¿Quién ganó y quién perdió con la ley de bancarización?

El año pasado un colectivo integrado por comerciantes juntó firmas  para derogar la ley que hace casi seis años revolucionó el sistema de pagos en la economía uruguaya.

La movida empresarial logró que el tema se metiera en la campaña electoral y quien levantó la bandera, entre otros, fue el otrora candidato blanco y actualmente presidente electo, Luis Lacalle Pou. De hecho, esa reivindicación fue incluida en el compromiso de gobierno firmado por los líderes de los cinco partidos de la coalición multicolor y este miércoles fue ratificada por el mandatario electo ante empresarios.

Ahora, repasemos cuáles son los argumentos de uno y otro lado

Formalización versus libertad

Para el gobierno, sus opositores son empresarios que rechazan la formalización de sus emprendimientos y buscan evadir el pago de impuestos, como se explicó en esta nota de hace casi tres años. Para los empresarios se trata del gobierno haciéndole el caldo gordo a los bancos con el cobro de aranceles que consideran abusivos, con una imposición que coarta la libertad de elegir la forma de trabajo.

Seguramente al igual que yo, vos todavía encontrás comercios que no aceptan medios de pago electrónicos. Hace no mucho intenté comprar un producto que valía $ 400 y el comerciante, que no aceptaba pagos electrónicos, argumentó que si así fuera debería cobrarme el mismo producto a $ 450 por los costos extras que le insume aceptar tarjetas. Otro comerciante me espetó que aceptar tarjetas le salía $ 5.000 por mes y que la escasa dimensión de su negocio le impedía asumir ese costo.

¿Qué hay de cierto en esos argumentos?

¿Cuál es el costo para el comerciante?

El arrendamiento de un POS (Point of sale, por su sigla en inglés), el medio para procesar los pagos electrónicos, tuvo un costo máximo de $ 442 para 2019  (90 unidades indexadas más IVA, unos $ 480 a valores actuales) para el aparato más sencillo.

Pero si se trata de un pequeño comerciante monotributista o contenido en el literal E (empresas que por su dimensión están exoneradas del pago de IRAE, IVA e Impuesto al Patrimonio y solo tributan a DGI una cuota mensual fijada al inicio del ejercicio anual), accedió durante el año pasado a un subsidio del 100% del costo.

A eso se adiciona el costo variable, que depende del nivel de ventas del comercio y se traduce en el arancel por transacción.

Antes de 2014, cuando se implementó la ley de inclusión financiera, el costo del arancel no estaba regulado y dependía del poder de negociación de la institución emisora con los comerciante. Podía ser de 7% sobre la venta, tanto en tarjetas de crédito como de débito.

Esa cifra ha ido cayendo paulatinamente y con el acuerdo firmado en octubre de 2018  se fijaron topes máximos para aranceles, para la dispersión entre comercios del mismo rubro y se estableció una hoja de ruta para continuar abatiendo el costo de operar con pagos electrónicos.
Ahora, los emisores de tarjetas no pueden cobrar al comerciante un arancel superior a 1,5% más IVA sobre las ventas, que baja a 1,3% para las pequeñas empresas, en las ventas que se realicen con débito o instrumentos de dinero electrónico.

También existe el acuerdo para que a medida que aumenta el volumen operado, el arancel caiga hasta 0,85%.

En tanto, para las tarjetas de crédito en un pago el arancel no puede ser superior a 3,5% más IVA y 4% respectivamente, y para crédito en 2 o más cuotas de 4,9% en general.

Para evitar que los grandes operadores consigan beneficios extras por su poder de negociación con los emisores de tarjetas, también se acordó que desde enero de 2019 la dispersión entre el arancel máximo y mínimo dentro de un mismo rubro de actividad no puede ser superior 0,5 puntos porcentuales para este año, con el objetivo de llegar a 0,25 puntos en 2021.

Guerra a la obligatoriedad

El tema de la libertad de los comerciantes y los trabajadores a elegir de qué forma cobrar por sus servicios es otro de los argumentos de los detractores de la ley.

Para José Pereyra, de la Cámara Empresarial de Maldonado, con la obligación se pone a los comerciantes en “una cárcel” que los fuerza a “darle una comisión al sistema financiero”.

Además, afirma que la obligación “no ayuda a bajar los aranceles”, aunque la evidencia desde que se implementó la ley indica lo contrario.

En los hechos, los comerciantes no están obligados a aceptar medios de pagos electrónicos, los que están obligados son los empleadores a pagar los salarios de sus dependientes a través de una cuenta bancaria, con algunas excepciones. Esa es la única obligatoriedad vigente y la que se busca modificar ahora.

Pero tampoco está claro que con la eliminación de la obligatoriedad en el cobro de salarios se produzca el cambio que los comerciantes disconformes reclaman.

Por ejemplo, el coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía, Martín Vallcorba, explicó que con la flexibilización de la norma para los jubilados implementada el año pasado, que permite a los pasivos elegir la forma en que recibirán su mensualidad, prácticamente no se han registrado cambios.

“En el 93% de las nuevas prestaciones desde que es opcional se eligió hacerlo por medios electrónicos”, dijo Vallcorba a mediados del año pasado.

Además, a los que ya percibían su pasividad se les dio la opción de cambiar la modalidad de cobro y el 91% de los que optaron por cambiar, lo hicieron desde el efectivo hacia los medios de pago electrónicos, dijo Vallcorba. Solo 9% decidió dejar de percibir su salario en dinero electrónico para obtener billetes. 

Si la tendencia se replicara entre los asalariados con la caída de la obligatoriedad, no deberían esperarse mayores cambios.

“No hay argumento sólido para decir que la caída de la ley mejora la situación de los comerciantes”, sostiene Vallcorba.

69% de los consultados está de acuerdo con que los salarios se paguen con medios electrónicos, según una encuesta de Factum.

¿Es un negocio para los bancos?

Los que se oponen a la ley dicen que se trata de un negocio para hacerles ganar dinero a los bancos. Pero, ¿están ganando más dinero?

En rigor, la ley de bancarización no fue buscada por las instituciones financieras locales.

El principal negocio para los bancos en los pagos electrónicos son los aranceles que cobran a los comercios por las transacciones, en particular con tarjeta de crédito. La tasa que pueden cobrar se ha ido reduciendo sistemáticamente desde que se implementó la normativa en 2014.

Desde la gremial que reúne a los bancos privados dicen que el volumen del negocio que aportó la ley de bancarización no es significativo. El crecimiento en ese segmento se explica en gran medida por el aumento del consumo.

En contrapartida, con un volumen de negocio estable y alineado a la evolución del consumo familiar, las comisiones por  las transacciones cayeron a casi la mitad.

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU).

De acuerdo a los datos del Banco Central, el semestre previo a la implementación de la ley (julio-diciembre de 2013), se registraron 42 millones de transacciones con tarjetas de crédito por US$ 2.386 millones. En el primer semestre del año pasado, el último dato disponible, las transacciones casi que se duplicaron a 82 millones (+94%) pero el monto operado creció solo 26% (US$ 3.002 millones).

“Los bancos con la operativa de crédito están ganando menos que antes”, me dijo un ejecutivo bancario.

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU).

El cambio radical se dio en el segmento del débito. Allí se pasó de poco más de 3 millones de transacciones y US$ 183 millones pagados por ese canal a casi 97 millones de operaciones y US$ 3.072 millones en el primer semestre del año pasado.Eso significa que las operaciones se multiplicaron por 32 y el monto involucrado fue casi 17 veces mayor, en poco más de cinco años de operativa.

A eso hay que sumar 21 millones de operaciones con dinero electrónico que antes de la ley no existía, por un total de US$ 919 millones.

Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU).

Mayor ingreso bruto no implica mayor ganancia

Es indudable que con mayor cantidad de operaciones, aunque los aranceles cobrados sean menores el volumen bruto de los ingresos que generan es superior al existente antes de la ley de inclusión financiera. Pero mayores ingresos no se traducen en mayor ganancia. Los costos asociados a la gestión de las casi 2 millones de nuevas cuentas ya sea de dinero electrónico o de cajas de ahorro para tarjetas de débito se comen ese incremento, alegan los bancos. Además, muchos captaron los nuevos clientes a través de corresponsales financieros lo que suma intermediarios y, con ello, los costos.

No está claro si existe un equilibrio entre un plato y otro de la balanza porque no hay cifras oficiales, pero sí se puede sostener que el negocio no es una mina de oro para las instituciones financieras.

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Soy Álvaro Irigoitía, subeditor jefe de  El Observador. Hasta aquí, esta nueva entrega de Rincón y Misiones, la newsletter exclusiva para suscriptores Member de El Observador para entender mejor la realidad económica y los temas que tocan nuestro bolsillo, y contar con mejor información para tomar decisiones.