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Tres años de cárcel para el padre del hombre que murió en explosión de cajero en Punta Carretas Shopping
El presunto jefe de la banda que asaltó el cajero del cambio Varlix del shopping Punta Carretas fue condenado a tres años de prisión este viernes, ya que la Fiscalía probó que fue quien compró la batería de moto usada en la explosión y quien adquirió las chapas de las matrículas de los autos usados en el asalto.
Los delitos imputados fueron asociación para delinquir, receptación, estrago y rapiña especialmente agravada en grado de tentativa.
El hombre era el padre de César Rivero, el delincuente de 22 años con varios antecedentes penales que murió el lunes de madrugada en el shopping, luego de desencadenar una explosión desmedida que además dejó a otro integrante del grupo gravemente herido.
Según publicó Subayado y confirmó El Observador con el fiscal del caso, Diego Pérez, el imputado fue juzgado a través de un proceso abreviado, una figura jurídica del nuevo sistema penal por la que la Fiscalía propone al delincuente penas más benevolentes a cambio de que admita la responsabilidad en los hechos y el juicio se resuelve en una sola audiencia, y así el ministerio público ahorra tiempo y recursos.
El imputado había sido detenido este miércoles de mañana, mientras despedía a su hijo muerto en el Velatorio Municipal. Efectivos de la Guardia Republicana ingresaron repentinamente y se lo llevaron, sin acceder al pedido del delincuente de que lo dejaran unos minutos más en el velorio.
El procedimiento policial, pese a que fue ajustado a derecho, provocó el malestar de los familiares, quienes comenzaron a insultar y agredir a los uniformados. "Vino la policía de mala manera, entraron, sin orden, faltaron el respeto", dijo luego a Subrayado la madre del difunto y esposa del ahora condenado. "Ellos entraron con los escudos a palazos, le pegaron a mi nieta, a los familiares, a todos, e incluso a la mujer de mi hijo que está embarazada", agregó la mujer.
Fuentes de la cartera de seguridad señalaron a El Observador que la policía no llevó una orden de allanamiento porque al ser un lugar público y no un domicilio privado, la ley no exige esa formalidad.
"Un procedimiento de esas características no se realiza de forma irregular", dijeron las fuentes, que añadieron que no hay registro de denuncias de personas lesionadas tras el operativo. El Ministerio del Interior también filmó el procedimiento y las imágenes las tiene la Fiscalía.
