Topes, tiques y salarios: lo que cambió y lo que no en la LUC sobre inclusión financiera

Sin embargo, algunas modificaciones presentadas por los partidos de la coalición no fueron tenidas en cuenta por el Poder Ejecutivo y podrán ser introducidas en el Parlamento. 

El principal cambio respecto al borrador presentado en febrero está vinculado con el uso de efectivo en transacciones. Inicialmente se eliminaba toda restricción en cualquier operación y ahora se pone un tope de US$ 100 mil. Es decir, las “operaciones o negocios jurídicos” por un monto total igual o superior a esa cantidad, “cualesquiera sean los sujetos contratantes”, no podrán realizarse en efectivo. 

“La restricción al uso del efectivo prevista en el inciso anterior también será de aplicación, en las sociedades comerciales, respecto de los ingresos o egresos de dinero por aportes de capital, con o sin prima de emisión, aportes irrevocables, adelantos de fondos, reintegros de capital, pago de utilidades, pagos de participaciones sociales por concepto de exclusión, receso, reducción, rescate, amortización de acciones, u otras operaciones similares previstas en la ley de sociedades comerciales”, dice el proyecto. 

De esta forma, y si se aprueba tal como está, se eleva el tope de US$ 4.000  a US$ 100 mil para el uso de efectivo en las operaciones. Este era uno de los reclamos tanto del Partido Colorado como del extitular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos, Daniel Espinosa.

El ahora exjerarca había dicho a El Observador que el tope actual era bajo y que se podía aumentar a US$ 100 mil o US$ 150 mil, pero que era necesario mantener un límite. Es que la norma de establecer el límite en US$ 4.000 fue destacada por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano,  organismo dependiente de la OCDE que trabaja en la lucha contra el lavado de activos. 

El Partido Colorado propuso llevar el tope a US$ 90 mil aproximadamente, mientras que el Partido Independiente le trasladó al gobierno que no compartía el artículo que eliminaba esa restricción. 

Los colorados, además, pedían mantener lo referido a la obligación de individualizar el medio de pago en las operaciones. De esta forma, se facilita la investigación del lavado de activos porque se puede identificar qué operaciones se realizaron en efectivo, según había señalado Espinosa. Esto no fue tenido en cuenta.

El Partido Independiente fue radical con los cambios a la inclusión financiera. En el documento presentado al gobierno planteó que no comparte seis de los ocho artículos de la LUC sobre el tema y para los dos restantes sugirió una redacción alternativa, según el documento al que accedió El Observador. 

Los artículos a los que los independientes plantearon modificaciones son los referidos al pago de los salarios, un punto en el que el Partido Colorado también tiene diferencias con el gobierno. Sin embargo, esos cambios tampoco fueron integrados por el Poder Ejecutivo. 

Mientras que el proyecto ata la decisión sobre el medio de pago (efectivo o a través de instituciones financieras) a una negociación entre trabajador y empleador, tanto colorados como independientes pretenden dejar escrito en la ley que sea elección del trabajador. 

“La modalidad de pago será establecida por el trabajador al inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el término de un año”, dice la alternativa planteada por el Partido Independiente. El proyecto del gobierno expresa: “La modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral”. 

Los colorados también plantearon dejar claro que es el trabajador el que debe elegir la institución de intermediación financiera por la cual cobrar, en caso de decidir cobrar a través de estas. El gobierno tampoco tuvo en cuenta este planteo.  

De esta forma, la decisión queda en manos del empleador, ya que, tal como entienden en el Partido Colorado y en el Partido Independiente, el trabajador es el eslabón más débil de la cadena y no tendrá injerencia en la decisión si el empleador así lo decide. 

Los partidos integrantes de la coalición han dicho que solo sienten la obligación de votar lo acordado en el Compromiso por el País, firmado antes del balotaje. Ese documento  planteaba la eliminación de la obligatoriedad de pagar los salarios a través de medios electrónicos, pero sin presentar detalles. "La elección debe ser del usuario", dice el documento.

Será el Parlamento el que decida qué hace con estos cambios. Para aprobar el proyecto, el gobierno necesita que, por lo menos, el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto voten alineados. El Frente Amplio ya se manifestó en contra de los cambios a la inclusión financiera, uno de los buques insignia de su última administración de gobierno. 

Cambios a tiques de alimentación no van

El borrador inicial de la ley planteaba que las prestaciones de alimentación se iban a poder pagar en efectivo. Sin embargo, tal como informó El Observador a fines de febrero esos cambios quedaron por el camino por decisión del Poder Ejecutivo. 

El anteproyecto decía que la parte del salario (máximo 20% con topes diarios) que se puede pagar como prestación de alimentación también se pueda pagar en efectivo. Hasta ahora, y así seguirá, ese tipo de prestación se debe abonar por medios electrónicos que garanticen que los fondos acreditados no puedan utilizarse para otros usos que no sean de alimentación (como los tiques).

El Partido Colorado también había planteado sus dudas respecto a este tema en el documento entregado al gobierno. 

Los otros cambios que quedan

Además de los cambios en el pago de los salarios, otras modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera se mantienen en el proyecto final del Poder Ejecutivo, a pesar de los reclamos de algunos integrantes de la coalición. 

Si se aprueban los cambios tal como está redactado el proyecto, los pagos a proveedores del Estado podrán hacerse en efectivo a opción del proveedor, lo que hoy está prohibido. Sin embargo, tanto colorados como independientes plantearon eliminar este artículo. 

Además, las instituciones que pagan prestaciones (como las asignaciones familiares) tendrán la potestad de elegir cómo pagarlas. Actualmente el que decide es el beneficiario. 

Los alquileres superiores a $ 15 mil también podrán volver a ser pagados en efectivo, al igual que el pago de tributos superiores a $ 44 mil.