Diego Battiste

Qué implica una ley de derribos y por qué ahora el gobierno la rechaza

Lacalle Pou planteó una propuesta similar a la de Fernández Huidobro, pero el Ministerio de Defensa la rechaza

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07 de agosto de 2019 a las 19:13

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La avioneta matriculada en Paraguay ingresó volando bajito con el traspondedor apagado, y al cruzar por una estancia en Artigas lanzó varios paquetes que un capataz rápidamente salió a buscar. Los cuatro radares de la Fuerza Aérea (los fijos ubicados en Carrasco, Durazno y Santa Clara de Olimar, y el móvil que está en Salto) no lo detectaron y el Ministerio de Defensa se enteró a los pocos días, cuando tres kilos de cocaína fueron hallados por la policía y el hombre fue procesado con prisión por asistencia al narcotráfico.

La frontera uruguaya había sido vulnerada, y su permeabilidad quedó de manifiesto en las últimas semanas, luego que un operativo de la policía europea hallara más de 600 kilos de cocaína en el aeropuerto francés de Mulhouse en un vuelo proveniente de Carrasco, y las autoridades del puerto de Hamburgo incautaran 4,5 toneladas de la droga en un buque proveniente de Montevideo que hizo escala en Brasil.

En ambos casos la Justicia uruguaya trabaja para determinar responsabilidades de las autoridades y si la droga fue cargada en Uruguay.

Fuentes consultadas por El Observador reconocen que el país se ha transformado en un lugar de salida de la droga hacia Europa, debido a la porosidad de sus fronteras, algo que fue reconocido por el ministro de Defensa, José Bayardi.

En los últimos días el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, propuso crear una ley que habilite los derribos de las aeronaves como forma de combatir el narcotráfico, una iniciativa que fue rechazada por Bayardi, quien la calificó de “disparate” en una entrevista en radio Sarandí.

En los últimos años, varios países de Sudamérica como Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Venezuela y Chile, han permitido el derribo de aviones.

Camilo Dos Santos

En Uruguay, la iniciativa no es exclusiva de Lacalle Pou. En 2016, cuando estaba al frente de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro redactó una ley de estas características que pretendía llenar un "vacío legal” pero que nunca fue enviada al Parlamento. El creciente uso de aviones como arma por organizaciones terroristas había sido uno de los temas que llevaron al jerarca a pensar en la necesidad de adoptar esta ley. Falleció a los pocos meses y su iniciativa fue dejada de lado por Jorge Menéndez, su sucesor.

El asesor en seguridad de Lacalle Pou, Álvaro Garcé dijo que la ley de derribos era un instrumento disuasivo, y solo “excepcionalmente represivo, indispensable para combatir el narcotráfico".

“Su aprobación se justifica ante el avance del crimen organizado: Uruguay se encuentra en plena ruta internacional del tráfico de drogas. Ello es directa consecuencia de la ausencia de controles y de la pérdida del dominio sobre el espacio aéreo", señaló en rueda de prensa.

Bayardi considera lo contrario. “Quien le haya aconsejado hablar no entiende nada de una ley de derribo o entendió mal el candidato Lacalle Pou. El derribo es cuando hay un componente de vida o de eventual infraestructura estratégica en el área de un conflicto en el que se apela al derribo como un instrumento legítimo de defensa. Es un disparate hablar que si viene una avioneta se va a llevar adelante el derribo, cuando el delito que va a ocasionar se ocasionará subsecuentemente, con el daño que pueda provocar para algunos el consumo de la droga”, sostuvo.

Fuentes de la Fuerza Aérea dijeron a El Observador que en estos años han ocurrido una decena de interceptaciones, pero que las mismas se mantienen “en reserva”.

La normativa señala que cuando la Fuerza Aérea detecta una aeronave violando el espacio aéreo y pasa un determinado tiempo sin lograr establecer su identidad, la primera medida que se debe tomar es permitir que aterrice en su destino, donde será detenido por la Policía Aérea Nacional.

Pero en caso de que la gravedad de la falta lo amerite, el Centro de Operaciones Aéreas puede ordenar un “cambio de alerta” que incluye la realización de una interceptación.

Marcelo Umpierrez

En este caso, la FAU cuenta con los aviones Cessna A-37 y los Pilatus PC-7U, cuyos pilotos deben hacer contacto visual con la aeronave y, en función de su comportamiento y contexto, los militares uruguayos tienen un conjunto de alternativas para ejercer las medidas del control del espacio aéreo.

Estas medidas van desde el interrogatorio por radio, el desvío de la ruta, la obligación de aterrizar, hasta medidas de coerción previstas en el Código Aeronáutico pero que están pendientes de reglamentación. Uno de los objetivos es que aterrice, pero si las aeronaves se salen del espacio aéreo y van hacia Brasil o Argentina, Uruguay tiene firmados tratados que le permiten transmitir la información dejando a merced de ellos la concreción del derribo.

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