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Cambios que propone la ley de urgencia sobre tickets alimentación serán retirados
Los distintos socios de la coalición que asumirá el gobierno el próximo 1° de marzo continúan negociando para hacerle cambios al proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC) pero hay, por lo menos, un artículo que el propio gobierno electo va a retirar. Se trata de los cambios que introduce el anteproyecto de ley a las formas de pago para las prestaciones alimentarias, según dijeron a El Observador fuentes políticas.
El artículo 181 de la LUC presentado por el gobierno electo permite que las empresas paguen hasta el 20% del salario de un trabajador (con un tope de $ 436 diarios) como prestación alimentaria en efectivo. Hasta ahora, ese tipo de prestación se debe abonar por medios electrónicos que garanticen que los fondos acreditados no puedan utilizarse para otros usos (como por ejemplo los tickets alimentación).
El porcentaje de ticket está gravado solamente por el montepío patronal jubilatorio que es de 7,5%. Esa partida está exento de los aportes personales a las seguridad social (15%), Fonasa (3% + adicional variable) y Fondo de Reconversión Laboral (0,10%).
Sin embargo, de ser aprobada tal como está redactado el artículo implicaría una importante renuncia fiscal por parte del gobierno electo. Actualmente, según estimaciones empresariales, unos 250 mil trabajadores cobran este tipo de prestaciones a través de ticket alimentación. Con los cambios, muchos empresarios se verían tentados a adoptar esta modalidad porque estarían habilitados a pagar hasta un 20% del salario en efectivo sin pagar la mayoría de los aportes patronales.
Cambios en espera
El actual gobierno pretendía realizar otras modificaciones al sistema de tickets alimentación, pero finalmente fueron postergados. La idea de la administración encabezada por Tabaré Vázquez era que el trabajador pudiera elegir a través de qué institución prefiere cobrar los tickets de alimentación, con lo que el régimen pasaría a ser similar al que hoy ya está vigente para el pago de salarios.
Por otro lado, al igual que ocurre con las instituciones de intermediación financiera e instituciones emisoras de dinero electrónico en el pago de remuneraciones, los emisores de estos instrumentos no podrían cobrar a los empleadores. Estos cambios ya habían sido aprobados, sin embargo, a fines de 2019 el Parlamento aprobó que su implementación se postergara para 2021.
Hoy es el empleador el que elige con qué empresa contrata el servicio. El gobierno también intentó reducir el porcentaje que se puede pagar a través de esta modalidad (20% en la actualidad) pero esa modificación también quedó por el camino.
Otras modificaciones
El senador por el Partido Colorado, Adrián Peña, adelantó este lunes que su partido presentó al menos dos cambios para el capítulo de inclusión financiera. Los colorados no están de acuerdo con eliminar la obligatoriedad de pagar los salarios a través de medios electrónicos, una de las medidas contenidas en el borrador, y por eso propuso que se mantenga el sistema actual, con la posibilidad excepcional de que los trabajadores cobren en efectivo.
Actualmente es obligatorio que los empleadores paguen los salarios de sus empleados a través de medios electrónicos (salvo algunas excepciones como en el medio rural). El anteproyecto presentado por el gobierno electo elimina esta obligatoriedad y lo ata a una negociación entre el trabajador y el empleado. Sin embargo, el Partido Colorado, en el entendido de que el trabajador es el eslabón más débil de esa relación, plantea que sea obligatorio salvo voluntad expresa del empleado.
Entrevistado por El Espectador, Peña sostuvo que con esta propuesta buscan darle "más garantías a los trabajadores".
La otra modificación que sugieren los colorados está vinculada con los topes. Actualmente cualquier operación entre particulares superior a US$ 4.000 aproximadamente debe ser realizada a través de medios electrónicos. Esta medida fue elogiada por el Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), que depende de la OCDE, en su último informe sobre Uruguay de diciembre de 2019.
Sin embargo, el anteproyecto presentado por el presidente electo, Luis Lacalle, pretende derogar esta norma. Pero los colorados tampoco están de acuerdo y pretenden elevar el tope de los montos pero no eliminarlo. En este caso, proponen llevarlo a alrededor de US$ 90.000, según dijo Peña.
El titular de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, había reconocido en diálogo con El Observador que el tope actual puede considerarse bajo y manejó la posibilidad de aumentarlo a un número cercano a los US$ 100 mil o US$ 150 mil.
El Partido Independiente, en tanto, también planteó respecto al capítulo de inclusión financiera. Sin embargo, desde el partido aseguraron a El Observador que prefieren no detallar las propuestas para “no discutir por los medios de comunicación”.
Si bien los independientes firmaron el acuerdo de la coalición que incluía la eliminación de la obligatoriedad de pagar salarios a través de medios electrónicos, el líder del partido y futuro ministro de Trabajo, Pablo Mieres, se pronunció en contra de plebiscitar la ley y promovió una mesa de diálogo para mejorarla.
El Observador intentó comunicarse con representantes de Cabildo Abierto pero no obtuvo respuesta. De todos modos, el líder del partido, Guido Manini Ríos, se expresó más de una vez en contra de la Ley de Inclusión Financiera obligatoria.
Para llegar a las mayorías necesarias para aprobar la ley, la coalición necesita que el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Nacional voten alineados.
