El gobierno encabezado por Javier Milei está decidido a mostrar su capacidad para mantener el control en las calles y limitar los bloqueos en la manifestación convocada por la Unidad Piquetera (UP) y otras organizaciones para mañana en el centro porteño. Para lograrlo, se implementará el nuevo protocolo de actuación de las fuerzas federales, que permite sanciones y autoriza a actuar sin orden judicial en casos de delitos flagrantes. Además, se advierte a los manifestantes que podrían perder beneficios sociales si interrumpen la libre circulación en las calles.
En la previa de la primera protesta contra las medidas de ajuste implementadas por el Presidente para frenar la inflación, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha mantenido conversaciones con la Ciudad para coordinar el operativo y definir el plan de acción. "Vamos a ponerle palos en la rueda a los que quieran entrar", señalaron fuentes involucradas en las negociaciones sobre la implementación de la nueva doctrina.
La ministra Bullrich y su segundo, Vicente Ventura Barreiro, se reunieron con el funcionario porteño Diego Kravetz, encargado de la Policía de la Ciudad, para ultimar detalles del operativo. Previamente, en un encuentro con el jefe de Estado y su Gabinete, la ministra había presentado el plan de acción conjunto para mantener el control de la calle durante la marcha piquetera en el Congreso y la Plaza de Mayo.
Tras la cumbre entre la Nación y la Ciudad, se acordó una hoja de ruta para la protesta de mañana, que marcará la implementación del nuevo protocolo antipiquetes de Bullrich. Las fuerzas federales, como la Policía Federal, Gendarmería y la Prefectura Naval, se desplegarán en los accesos a la Capital, edificios públicos y estaciones de tren para realizar tareas de control y prevención. El objetivo es ejercer un efecto disuasivo en las áreas de jurisdicción federal, con una clara advertencia de que no se permitirá el corte de la circulación.
El esquema de seguridad para evitar piquetes en las principales arterias de la Ciudad estará a cargo del gobierno de Jorge Macri, que tiene su propio plan de procedimiento y no adopta el protocolo de Bullrich. Las fuerzas federales intervendrán solo si el gobierno porteño lo solicita formalmente, es decir, en caso de que la policía local no pueda controlar a los manifestantes. Jorge Macri subraya que no tolerará interrupciones y que la protesta podrá desarrollarse en la vereda.
En los accesos a la Ciudad y las estaciones de tren, como Retiro, Once y Constitución, se desplegarán efectivos de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, con controles estrictos para impedir el ingreso de manifestantes con el rostro tapado o portando objetos contundentes, solicitando la identificación en esos casos.
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