¿Quién asesora a nuestros principales asesores?

Sobre este tema, cómo se asesora el Parlamento, debatieron esta semana expertos y parlamentarios en la primera reunión del ciclo La máquina de aprender, Debates sobre la evolución democrática en Uruguay, un esfuerzo que nace del convencimiento de que la saludable democracia de la que gozamos en este país no puede dormirse en los laureles y debe seguir evolucionado. 

Uno de los desafíos es proponer opciones para mejorar el sistema de asesoramiento parlamentario en Uruguay, algo mucho más urgente y vital de lo que nuestras prioridades nos podrían hacer creer. Hay que mejorar la economía, el empleo, la salud, la educación y unos cuantos etcéteras, pero lo que frecuentemente pasa desapercibido para los ciudadanos es que el destino de buena parte de nuestros problemas estructurales se resuelve en el Parlamento. Y, de nuevo, ¿quién o quiénes asesoran en la construcción de estas leyes y políticas públicas?

El Parlamento uruguayo no tiene un sistema ordenado y previsible de asesoramiento. Los legisladores disponen de partidas para contratar y pueden usar el sistema de pases en comisión, pero esto no significa que esas contrataciones y pases sean de asesores técnicos. El politólogo Daniel Chasquetti presentó esta semana una investigación en la que evalúa los diferentes niveles de asesoramiento y el nivel de conformidad de los legisladores con ellos. Su conclusión es que estamos bien, pero podríamos estar mejor.

Cada parlamentario dispone de una partida institucional mensual para pago de secretarios ($178.399 por senador, $ 166.146 por diputado), además del mecanismo de pases de funcionarios en comisión que permite trasladar cinco desde organismos públicos estatales y no estatales. Como señala Chasquetti en su investigación, “el equipo de cada parlamentario está integrado por individuos de absoluta confianza personal que profesan lealtad al partido” y en promedio está compuesto por cinco miembros. El investigador analizó el perfil de los 373 pases en comisión solicitados en la 49º Legislatura y encontró que el 54% son funcionarios con título terciario y un 46% son no profesionales. 

En parlamentos de otros países es frecuente que haya partidas para que las bancadas contraten asesoramiento (EEUU y Reino Unido, por ejemplo), una solución que no está prevista en Uruguay.

En las comisiones, donde se da buena parte del análisis más profundo de los temas, no hay sin embargo“modalidades robustas de asesoramiento institucional’’. Aquí se abre un segundo plano de asesoramiento que termina demasiado jugado a la voluntad de los expertos, pero también -como destacó en el mismo encuentro el economista y académico Sebastián Fleitas- a los grupos de interés que legítimamente buscan defender sus posiciones, lo que comúnmente se conoce como lobby. 

En Uruguay es común que los profesores,investigadores, especialistas y referentes accedan a la convocatoria y la consideren un “reconocimiento a su trayectoria personal y a la vez, como un deber cívico ineludible”, señala Chasquetti y es verdad. En su opinión, “esta forma de participación honoraria le ha permitido al Parlamento ahorrar cuantiosos recursos y al mismo tiempo, contar con muy buenos asesoramientos”.

Otros consideran que no resulta deseable que “el favor sea la base del sistema”, tal como me comentó la politóloga Fernanda Boidi, una de las organizadores de la Máquina de aprender. Fleitas, en tanto, propuso una formulación que funciona con diferentes formas en otros países, una Agencia Parlamentaria independiente de evaluación y análisis de evidencia. En su opinión, una figura de este tipo mejora la calidad de las políticas públicas, da herramientas para discutir con el Ejecutivo y permite evaluar y contrastar evidencia generada por actores privados con conflictos de interés.

La pregunta de qué técnicos integrarían esta agencia es muy importante en un escenario polarizado en el que nadie parece tener la confianza de nadie y sobre todos pesan las potenciales sospechas de un color o intencionalidad política. Esta dinámica afectó seriamente el estado de ánimo, pero también el trabajo del GACH durante la pandemia, un grupo que debemos recordar que tenía una H al final porque era “honorario”. Aún así, desde todos los bandos se los acusó -en voz alta o con rumores- de intencionalidades políticas para uno u otro lado,que van  más allá de su trabajo científico y recomendaciones -acertadas o no- basadas en la evidencia disponible. 

“El necesario conflicto debe anclarse en hechos y evidencia para no naufragar”, dijo Fleitas y su razonamiento tiene lógica en el marco de los que los propios uruguayos piensan de su Parlamento. Desde hace años diversos estudios regionales, entre ellos el Latinobarómetro y el Barómetro de las Américas, revelan que los uruguayos valoramos mucho la democracia pero tenemos poca confianza en el Parlamento. 

Al mismo tiempo, hay algo así como una tendencia maniquea a la hora de evaluar a nuestros parlamentarios y funcionarios públicos y considerar que, ante todo, deben ahorrar y ganar poco. La idea de una agencia parlamentaria de asesores no tiene cabida en una sociedad que no está dispuesta a pagar por el mejor análisis disponible, análisis que si no se paga desde el sector público siempre elegirá el privado.

También en el Parlamento hubo y seguramente hay frenos conscientes e inconscientes ante potenciales cambios en el sistema de asesoramiento. Hace 25 años se trabajó en el Programa de Modernización Parlamentaria, que constató la existencia de una demanda efectiva de asesoramiento. Un grupo liderado por Romeo Pérez Antón propuso la creación de una oficina con pocos expertos encargados de articular los recursos disponibles. La propuesta fue rechazada y todo el programa quedó enterrado en la nada.

¿Están dispuestos los propios legisladores a hacer cambios? “Todos los entrevistados presentaron algún tipo de comentario negativo, queja o molestia” (relacionada al asesoramiento), señala Chasquetti en su trabajo, “pero el costo de reformarlo parece ser percibido como mayor al de seguir trabajando en las actuales condiciones”. Crear nuevos escenarios de asesoramiento “despierta incertidumbre y en muchos casos, desconfianza”, cuando debería generar entusiasmo por la solidez de las propuestas públicas.