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Gobierno sigue adelante con recorte de vacantes y estudia cómo extenderlas a intendencias
En un salón hay nueve sillas. De esas nueve, seis en principio no se pueden tocar. De las tres restantes, por lo menos dos se tienen que eliminar. El juego, arduo conocido, tiene también su versión en el gobierno de Luis Lacalle Pou.
El reglamento se basa en los decretos números 90 y 125 firmados por el presidente en sus primeros dos meses de gestión para limitar los ingresos en el Estado. El primero llegó el 11 de marzo, antes de la pandemia, junto a otras medidas de austeridad. Allí se dispuso que solo se repondría una de cada tres vacantes generadas en el Estado, salvo en el caso de los docentes, los policías y los trabajadores de la salud. El pasado 28 de marzo, a pedido del Ministerio de Defensa, se añadió otra excepción: el personal militar.
Según los datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) procesados por El Observador, esas excepciones abarcan aproximadamente a dos de cada tres vacantes que se generan entre los funcionarios públicos. Por lo tanto, el límite del 1x3 aplicará, aunque suene redundante, para el tercio de las vacantes que no están comprendidas por las excepciones.
En otras palabras, de cada nueve vacantes generadas, solo tres estarán comprendidas por el decreto y al menos dos de ellas deberán eliminarse (no reponerse).
El porcentaje de vacantes eliminadas que resulta de esa operación (dos de nueve) está en el orden del 21% prometido por Lacalle en campaña electoral, y que sigue como meta pese a la emergencia sanitaria, según fuentes del gobierno.
Intendencias
Si bien la restricción formal abarca a la Administración Central, en el gobierno estudian cómo extender el recorte a otras áreas del Estado, como los gobiernos departamentales, que en 2018 representaron el 11% de las 27.763 bajas de funcionarios públicos.
Como las intendencias tienen autonomía por Constitución, y por lo tanto el gobierno nacional no puede fijar por ley un límite al ingreso de recursos humanos, las autoridades manejan la posibilidad de incluir el recorte en la negociación de sus presupuestos.
“Va a ser producto de la negociación que encaremos con el Congreso de Intendentes. Allí vamos a instalar el tema y no descartamos por lo menos pedir que ayuden (al ajuste)”, dijo a El Observador el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), José Luis Falero.
Las palabras de Falero –cuyo rol en OPP es, entre otras cosas, gestionar la relación con los gobiernos departamentales– van en línea con el argumento que llegó a manejar Lacalle Pou sobre el final de la campaña electoral.
El 21 de octubre del año pasado, a una semana de la primera vuelta electoral, el entonces candidato dijo en Desayunos informales que en caso de ganar “las intendencias tendrían que actuar en consecuencia con la austeridad en el gobierno”. El hoy presidente mencionó los fondos que se destinan a los gobiernos departamentales como una forma de controlar el cumplimiento de ciertos objetivos. “Respeto a la autonomía municipal creo que tenemos que ir a una fórmula en que esos fondos vayan a inversión y que estos sean evaluados tras ser ejecutados”, afirmó entonces.
El artículo 9º del decreto firmado en marzo “exhorta” a “los organismos comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República, a los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados Industriales y Comerciales del Estado y a los Gobiernos Departamentales a adoptar en el ámbito de su competencia las medidas (...) a fin de coadyuvar con el objetivo emprendido por el Poder Ejecutivo de disminuir el déficit fiscal”.
Los datos
Si se procesan los datos de 2018 incluidos en el último reporte de la ONSC, cerca del 65% de las 27.763 vacantes generadas fueron de esos trabajadores “esenciales”. El dato se limita a funcionarios públicos, y no tiene en cuenta bajas por “transformación” de cargos.
Las 10.508 bajas docentes (ANEP y Udelar) representaron el 38% del total, mientras que las 4.276 de ASSE aportaron el 15%. El 14% restante fueron bajas de mandos superiores policiales y militares (1.064) y subalternos policiales y militares (2.792). De aplicarse la normativa vigente a los números de 2018, solo cerca de un 35% de las vacantes se verían comprendidas por el 1x3. Eso no implica, sin embargo, que en las áreas consideradas esenciales no pueda haber supresión de vacantes, ni que en otras áreas el recorte no pueda ser incluso mayor al mínimo fijado por la normativa. A esas vacantes se les debe sumar las de los vínculos de no funcionarios (contratos puntuales, entre otros), señaló Falero. En 2018, hubo 5.207 bajas de vínculos con no funcionarios públicos.
