Situación límite de inseguridad

El resultado del descontrol de grupos delictivos está a la vista desde el viernes. Muchos residentes se atrincheran en sus viviendas. El sindicato de maestros de Montevideo les pide a sus afiliados que no concurran a dictar clases en las cuatro escuelas y dos jardines de infantes que existen en el barrio, pese a que el Consejo de Primaria los insta a cumplir su trabajo con el frágil argumento de que lo peor ya pasó. Igual actitud de abstenerse a prestar asistencia han asumido justificadamente médicos que temen por su integridad física, después del ataque a un colega. Y los trabajadores de los ómnibus que solían circular por el barrio decidieron no ingresar más a la zona.

La violencia latente en el Marconi y en otras áreas de la capital, donde campea abiertamente la acción delictiva de narcotraficantes y de grupos propensos a los desbordes descontrolados, no puede seguir amenazando la vida pacífica a la que tienen derecho sus residentes. La inseguridad pública desborda obviamente la capacidad policial para combatirla. La Policía actúa con eficacia después de que se ha producido un delito o un disturbio. Pero pese a la expansión y el mejoramiento operativo y tecnológico de su estructura, no alcanza a asegurar una prevención que se ha tornado indispensable y urgente.

La solución inmediata es recurrir al complemento que pueden brindar efectivos militares para el patrullaje de saturación que hoy no existe. Lo hemos señalado reiteradamente y lo reclaman con fundamento dirigentes de la oposición. Pero en el gobierno y en su Frente Amplio persiste renuencia a recurrir a esa medida. Se argumenta que los miembros de las Fuerzas Armadas están entrenados para la guerra y no para la política disuasiva que presumiblemente tiene la Policía. Hay además problemas jurisdiccionales entre los ministerios involucrados y resistencia de muchos sectores a ver de nuevo a militares en las calles, por recuerdo de las épocas de la dictadura.

Pero la amenaza a la seguridad ha llegado a un nivel tal que supera las objeciones. La presencia de efectivos militares patrullando en sus vehículos las zonas conflictivas es un disuasivo eficaz para los grupos violentistas y todo otro tipo de actividades delictivas. El gobierno no puede seguir ignorando la amenaza a la población que acaban de enfatizar los desmanes en el Marconi.