Nacional > DOS JEFES RENUNCIAN EN UN MES
Denuncias por corrupción policial complican gestión del Ministerio del Interior
“Caiga quien caiga es la línea que vamos a seguir para apartar al mal policía”, dijo el fallecido ministro del Interior Jorge Larrañaga cuando imputaron al jefe de la Brigada Antidrogas de San José en agosto del 2020 por cohecho y asistencia al narcotráfico. Al menos nueve casos de presunta corrupción policial azotaron a la fuerza desde que asumió el actual gobierno pero cuatro de ellos ocurrieron en el lapso del último mes, y dos de ellos supusieron la renuncia de dos jefes de Policía. Es así que este miércoles renunció el jefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, luego que un policía de su jefatura fuera detenido contrabandeando materiales para el Estadio Ubilla de Cerro Largo. "Ha sido de los jefes de Policía que ha tenido el mejor resultado en el combate al delito", dijo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber a Telemundo.
Efectivos del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) detuvieron el 28 de octubre en Aceguá (Cerro Largo) al camión que trasladaba una alfombra de drenaje y otros materiales que serían destinados al estadio departamental. Además del policía, viajaba una mujer y Javier Silveira, funcionario de una ONG que tiene vinculación con la Intendencia de Cerro Largo y que trabajó en la candidatura del intendente, José Yurramendi. También es funcionario de OSE. Los dos hombres fueron imputados y Olivera está siendo indagado por la fiscalía de Cerro Largo por omisión, puesto que no ordenó detener el camión que traía el contrabando.
Cuando los efectivos consultaron a los jerarcas, se excusaron en que la intendencia había hecho los trámites correspondientes y les dejaron seguir la marcha. Pero fueron detenidos este martes. En una reunión con el ministro Luis Alberto Heber en Montevideo, el jefe Olivera presentó su renuncia para no "involucrar" a la cartera en los hechos.
La semana pasada, la Justicia condenó al excoordinador de Policía de Maldonado, Fernando Pereira, por faena clandestina, revelación de secretos, omisión de funcionario público, abuso de funciones, omisión de los deberes del cargo, tráfico interno de armas y falsificación real. La investigación que la Fiscalía había formalizado en junio desató la polémica porque daba cuenta de favores de Pereira al entonces ministro de Turismo, Germán Cardoso, que si bien no fue investigado penalmente, tiene un expediente abierto en la Junta de Transparencia y Ética Pública por esta cuestión.
Entre los delitos más graves que cometió Pereira, estaba la venta de un arma que luego hurtaron y con la que una persona fue herida en Cerro Largo. Este martes, imputaron al subcomisario de Maldonado Richard Perdomo por tráfico interno de arma de fuego y falsificación ideológica de un particular, informó FM Gente y confirmó El Observador. Perdomo fue quien le había comprado el arma a Pereira.
El Sindicato de Policías de Maldonado había solicitado la remoción del jefe de Policía departamental, Julio Pioli, pero el ministro Heber lo rechazó y manifestó su "total respaldo" al jerarca.
El 17 de octubre, renunció Martín Botto, jefe de Policía de Río Negro, por un presunto incumplimiento en el que incurrió en el caso de un oficial bajo su mando, encargado del área de Seguridad Rural del departamento, que tiempo atrás había sido denunciado por abusar sexualmente de un menor de edad. Según el protocolo del ministerio, ante una denuncia de este tenor no hay que esperar el resultado judicial para que el funcionario sea separado del cargo. El funcionario ya tenía denuncia por violencia de género.
También en reunión con Heber, fue Botto quien ofreció retirarse. “El jefe de Policía de Río Negro fue y es un gran jefe. Ha actuado con una gran gestión en el departamento. Pero hubo errores en el procedimiento que se pagan, lamentablemente”, expresó el ministro.
El agente había sido denunciado en 2020 en Paysandú, por parte de una sobrina. Los hechos que, según la denunciante, ocurrieron hace 15 años, cuando la víctima tenía ocho años y su agresor, de 17, estaba por ingresar en la Escuela Nacional de Policía.
En el primer año de gestión de la coalición al frente del Ministerio del Interior, liderado entonces por Jorge Larrañaga, fueron imputados la mitad de funcionarios policiales por corrupción que en el último año de la gestión de Eduardo Bonomi, informó El País en base a datos aportados por Fiscalía. Entre el 1º de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020 fueron 22 los policías imputados y entre las mismas fechas del año siguiente fueron 12.
"Que se cuiden todos aquellos que están fuera de la ley (...) Defendemos al buen policía con decisión y firmeza. El mal policía es enemigo de la función pública y alienta el descrédito y destruye la confianza que la gente puede tener en una institución que tiene que llevar adelante de manera transparente el ejercicio de la autoridad pública", había sostenido Larrañaga cuando se imputó al jefe de la Brigada Antidrogas de San José.
La gestión del Ministerio del Interior goza de una baja constante de los delitos. Las cifras constatan una caída de los homicidios, rapiñas y hurtos en el lapso enero-setiembre, comparado con el mismo tramo en 2019 y 2020. Si se compara únicamente lo ocurrido en el tercer trimestre respecto a 2019, también se registra un descenso en esos delitos. En la comparación con 2020, el tercer trimestre registra un leve aumento de los homicidios.
2020 y 2021
En San José, luego de meses de investigación que partieron de una alerta de propios policías, se detuvo a cuatro efectivos, entre ellos el jefe de la Brigada Antidrogas departamental. Luego de diez allanamientos –en los que se encontraron armas y drogas– y meses de escuchas, en agosto de 2020 se detectaron vínculos con casos de corrupción y narcotráfico. "Lo importante es que la institución tenga mecanismos de autodepuración", dijo Larrañaga.
En diciembre del año pasado, la fiscalía de Rivera imputó a dos efectivos de la Jefatura departamental por cohecho, concusión y contrabando. Al momento, la investigación continúa abierta. En el mismo departamento, pero tres meses después, se separó del cargo a un policía del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que llevaba a presos a trabajar a su chacra. En ese entonces la investigación fue formalizada por reiterados delitos de abuso de funciones y peculado.
En el contexto carcelario no fue el único acto irregular detectado. En abril de este año, el abogado del Sindicato Policial (Sifpom), Andrés Ojeda, compartió un video en el que un policía del patio de la Unidad 26 de Tacuarembó miraba y permitía una pelea entre internos. El director de la unidad fue relevado y el ministro dispuso una investigación administrativa.
Otra funcionaria policial en Montevideo fue condenada por "entregar" rapiñas. La investigación del fiscal Diego Pérez partió de un trabajo de inteligencia policial y requirió de allanamientos e incautaciones realizadas en enero de este año.
En el mismo mes, un policía fue imputado por homicidio y narcotráfico tras haber ultimado a un joven en su casa, que según informó el Ministerio del Interior, poseía antecedentes penales. Según supo El Observador, ya fue condenado por homicidio pero la investigación continúa en curso.
