Cabildo Abierto advertirá al Partido Nacional que si en el correr de abril no reciben del gobierno un proyecto alternativo para la reestructura de deudas, juntarán fuerzas con el Frente Amplio para votar su iniciativa. Así lo planteará el senador Guillermo Domenech en la próxima comisión de Constitución del Senado, en que el tema continúa pendiente de discusión luego de que el blanco Gustavo Penadés frenara su votación en el plenario.
"Estamos esperando que a lo sumo en este mes de abril nos llegue el proyecto del Partido Nacional, por una razón de cortesía parlamentaria y que somos integrantes de la coalición. Si no tenemos ninguna respuesta, vamos a impulsar nuestro proyecto y nos parece que el Frente Amplio está a disposición de acompañar el nuestro con alguna modificación que prima facie puede hasta ser razonable, y lo impulsaremos con ellos", dijo el cabildante a El Observador.
El senador del MPP, Charles Carrera, había presentado a comienzos del año una redacción alternativa con el foco en las deudas de personas físicas por consumo, dejando de lado las deudas hipotecarias. Domenech entregó semanas atrás a Carrera un comparativo con sugerencias a esa iniciativa alternativa, según consta en el repartido de 35 páginas al que accedió El Observador.
Cabildo Abierto sugirió en este sentido dejar de lado la disposición que refiere al proceso de reestructura de deudas como limitado únicamente a aquellos "créditos al consumo no garantizados por hipotecas". El documento entregado al senador del MPP incluye modificaciones a la redacción de seis artículos: el 2°, el 4°, el 5°, el 13°, el 19° y el 23°.
"El proyecto de Charles Carrera es el nuestro con el agregado de cuatro o cinco artículos, algunos que nos parecen bien y otros no", sintetizó Domenech, quien aludió a que no tendrán "problemas" en ponerse de acuerdo con la oposición.
Una de las modificaciones sugeridas por el senador de Cabildo Abierto a su colega frentista es que a las audiencias de conciliación entre deudor y acreedores –citadas por Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía (MEF) para lograr acuerdos– impliquen también citar a acreedores no denunciados mediante un edicto publicado en la página.
Además propone que en esos acuerdos se reserve "un ingreso mínimo al deudor para su sustentación, que no podrá ser inferior al 70% de sus ingresos".
El proyecto tiene reparos del MEF y del Banco Central. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, había dicho a El Observador que lo considera "muy mejorable” en “casi todos los puntos”. “Es un proyecto que hay que sentarse y analizarlo profundamente. No es un proyecto que pueda decir que con algunos cambios menores es viable”, había anticipado.
Por su parte, Diego Labat, presidente del BCU, había afirmado que "hay que ser muy cuidadoso, porque esto implica un posible cambio en las reglas de juego", dado que "en los hechos es meterse en contratos entre privados, que no siempre y no necesariamente van a llegar a los resultados que queremos o deseamos".
Los blancos en el Senado estaban procurando acercar posiciones dentro del oficialismo para evitar un nuevo alineamiento de Cabildo con el Frente Amplio, como ya ocurrió con la ley forestal.
Nueva propuesta del Frente
El senador Carrera presentará en la próxima sesión de la comisión de Constitución un proyecto de ley con un único artículo que establece que "los organismos públicos que presten servicios básicos a la población tales como agua, luz eléctrica, telefonía y conectividad, acceso a soluciones habitacionales o garantía de alquiler, no podrán limitar el acceso a los mismos por el hecho de que la persona que solicite el servicio se encuentre incluida en una base de datos relativa a la actividad comercial, crediticia o registro de deudores morosos".
Leonardo Carreño
Charles Carrera, senador del MPP
"Estar en el Clearing inhabilita a que muchas veces las personas no accedan a servicios básicos en las mismas condiciones que accede un habitante que no se encuentra en el Clearing", sostuvo Carrera en diálogo con El Observador. El senador del MPP consideró que de esta manera "complementa el proyecto que ya presentó el Frente Amplio para atender a personas que hoy están con muerte civil".
"El historial de impagos de una persona, así como la realización o no de refinanciaciones de adeudos, no obstará el acceso o la contratación de dichos servicios públicos", añade el artículo al que accedió El Observador.
