Seguridad: un año con un balance partido en dos

Hasta el 27 de diciembre, sostuvo Gómez, se habían registrado 309 homicidios. En los primeros nueve meses del año hubo 214, según informó entonces el Ministerio del Interior. En tres meses se cometieron casi 100 homicidios. En todo  2020 habían sido 334 y en 2019, 393, por lo que este año también podría celebrarse un descenso. El año anterior fueron 414 y en 2017, 283. La cartera de seguridad aún no difundió las cifras del resto de los delitos, que hasta setiembre mantenían una tendencia a la baja. 

Según aclararon desde el Ministerio del Interior, la cartera maneja números diferentes a los que difundió el fiscal de Corte. El Observatorio de la Violencia y Criminalidad del ministerio maneja el “criterio internacional”, un estándar para medir homicidios en los que se discriminan los intencionales de los dolosos. El registro de la Fiscalía es otro, explicaron a El Observador fuentes de la institución y argumentaron por qué su conteo ofrece un resultado superior al del ministerio. 

Así, la cartera que durante la gestión de Larrañaga fue uno de los puntos fuertes del gobierno, comenzó a deslucirse y los datos sobre seguridad, que eran cuestionados por la oposición a la administración frenteamplista, se convirtieron en un arma de doble filo para el oficialismo. Si bien el cambio en la conducción pudo ser uno de los motivos y, de hecho, en el Partido Nacional hay una incipiente inquietud al respecto, hay estudios universitarios que indican que la merma de la pandemia también pudo haber jugado un rol clave. 

Los uruguayos Nicolás Trajtenberg (sociólogo y criminólogo) y Carlos Díaz (economista) participaron de un consorcio internacional que encabezó la Universidad de Cambridge. El estudio dio que determinados delitos se redujeron 37% durante la pandemia en 27 ciudades, entre las que estuvo Montevideo. Entrevistados por Las cosas en su sitio, de radio Sarandí, los expertos expresaron que la baja de la movilidad tuvo un impacto en la caída de delitos contra la propiedad o los que tienen “la violencia como eje central”. “Si bien, como dice el gobierno, los delincuentes no tomaron vacaciones, hubo menos targets”, dijo Trajtenberg. Díaz aclaró que cuando presentaron el informe, en junio del 2021, se empezaba a percibir un efecto rebote producto del cese de la mayoría de las medidas de confinamiento. En Uruguay, la movilidad alcanzó por primera vez los niveles prepandémicos en octubre de este año. Destacaron también que el objetivo no era sacarle mérito a la gestión que, “seguramente” haya influido en el descenso. 

Pero la gestión no son solo números. Que Heber haya sido designado para reemplazar a Larrañaga significa haber puesto a un político a cargo de un ministerio que fue bastión del gobierno durante 2020. En varias oportunidades confrontó las críticas del Frente Amplio, especialmente durante la interpelación por la fuga de Hugo Pereira del ex Comcar. También lo hizo en ruedas de prensa, en las que tuvo algunas contradicciones y otras en las que debió refugiarse en argumentos que utilizaba el Frente Amplio cuando estaba en el gobierno. 

Larrañaga era un político al que obsesionaba el tema de la seguridad. Pensó su equipo, lo formó y actuó para barrer con lo que pensaba que había sido perjudicial durante la gestión del exministro Eduardo Bonomi. Se lo solía ver en operativos menores en las madrugadas y consiguió ser aliado de un sindicato policial que lo despidió como un héroe. 

Heber, por otra parte, agarró un fierro caliente, reconocido por oficialistas y opositores, que no tenía previsto. En entrevista con El País dijo: “Es una tarea diferente de la que venía haciendo. Yo había construido un liderazgo de otras características, tratando con ingenieros y arquitectos para construir puentes y carreteras y bueno... me ponen acá”. 
Heredó el equipo de Larrañaga, que lo ayudó a aggiornarse a las funciones. Buena parte de ello se vio en la mayor presencia que cobró el subsecretario colorado, Guillermo Maciel, a quien Larrañaga mantenía bastante más al margen.  Si bien construyó una correcta relación con el sindicato policial, no fue la misma que había hasta la muerte de Larrañaga.

La presidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, dijo en Radio Universal al ser consultada por las diferencias entre los ministros nacionalistas que “se lo extraña mucho a Larrañaga”, más allá de la relación con Heber. En noviembre, acudieron al presidente Lacalle para darle “fuerza” a problemas relegados. 

La actitud de Heber también es distinta. No se lo ve en los operativos de madrugada como a Larrañaga. Aunque el actual ministro ha encarado una amplia recorrida de las cárceles de todo el país y las jefaturas. El rol de los jefes de Policía, desde la asunción de Heber, ha ido creciendo. Una de las preocupaciones que expresan en simultáneo integrantes del sindicato policial y dirigentes del oficialismo es que la gestión de Heber –quien de un día para el otro debió abandonar el Ministerio de Transporte y asumir una tarea para la cual no se había preparado especialmente– se ha apoyado en mayor medida que su antecesor en los mandos policiales, recayendo en ellos buena parte de la autoridad.  

Durante estos meses el actual jerarca debió batallar contra la ola de denuncias por corrupción en las jefaturas.  Al menos nueve casos de presunta corrupción policial azotaron a la fuerza desde que asumió el actual gobierno pero cuatro de ellos ocurrieron en noviembre, y dos de ellos supusieron la renuncia de dos jefes de Policía.

De todas formas, su experiencia política le permitió capear más de un temporal. Por ejemplo, los pedidos de renuncia del jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli, luego de que fuera inputado el excoordinador Fernando Pereira, y del director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, en varias oportunidades. Otro problema relevante fue el de Santiago González, director de Seguridad y Convivencia, y mano derecha de Larrañaga. González fue acusado por la exsubdirectora técnica del INR, Milena Mas, de acoso laboral cuando aún vivía Larrañaga, pero luego se sumaron las voces de Denisse Legrand, coordinadora de la ONG Nada Crece a la Sombra, y la organización Ombijam. 

Heber también pudo sortear las denuncias y acusaciones de abuso policial que, salvo casos aislados, todavía no se pudieron comprobar. Entre el último año de gestión de Eduardo Bonomi y el primer año de Larrañaga, las imputaciones por abuso policial cayeron  50%. 

La LUC como punta de lanza

Dentro del contexto de un gobierno que quiso arrancar cuanto antes con las reformas que anhelaba, surgió la ley de urgente consideración (LUC). La seguridad fue la principal preocupación de los uruguayos hasta  2020 y era un arma que la entonces oposición utilizaba para intentar herir al gobierno frenteamplista. 

Por eso la seguridad fue un aspecto medular de la LUC y el posterior debate que ocurrió en el Parlamento y que sigue ocurriendo con mira al referéndum. En materia de seguridad pública, son 33 los artículos que se pretenden derogar. 

En cada aparición, los jerarcas de Interior se pronuncian al respecto. Dicen que, de derogarse la ley, se liberarán presos. El ministro sostuvo que hay privados de libertad cumpliendo penas por los agravamientos previstos por la LUC en “delitos duros” como la rapiña, el copamiento, la extorsión y el narcotráfico. “Si la sociedad vota eso, tendremos que ir a abrir las cárceles y decir: ‘Señor, se acaba de derogar la LUC y la pena que lo llevaba a mantenerse preso para ser reinsertado en la sociedad, hoy cayó’”, dijo Heber. Sostienen que la caída de la ley “volverá a debilitar” al policía de a pie, por ejemplo, porque ya no podrá pedir documentos en cualquier circunstancia en la vía pública y se eliminaría la figura del agravio al policía. Remover esta medida “nos llevaría 100 años para atrás”, dijo Santiago González.