Referéndum, ¿qué tipo de campaña se viene?

De cara al segundo año de este mandato la ciudadanía ya cuenta con más información sobre la gestión, más allá de la expectativa inicial. No solo sobre su agenda, sino sobre los resultados en distintas áreas de política pública. También va quedando atrás el contexto excepcional de pandemia. Y también se sale del período de luna de miel que suele manifestarse en una mejor aprobación pública de los gobiernos al inicio del mandato. 

Bajo ese argumento los datos de opinión publica muestran, por un lado, una opinión relativamente favorable a la gestión del gobierno. Por otro, una configuración de opiniones, favorables y contrarias a la LUC, que se asocia a la preferencia político-partidaria. Esta constatación guarda relación con la existencia de los “bloques políticos”, tema que introdujo Luis Eduardo González en el análisis político uruguayo. Estos son elementos que, considerando la actual coyuntura, en un escenario plebiscitario sobre el gobierno, inclinan la balanza a favor del bloque oficialista. Bajo este diagnóstico es totalmente razonable que oficialismo y oposición disputen por el tipo de campaña que enmarcará el debate.  

Los márgenes entre estos bloques son tan estrechos que gran parte del partido se jugará en el electorado indeciso y en esa proporción de “votantes blandos” que es difícil de cuantificar. Un segundo nivel de disputa en cuanto a la forma que va adquiriendo la campaña refiere a los temas. Por la propia complejidad de los 135 artículos sería absurdo que se planifique una estrategia comunicativa en base a todo el contenido. Por ende, siguiendo una estrategia casi que de manual se apela a un atajo informativo. Es decir, plantear la disputa a nivel más genérico, en términos de modelos de país, o enmarcarla en los ejes temático más rentables según sea el caso y el segmento del electorado al que se apunta; seguridad pública, educación, vivienda, precio del combustible, etcétera.

Cabe destacar también, -a la luz de los antecedentes de otros referéndums- que se produce una motivación especial ante ciertos artículos a refrendar que tocan parte del dominio de algunos sindicatos y organizaciones sociales, en definitiva, los principales promotores del referéndum. Por lo cual, asumiendo una intención manifiesta del Frente Amplio por acercarse a dichos movimientos, es esperable que apunten a marcar posición en dichas temáticas. En particular en lo que refiere al tema del combustible y el posicionamiento de Federación ANCAP. Pero también la gobernanza de la educación que disputa espacios de poder a los sindicatos del rubro. O en cuanto a la temática de la vivienda, donde la polémica por los alquileres sin garantía impacta en un mercado donde el movimiento cooperativo, tiene cierto peso político.

Para ir cerrando, es interesante recordar los antecedentes que más se asemejan a este tipo de instancias de referéndum1. Uno de los más recordados es el que permitió derogar parcialmente la Ley de Empresas Públicas en el año 1992. Pero fue durante el gobierno de Jorge Batlle donde el mecanismo se utilizó con llamativa recurrencia. En el año 2001 se interpuso un pre referéndum que no alcanzó el 25% del cuerpo electoral para derogar algunos artículos de una LUC con formato ómnibus como la actual, cuyo objeto eran los artículos que habilitaron la privatización parcial del puerto, concesión de rutas y vías férreas a privados. 

Al año siguiente, ya en el contexto de la crisis del 2002 se alcanzaron las firmas para habilitar un referéndum contra la asociación de Antel-Ancel. Ante la expectativa de perder dicho referéndum, el gobierno decidió dar marcha atrás y derogar la norma. Y en el año 2003 se derogó a través de referéndum la ley de Ancap que habilitaba su asociación con privados. 

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1 Durante los últimos 30 años, se han empleado en 21 ocasiones los mecanismos de plebiscitos y referéndum.