Supermercados están bajo el foco de Defensa de la Competencia

“La Comisión piensa que esto puede ocurrir en otros mercados, y en virtud de los resultados no se descarta extender la investigación o recibir denuncias de otros que se sientan afectados” por los supermercados, dijo a El Observador uno de los comisionados, Javier Gomensoro.

Bajo esa lógica, si en el segmento de alimentos congelados se comprobó que existe esa conducta y que da réditos a quiénes la practican, “es probable que en otros mercados que no pudieron ser investigados también ocurra”, agregó.

La Comisión comenzó esta investigación de oficio en 2010 ante la hipótesis de que las grandes cadenas de supermercados estarían ejerciendo presión sobre los distribuidores para que en otros puntos de venta minoristas no puedan vender productos por debajo de los precios que fijan las grandes superficies, informó Búsqueda.

Esa conducta fue “detectada” en el mercado de los congelados a través de una investigación que comenzó con consultas a comerciantes pequeños que “no se animaron a presentar denuncia”. Ante esto, y mediante una orden judicial, la Comisión concurrió a las empresas distribuidoras mayoristas acompañada de un alguacil y de un perito informático y extrajo múltiples correos electrónicos “que respaldan ampliamente la existencia de esta práctica”, informó Gomensoro.

Por tal motivo, el organismo dependiente del MEF estableció el “cese inmediato” del comportamiento observado y algunas medidas preventivas respecto a los proveedores Graba SA, Maosol SA, Cemesa, Greenfrozen SA, y los supermercados Macromercado y Grupo Disco, al tiempo que se solicitó información a Tienda Inglesa.
Una fuente consultada señaló que los más comprometidos por los correos electrónicos son una de las cadenas de supermercado y uno de los distribuidores mayoristas.

La Comisión estima que la conducta se origina en las cadenas de supermercados, pero se advierte en los distribuidores a través de la presión a los puntos de venta para que se respete de forma irrestricta la lista de precios mínimos que les remite a riesgo de no entregarles más mercadería.

Desde la Asociación de Supermercados de Uruguay (ASU) informaron a El Observador que “en cuanto a los procedimientos de fijación de precios, no se practica por parte de los miembros de esta asociación una imposición de presiones para la fijación de precios mínimos en el mercado”.