¿Por qué no se aprueban los proyectos de Cabildo?

El presidente José Mujica quiso aplicar el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) y le costó mucho sumar apoyos políticos para aprobarlo, pero luego la Suprema Corte de Justicia lo declaró inconstitucional y debió resignarse.

El presidente Luis Lacalle de Herrera quería hacer una reforma jubilatoria, que se veía como imprescindible, pero no tuvo apoyo político en la bancada de alianza oficialista y debió dejarla pendiente para siguiente período.

El presidente Jorge Batlle quería liberar la economía y generar mayor competencia, quería lograr acuerdos comerciales no sólo con México, sino con potencias grandes, pero hizo lo que pudo, lo que la suma de votos le permitió.

El presidente Julio María Sanguinetti gobernó en dos períodos, y en cada caso debió tejer con paciencia acuerdos concretos, y buscar un denominador común programático para hacer lo que se podía hacer; y eso es, ni más ni menos, lo que la democracia permite por suma de apoyos legislativos para convertir proyectos en leyes, ideas en realizaciones.

El presidente Luis Lacalle Pou quiso desmonopolizar el sector de combustibles, pero eso no era parte del acuerdo de programa negociado con los socios de la “multicolor” y debió conformarse con un par de artículos referentes a la relación de precios con el mundo.

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Así es la democracia, y eso que genera cierto aroma a frustración, que muchas veces genera desilusiones entre los que tenían expectativas de cambios grandes y les duele ver cómo quedan por el camino algunas medidas de la lista de planes, eso es justamente lo valioso del respeto de mayorías y minorías.

Eso es lo que diferencia una república de un imperio, una democracia de una dictadura.

No es la resignación de lamentarse por supuestos o reales “palos en la rueda”, sino que se trata de que las normas que la sociedad asume en su conjunto, deben contar con un respaldo mayoritario, y ser el fruto de negociaciones pacientes para contemplar cuidados de unos y de otros.

No es eso un juego de “toma y daca” con apariencia de cosa sucia, de canje de favores, sino del respeto a la convivencia en una democracia, y de lograr mayorías para las ideas que logren un apoyo amplio.

Hay confusión sobre eso y el gobierno actual está viviendo unos tires y aflojes internos, comprensibles por inexperiencias políticas de algunos socios, pero riesgosos en proyección, sino se atienden correctamente.

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Pese a las dudas que algunos expresaban en el verano de 2020, la “coalición multicolor” ha demostrado ser más eficiente de lo que se veía, y eso se ha expresado en votación de todas las leyes principales del período (casi todas), así como en la protección de fueros de Manini Ríos y la defensa de varios ministros en interpelaciones de la oposición.

Ahora, en el último trimestre del año, el oficialismo llega con una presión de Cabildo Abierto para que se voten algunos de sus proyectos prioritarios, que no han avanzado en tratamiento legislativo, y su líder y otros miembros de la bancada, transmiten un sentimiento de trato injusto. Algo así como: “nosotros votamos todo lo que nos piden, pero ellos no votan lo que pedimos nosotros”.

El caso es que no se trata de un “yo te voto esto” y “vos deberías votarme esto”, sino de sumar voluntades cuando hay coincidencia en el objeto del proyecto, o cuando hay posibilidad de hacer ajustes o cambios que viabilicen esa coincidencia.

Los tres proyectos de Cabildo son: (i) el de concordatos para tomadores de créditos al consumo; (ii) el que limita la forestación, (iii) el de liberación de cárcel a militares condenados por hechos de la dictadura (o tiempo previo al golpe) para dejarlos en reclusión en su casa.
Los dos primeros van en contra de lo que quiere la mayoría del Partido Nacional, el sector Batllistas del Partido Colorado y algunos dirigentes de Ciudadanos, así como del Partido Independiente.

El gobierno está jugado a generar inversión privada -le va la vida en eso- por lo que adoptar esas medidas (que en 15 años de gobiernos de izquierda no se aplicaron), sería dinamitar la imagen de presidente que llama a inversores.

En créditos hay un mercado con alta competencia y además está el Banco República que da préstamos. ¿Por qué el Estado obligaría a empresas a prestar a una tasa baja, o más baja de las actuales, si tiene un gran operador en el rubro que puede ofrecer préstamos “baratos”?

El proyecto de concordato para personas físicas es incompatible con el plan del presidente para el país y probablemente también lo es con la Constitución.

La forestación, y procesos anexos, es uno de los pocos planes exitosos que abarca a siete gobiernos de tres partidos diferentes, que genera puestos de empleo de calidad, movimiento económico en todo el país, generación de divisas y que contribuye a mejora ambiental. Nadie planta en los mejores suelos del país porque eso va contra la lógica del negocio, y los empresarios no son tontos. ¿Por qué prohibir o limitar? Por algo Lacalle Pou dijo públicamente que vetaría una ley así, porque no solo debe evitarla, sino también demostrar que no es capaz de permitir algo semejante.

El proyecto para prisión domiciliaria a ex militares que están en la cárcel de Domingo Arena, podría llegar a tener votos de la bancada oficialista, pero con resistencias de algunos legisladores, y no antes de un posible referéndum.

Los legisladores de Cabildo seguirán insistiendo con sus ideas, y está bien que lo hagan, pero la lógica de la democracia implica que se concreta lo que tiene apoyo, y eso requiere coincidencias. No es que como ellos votaron tantos proyectos, los otros deben votarle algunos, sino que cada partido vota cuando entiende que es lo correcto. De lo contrario, la democracia se desvirtuaría.

Si los presidentes se quedan con las ganas de concretar varios de sus planes, los socios minoritarios deberán asumir que eso es parte de la esencia de la 
República.