Tabaré Sosa, el final de la presidencia de un ministro que jugó solo

El último episodio ocurrió el fin de semana pasado, cuando la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU), Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju), Asociación de Defensores Públicos (Adepu) y la Asociación de Informáticos Judiciales (Asiju) decidieron no concurrir al Día del Poder Judicial. Con distintos reclamos hacia la gestión de la Corte, comunicaron que no estarían presentes para posicionarse en defensa de los juzgados de paz en el interior del país y el acceso a la Justicia, informó La Diaria y confirmó El Observador. 

La celebración tuvo lugar con la sede vallada y militares armados. 

Pero el presidente de la Corte tampoco cosecha apoyos entre los propios. Los ministros le han hecho más de un planteo debido a que Sosa ha tenido reuniones importantes sin convocar al resto. La presidencia es un cargo protocolar que va rotando año a año. El rol es de representación o vocería, pero no tiene ningún poder de decisión por encima de los restantes ministros. 

Una de estas reuniones en las que obvió convocar a sus pares fue con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. El encuentro no fue reportado en la web del Poder Judicial ni difundido por Comunicación Presidencial. Según informó Búsqueda, Sosa envió un mensaje al grupo de Whatsapp de los ministros diciendo que se trató de una visita protocolar y en su próximo acuerdo de ministros informaría más detalles, pero luego no lo hizo. 

En junio había convocado “con carácter urgente” a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) para conocer la opinión de los jueces sobre la forma de instrumentar los concursos de oposición para el ingreso y el ascenso de jueces.

Pero la relación con los ministros, que ya venía tensa, se terminó de dinamitar hace un mes y medio. Una abogada asistente de Sosa fue denunciada por haberle, presuntamente, filtrado información a su pareja, abogado en un caso que la Suprema Corte tenía a consideración. Según los abogados denunciantes, Pablo Donnángelo y Renzo Gatto, sus contrincantes utilizaron esa información para recusar ministros y adelantarse a las jugadas. 

Según dijeron a El Observador fuentes judiciales, pese a la insistencia de los restantes ministros de apartar del cargo a la abogada mientras se investigaba lo sucedido, Sosa se negó de forma tajante.

Antes de eso, había tenido un fuerte encontronazo con el Colegio de Abogados por el proyecto de ley de digitalización de expedientes judiciales. Sosa se molestó con unas apreciaciones que el entonces presidente del CAU Diego Pescadere hizo en el Parlamento y le comunicó que no era considerado más “como interlocutor válido” en las negociaciones.

En el ámbito judicial, molestan sus conductas principalmente porque actúa en solitario y no como un cuerpo integrado dentro de la Corte. Eso le valió varios apodos, entre ellos el de “pequeño Napoleón”.

Los reclamos de los gremios

Las razones por las que los gremios judiciales se negaron a participar son diversas y van desde reclamos económicos hasta problemas de gestión, pero todos tienen en común las quejas por la falta de respuesta y predisposición al diálogo. 

Desde la Asociación de Funcionarios Judiciales han criticado sus “actitudes soberbias” y solicitaron su renuncia. El secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, dijo a El Observador que “directamente no hay diálogo” con Sosa porque hace “oídos sordos” al planteo de los gremios. “No queremos cogobernar el Poder Judicial. Tenemos bien claro quiénes son las autoridades, pero creemos que podemos reclamar”. 

Puntualmente, creen “incoherente” que cuando aún hay 600 vacantes por llenar en el PJ, la Corte anuncia que se devolverán a Rentas Generales $ 400 millones. “A raíz de la pérdida de salario de los trabajadores públicos, hay varios compañeros que la están pasando muy mal. Se hizo un esfuerzo muy grande durante la pandemia para cubrir los servicios de justicia, nos parece que la SCJ podría haber tenido algún reconocimiento con los trabajadores”, manifestó. 

En el caso de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) las críticas yacen en la “poca respuesta y poca disposición al diálogo” de la Corte. Su presidenta, Graciela Gatti, detalló que han enviado “numerosísimas notas” pidiendo que se analicen distintas cuestiones. 

De hecho, informó que el lunes, luego de la ceremonia, les comunicaron que analizarán uno de los puntos del reglamento de la carrera judicial –cosa que desde AMU se había solicitado en agosto– una vez se designe a un nuevo ministro para la vacante que dejó Luis Tosi y el nuevo integrante pueda estudiarlo. 

Han intentado tratar puntos que generan controversia en materia de Familia Especializada y aunque el presidente del INAU, Pablo Abdala, los recibió a una semana de solicitada la reunión, Sosa nunca lo hizo. Gatti sostuvo que el entrecortado relacionamiento con la Corte comenzó “a fines de 2020 y principios de 2021”. 

El presidente de la Asociación de Actuarios, Luis Maquieira, respaldó las críticas de Elizalde sobre la cobertura de las vacantes que no se realiza por “falta de presupuesto”, pero que luego se reintegran $ 400 millones a Rentas Generales. Además, sostuvo que las comisiones laborales se fueron “complicando” en materia de infraestructura, con arreglos que eran momentáneos. De hecho, aseguró, hubo un establecimiento en el que se cayó un techo y todavía no fue reparado. Si bien los problemas no comenzaron con esta gestión, aclaró, “se agravaron bastante”. 

Otras fuentes gremiales dijeron a El Observador que se encuentran esperanzados con la próxima presidencia de la Corte, que la ejercerá John Pérez. Él intentará darle otra impronta a la Corte y, según perciben los gremialistas, es un ministro proclive al diálogo.
La creación y supresión de juzgados

La creación y supresión de juzgados

Entre los temas de agenda de la Suprema Corte de Justicia este 2021 estuvo la creación de los juzgados especializados en violencia de género –promesa presupuestal que finalmente comenzó a concretarse en diciembre– y la polémica por los eventuales cierres de juzgados de Paz en el interior del país. 

Cuando estudiaban la ley de Presupuesto  los legisladores de la coalición de gobierno acordaron con el Ministerio de Economía reasignar recursos para poder instalar al menos tres juzgados de género en el interior del país. A fines de diciembre, al no recibir ninguna comunicación sobre la efectividad de esos recursos, la Suprema Corte le avisó al presidente Luis Lacalle Pou que desistía de instalar los juzgados. 

Enteradas de esa situación las legisladoras de la bancada bicameral femenina le pidieron una reunión al presidente de la Corte, Tabaré Sosa, que se concretó el 27 de enero de este 2021. Finalmente, hace dos semanas se anunció la instalación de los primeros dos juzgados en San Carlos. 

A mitad de este año la Corte anunció el cierre de 20 juzgados de Paz en el interior del país por falta de recursos. Luego se revirtió, pero aún insisten en que no está el presupuesto necesario. Tabaré Sosa dijo entonces en su comparecencia al Parlamento que se había tratado de “un error”. En comisión de Constitución y Legislación manifestó la delegación que el mantenimiento de estos juzgados, distribuidos en 13 departamentos, cuesta $ 4.369.555.