La Comisión de Constitución y Legislación del Senado se apresta a encaminar el proyecto de prisión domiciliaria para mayores de 70 años, un texto impulsado en un inicio por Cabildo Abierto –para aquellos por encima de los 65 años– y neutralizado luego por el Partido Nacional con la premisa de establecer un régimen "integral" que contemple también a embarazadas, mujeres presas con hijos a cargo o en lactancia.
La iniciativa está en la mira por los represores presos en Domingo Arena a quienes –por razones de edad– se les habilite a culminar su condena en sus casas. Los blancos y Cabildo cerraron filas la sesión pasada y ahora comenzaron el estudio pormenorizado de la nueva redacción, a la espera del pronunciamiento del Partido Colorado, en especial del sector Ciudadanos, cuyo referente Adrián Peña preside la comisión.
El senador Charles Carrera pidió el martes a nombre del Frente Amplio que el grupo reciba a delegaciones de Crysol (Asociación de ex-presas y ex-presos políticos), a Madres y Familiares de Detenidos y Desaparecidos, al Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) al Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y al Instituto de Derecho Procesal.
Ante ese planteo, la senadora nacionalista Carmen Asiaín, redactora del nuevo proyecto en consideración, sostuvo que en la misma comisión fueron "insultados" por dichas delegaciones y que "no es el trato que corresponde". "No me opongo a que concurran. Simplemente pienso que habría que advertirles de alguna manera sobre guardar el debido respeto que nos merecemos como seres humanos y no por ser senadores", alegó.
Asiaín aseguró: "Yo no tengo nada que ver con los hechos de la dictadura, y con hechos posteriores tampoco. Era muy chica. Entonces, no tengo por qué estar presenciando y conteniéndome para no responder agravios. Hace diez años que pertenezco a esta casa y nunca había presenciado algo así", concluyó.
Su correligionaria Graciela Bianchi recogió el guante y recalcó no tener "problema" en recibir a Crysol, pero con las "consideraciones" de Asiaín. "Lo digo porque incluso hubo un intento de agresión; había una persona que tenía un bastón y tuvimos que cuidarnos de una posible agresión", aseguró la legisladora de Aire Fresco.
La anterior comparecencia de Crysol y de Madres y Familiares había tenido lugar en noviembre de 2021, con la redacción inicial de Cabildo Abierto –más polémica por su alcance casi estrictamente reducido a los presos de Domingo Arena– sobre la mesa. El representante de la organización, Ignacio Errandonea, criticó en duros términos el propósito de la iniciativa cabildante, aunque el encontronazo narrado quedó fuera de actas.
Participantes de esa instancia indicaron que se trató de un reproche de Alba González –madre de Rafael Lezama, desaparecido en octubre de 1976– al cabildante Guillermo Domenech por pretender liberar a represores, aunque desde el Frente Amplio manifiestan que no escaló a ningún insulto o agresión física.
La nacionalista Bianchi alegó en comisión: "Me refiero, concretamente, a una señora que, la verdad, no la conozco –yo conocí la primera generación de familiares desaparecidos que era muy distinta a la actual–, que con su bastón nos quiso agredir y nosotros no dijimos nada, porque nos dio vergüenza sinceramente que en el Senado de la República pasen esas cosas y se nos ataque a nosotros como si hubiéramos sido Gavazzo".
Consultada sobre sus dichos, Bianchi se limitó a decir que "ya quedan muy pocos" de la generación de Madres y Familiares que ella misma conoció en los '90 trabajando "con mucho cariño" junto al exsenador frentista Germán Araújo, y opinó que "hoy hay una cuota de odio y resentimiento que le hace mucho daño a los desaparecidos".
En su comparecencia en noviembre de 2021, Ignacio Errandonea arremetió contra el argumento esgrimido por Cabildo Abierto respecto a la superpoblación de las cárceles, recordando que el hacinamiento no es un problema en Domingo Arena.
"No son inocentes, primero que nada, y siguen siendo peligrosos para la sociedad. (...) Hoy en día nuestros familiares siguen desaparecidos, y la desaparición forzada no es un delito que se comete contra la víctima solamente, sino contra toda la sociedad. No están arrepentidos porque ellos saben dónde están nuestros familiares y no lo dicen. Por lo tanto, entendemos que son criminales, que son peligrosos para la sociedad hoy en día y que deben permanecer detenidos en las condiciones en las que están", había dicho en el Parlamento.
Errandonea acusó además de "disparate" los dichos de Guido Manini Ríos en reclamo "de impunidad" bajo la premisa de que los hechos sucedieron hace 50 años, cuando "precisamente" es "porque no ha habido legislación ni ejercicio de la justicia para asegurarles a todos los criminales que más tarde o más temprano van a cumplir la pena que corresponda".
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