacionales, la mayoría de los bloques de poder están unidos en los últimos años en torno a una causa común: revertir los procesos judiciales y las reformas legales iniciadas por el organismo judicial supranacional conocido como Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creado en 2006 bajo el auspicio de la ONU y disuelto a fines de 2019.

Su finalidad era apoyar al Ministerio Público, a la Policía Nacional Civil y a otras instituciones en la investigación de los delitos cometidos por los aparatos clandestinos de seguridad y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones del Poder Judicial para continuar enfrentando a los grupos ilegales en el futuro.

Las denuncias sobre la obstaculización de la justicia apuntan, por ejemplo, al Partido Unionista, cuyo variopinto colectivo reúne a militares de extrema derecha, élites del sector privado y líderes religiosos. “Entre sus seguidores hay una entidad paralegal, la Fundación contra el Terrorismo (FCT), denunciada por perseguir fiscales, jueces, activistas sociales y periodistas que encabezaron luchas contra la impunidad”, señala una investigación periodística del sitio InSight Crime.

En un ámbito más clandestino están los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CIACS). “Los CIACS son redes de generales del ejército y agentes de inteligencia formadas durante la dictadura militar que han penetrado en altos cargos para favorecer la impunidad por sus crímenes de guerra y la actividad criminal, incluido el narcotráfico y el contrabando, y que con el tiempo han extendido sus intereses a la seguridad privada y otras industrias”, afirma InSight Crime.

Se trata, en definitiva, de actores que juegan un papel clave para poner en movimiento un sistema de impunidad, al interponer denuncias penales y civiles, además de sembrar intrigas judiciales que benefician a los bloques de poder político en un contexto en el que muchos jueces, fiscales y periodistas han debido huir del país o enfrentan cargos.

(Con información de la agencia AFP, la Celag e InSight Crime)