Partidos y sindicatos

Cooperan quienes compiten entre sí. Lo hacen, en especial, para formular reglas que les permitan desenvolver de modo constructivo su disputa. Desde luego, es mucho más sencilla y obvia la cooperación entre quienes sienten que tienen intereses comunes. Cooperan los países cuando enfrentan el mismo enemigo. Cooperan los ciudadanos cuando piensan que el destino de la nación de la que se sienten parte está en peligro. Cooperan los partidos para defender la democracia, o para recuperarla cuando la perdieron. Cooperan, codo a codo, empresarios y trabajadores cuando la misma crisis los golpea. Cooperan los empresarios entre sí, y los trabajadores entre sí, porque sienten que tienen intereses comunes.

Mal que le pese a Juan Jacobo Rousseau, el mundo moderno es, sin dudas, un mundo de “asociaciones intermedias”. Al decir de Sheldon Wolin, vivimos, en una “era organizacional”. Asociándose, los individuos se las ingenian para incrementar su influencia en los procesos decisorios. Asociándose con quienes comparten creencias y valores, los individuos pueden encontrar, además, un sentido de comunidad que los abriga y les ofrece consuelo. Desde luego, la intensificación de la formación de asociaciones es inseparable del proceso de democratización y de consolidación de un conjunto de garantías institucionales. 

Sabrán disculpar, espero, este largo rodeo. Pero es imprescindible para que quede bien claro que lo que se va a leer a continuación no es una crítica a la existencia de los sindicatos, sino un cuestionamiento a una forma específica de entender la actividad sindical tal como se practica en nuestro país desde hace décadas. El sindicalismo forma parte del proceso histórico que se acaba de sintetizar. Sin su empeño no puede explicarse la expansión del bienestar experimentada en las sociedades capitalistas durante el último siglo. Sin los sindicatos viviríamos en un mundo mucho más injusto y, por eso mismo, más violento. 

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Uruguay tiene, por suerte, sindicatos fuertes. En esta historia, la inmigración europea de fines del siglo XIX jugó un papel fundamental. La sensibilidad social de la elite política de comienzos del siglo XX, que tuvo en el liderazgo del presidente José Batlle y Ordóñez uno de sus puntos más altos, contribuyó a legitimar la organización y movilización de los trabajadores. La creación del Partido Socialista, en 1910, y su incorporación a la III Internacional, convertido en Partido Comunista una década después, le dio a la acción sindical un aliento adicional y, a la postre, una orientación decisiva. La política desplegada por los partidos de izquierda hacia el movimiento sindical buscó, desde entonces, que las organizaciones obreras dejaran de ser una herramienta para la protección de los intereses inmediatos de los trabajadores, para pasar a operar como palancas en el proceso de “acumulación de fuerzas” en una perspectiva de cambio revolucionario.

Había que ir transformando la “clase en sí” en “clase para sí”. Había que seguir el enfoque leninista. Había que superar el “economicismo”. El movimiento sindical debía tener un programa de cambio ajustado a la concepción etapista del proceso revolucionario. En esta historia, el Congreso del Pueblo celebrado en 1965 tiene un lugar muy especial. A partir de ese momento, el movimiento obrero, aliado a otras organizaciones gremiales, pasó a participar en el debate sobre las “reformas estructurales” que, de acuerdo a la jerga de la época, el país requería para romper el estancamiento y la dependencia. Los militantes de izquierda de la época lograron, en ese contexto, un objetivo fundamental: que la naciente Convención Nacional de Trabajadores (CNT), pusiera en el centro de su discurso una plataforma general perfectamente alineada con la visión programática de sus propios partidos. Entre el programa de la CNT y del FA, fundado en 1971, hubo, por eso mismo, una convergencia evidente. 

Pasaron años y décadas. Pero la subordinación del movimiento sindical a la estrategia de los partidos de izquierda mayoritarios se ha mantenido. Cabe preguntarse hasta cuándo. El movimiento sindical es imprescindible. Pero no debe invadir el terreno de los partidos, ni dejarse colonizar por ellos. No correspondía hace medio siglo que el movimiento sindical opinara sobre si había que romper o no con el FMI, o si era necesaria o no una reforma agraria. No correspondía, hace treinta años, que el movimiento sindical se pronunciara sobre las privatizaciones. No corresponde, hoy, que se movilice contra la LUC, o que proponga políticas contracíclicas. El debate sobre los grandes lineamientos de la acción de gobierno lo deben dar los partidos. Para que su voz puede ser un factor de progreso, el movimiento sindical debe preservar su legitimidad. Para eso, debe evitar seguir siendo la caja de resonancia de los postulados programáticos de los partidos de izquierda.