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Tres meses de violencia y represión en Nicaragua

El gobierno retomó el control de la ciudad de Masaya y unos 200 pobladores huyeron para evitar ser capturados

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19 de julio de 2018 a las 05:00

El día en el que se cumplieron tres meses del movimiento de protesta reprimido por la administración de Daniel Ortega, unos 200 pobladores de la ciudad nicaragüense de Masaya huyeron de fuerzas gubernamentales que el martes recuperaron el control de la localidad en un violento operativo.
Masaya se transformó en el principal bastión rebelde desde que comenzaron las protestas el 18 de abril contra una reforma al sistema de pensiones, que derivaron en una demanda generalizada para la salida anticipada del presidente Ortega.

"Las personas que se refugiaron en el bajadero (laderas) de la laguna de Masaya están siendo perseguidas para su captura por la policía y paramilitares, que están usando perros para su búsqueda", dijo el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Álvaro Leiva.

El activista llamó a las autoridades a cesar la persecución de ciudadanos y "evitar una masacre y agravamiento de la situación de derechos humanos" en el país, donde la represión a protestas antigubernamentales dejó alrededor de 280 muertos en tres meses.


El pasado lunes, 13 países de Latinoamérica y el Caribe condenaron "los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua" por la represión desatada por parte del gobierno de Ortega contra estudiantes y otros actores de la sociedad civil. El texto firmado en la cumbre Celac-Unión Europea en Bruselas repudió "la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos". Además de Uruguay, la declaración fue firmada por los gobiernos de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

Los principales hitos del conflicto

Rechazo a la reforma de pensiones

El 18 de abril, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentó una reforma previsional que incrementaba las contribuciones y disminuía las pensiones en 5%, desencadenando en varias ciudades manifestaciones lideradas por estudiantes, severamente reprimidas. El 22 de ese mes Ortega da marcha atrás con la reforma después de una ola de protestas marcadas por enfrentamientos y saqueos que dejó 25 muertos en cinco días.

Reclamo de la salida de Ortega

La marcha atrás en la reforma no calmó la ira, y el 23 de abril decenas de miles de personas, entre ellas empleados, estudiantes, campesinos y empresarios, se manifestaron en Managua para denunciar la represión. La ONU llamó a Nicaragua a que "inicie investigaciones independientes y transparentes" sobre las víctimas, y lamentó posibles "ejecuciones ilegales".

Diálogo tenso

El 12 de mayo, cuando la movilización se intensificó, el ejército dijo que no reprimiría las manifestaciones. Un diálogo tenso se abrió el 16 de ese mes entre el presidente y la oposición con el respaldo de la Iglesia católica, pero se suspendió tras una semana por la falta de acuerdo sobre la democratización del régimen. El día 28, las partes acordaron reanudar las conversaciones. Amnistía Internacional denunció el uso de grupos paramilitares para reprimir a los manifestantes.

Elecciones anticipadas

El 30 de mayo, la comunidad empresarial también tomó distancia de Ortega, que aseguró que permanecería en el cargo pese a las protestas. Después de la muerte de 16 manifestantes durante una marcha el día de las madres en Managua, los obispos volvieron a suspender las negociaciones. El 4 de junio, Rosario Murillo, primera dama y vicepresidenta, hizo un llamado al diálogo, sin una propuesta concreta. Al día siguiente, la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó la violencia, sin responsabilizar al régimen por la represión. El día 7, la conferencia episcopal presentó un plan de democratización con anticipadas reformas presidenciales y constitucionales, que fueron demandas de los manifestantes.

Paro general

El 11 de junio, las fuerzas de seguridad intentaron desmantelar las barricadas extendidas en el país, y la violencia se reactivó. El 14, el país se paralizó por una huelga general, durante un día también marcado por la violencia. Al día siguiente, contra viento y marea, el gobierno y la oposición llegaron a un acuerdo para permitir que observadores de derechos humanos ingresaran en Nicaragua e investigaran la violencia. La oposición aceptó un plan para eliminar los bloqueos.

Ataques a universidad y templo

El 18 de junio, el diálogo volvió a interrumpirse. El 23 se renovó la represión, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), donde se refugiaban docenas de estudiantes. El día 30, miles de nicaragüenses marcharon para exigir la renuncia del presidente. Sin embargo, Ortega descartó el 7 de julio un adelanto de las presidenciales, y describió a los opositores como "golpistas". El 13 de julio, el país se paralizó nuevamente por una huelga general, después de una marcha masiva el día anterior con el mismo objetivo: la salida de Ortega. Estudiantes de la UNAN fueron duramente reprimidos y se refugiaron en un templo cercano: dos jóvenes murieron tras 20 horas de asedio. El 15 de julio fuerzas progubernamentales lanzaron un operativo en Masaya y ciudades vecinas para levantar los bloqueos de las vías, lo que tuvo un saldo de 10 muertos. En los días siguientes, la comunidad internacional insistió en que se detuviera la represión.

Asalto a Masaya

El 17 de julio las fuerzas antimotines y paramilitares lanzaron un asalto (bautizado por la oposición como "operación limpieza"), contra Masaya, la ciudad más rebelde del país. Al menos dos personas murieron. Uno de los representantes de la oposición, el líder campesino Medardo Mairena, fue acusado por la justicia de terrorismo y de intentar socavar el orden constitucional. Después de violentos enfrentamientos, las fuerzas progubernamentales tomaron el control de Monimbó, un barrio rebelde de Masaya.


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