Solo 5% de las vacantes en el Estado no se ocuparon y plantilla de funcionarios cayó apenas 0,5% en 2020

Por eso, a menos de dos semanas de asumir y pocos días antes de la llegada de la pandemia de coronavirus a Uruguay, el nuevo gobierno decretó que, salvo excepciones, los organismos estatales deberían renovar como máximo una de cada tres vacantes generadas.

El decreto 90/020 limitó así las contrataciones en la Administración Central (sin contar policías efectivos, personal militar y servicio diplomático) y exhortó al resto de los organismos del Estado a adoptar las mismas medidas en el marco de sus competencias y autonomía. 

Pero pandemia mediante –y más allá que el gobierno mantuvo como norte el “ahorro estructural”– los datos muestran que en 2020 solo se suprimieron 4,9% de las vacantes en todo el Estado, una cifra lejana al 21% que proyectaba en campaña –y sin emergencia sanitaria– el equipo de Lacalle Pou. 

De acuerdo a los datos incluidos en el Informe de Vínculos Laborales con el Estado de 2020, elaborado por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), eso implicó que la reducción de la plantilla de funcionarios públicos se redujera apenas 0,5% respecto a 2019, mientras que el total de vínculos (contando también los que no son funcionarios públicos) se redujo 1%.

Al cierre de 2020, el Estado tenía 299.897 funcionarios públicos y 9.644 vínculos con no funcionarios, sumando un total de 309.541 vínculos laborales. Un año antes el número de funcionarios públicos ascendía a 301.454 y los no funcionarios eran 11.424, sumando un total de 312.878. 

Durante los gobiernos del Frente Amplio, la plantilla de funcionarios y vínculos con el Estado creció progresivamente salvo en el año 2015, primero de la segunda presidencia de Tabaré Vázquez, cuando registró una caída de dimensiones similares a las de 2020. 

Detalles

En el transcurso del año 2020, entre los funcionarios públicos (sin contar otros tipos de vínculos) se generaron 38.267 bajas y hubo 36.393 altas. En otras palabras, se volvieron a ocupar el 95% de las vacantes. 

En el Poder Ejecutivo se suprimió una de cada cuatro vacantes (26,2%), ya que hubo 4.854 bajas y 3.582 altas. Entre los entes comerciales e industriales (las empresas públicas) se registró la mayor supresión de vacantes, con casi tres de cada cuatro bajas sin reponer: en esos organismos cesaron 2.270 funcionarios y se incorporaron solo 610. Los gobiernos departamentales, por su parte, suprimieron 17,5% de las vacantes, con 4.646 bajas y 3.831 altas. El Poder Legislativo (el de menor peso en el total) suprimió una de cada tres de las 252 vacantes generadas.

Los organismos del artículo 220 de la Constitución –clasificación que abarca a la ANEP, ASSE y el Poder Judicial, entre otros– fueron los únicos en los que las altas (28.204) superaron a las bajas (26.245), pero ese aumento tuvo gran influencia debido a que esas reparticiones concentran la mitad de los funcionarios públicos. 

Si se incorporan al análisis las altas y bajas de los no funcionarios públicos, entre todos los vínculos con el Estado se suprimió solo el 7,4% de las vacantes en 2020.

Es decir, dependiendo si se toma solo los funcionarios públicos o el total de vínculos, la reducción de vacantes fue entre tres y cuatro veces menor a ese 21% que suponía unos US$ 100 millones de ese plan original de ahorro. En febrero de este año, la ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo que en 2020, y en el contexto de emergencia sanitaria, ese ahorro estructural –sin contar gastos encapsulados bajo el Fondo Covid– fue finalmente de unos US$ 660 millones.

Si se mira el desagregado de la reducción en el número de funcionarios públicos, el Poder Legislativo registró una caída de 7%, el Poder Ejecutivo 1%, los entes industriales y comerciales recortaron la plantilla en 4,4% y los gobiernos departamentales lo hicieron en un 2,4%. 

En un sentido contrario, los organismos del 220 aumentaron 1,15%, pasando de 148.841 funcionarios a 150.552 en 2020.  

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