El Tribunal de Cuentas de la República (TCR) concluyó en marzo que la situación del intendente de Soriano Agustín Bascou y la compra de combustibles a estaciones de su propiedad es “similar” pero no “idéntica” a la del exintendente de Tacuarembó Wilson Ezquerra, que también era dueño de una estación en su departamento y a quien el tribunal le comunicó en 2005 que no había problemas en que vendiera a la comuna, ya que la operación se concretaba a través de un convenio con ANCAP.
De la respuesta del TCR se desprende que en el caso de Ezquerra la titularidad del puesto de venta de combustible no era directamente del intendente y la comuna no contaba con otras opciones en el departamento para realizar las compras de combustible, mientras que en el caso de Bascou el intendente figuraba como titular de la firma comercial y existían otras opciones que permitían a la comuna comprar nafta en comercios alternativos, sin favorecer económicamente al jefe comunal.
Bascou está siendo investigado por la Justicia por la venta de combustible a la intendencia desde que asumió el cargo en julio de 2015. El Frente Amplio presentó una denuncia por conjunción del interés público y privado, ya que hasta febrero de 2017 el jefe comunal fue propietario de dos estaciones de servicio del sello ANCAP que le proveían combustible a la intendencia.
Según la denuncia, una de las dos estaciones propiedad del intendente –ubicada en ruta 2– despachó en 2016 casi tres veces más combustible a vehículos de la intendencia que otra estación del mismo sello, ubicada a solo 100 metros de distancia. Además, los ediles del FA ampliaron la denuncia en noviembre señalando que la intendencia incluso compró de forma directa a las estaciones de Bascou en fechas en las que se desempeñaba como intendente interino, tanto en 2014 como en 2015.
En el marco de su investigación, la Fiscalía de Mercedes consultó al Tribunal de Cuentas si en el caso de Bascou se cumplían las mismas “hipótesis” que con Ezquerra, y la respuesta del organismo fue unánime. “Este tribunal considera que si bien en los hechos las dos situaciones no son idénticas, sí son similares”, dice el oficio del TCR, según supo El Observador.
En cuanto a las diferencias, el documento destaca que en el caso de Ezquerra “los propietarios eran su esposa y su hermana” y añade que la estación era “la única” en la zona que tenía incorporado el Sisconve (Sistema de Control Vehicular, un convenio que Ducsa mantiene con algunas estaciones para despachar combustible a flotas del Estado), mientras que en el caso de Bascou la propiedad era suya, de su esposa y “otros socios”, y “sus estaciones no son las únicas” con el sistema integrado.
“Desde el punto de vista sustancial”, dice el escrito del tribunal, los elementos a considerar “son los mismos”, es decir, que existe un convenio firmado entre los organismos públicos. Sin embargo, la comuna de Soriano tenía discrecionalidad para elegir en qué estaciones cargar combustible y las de Bascou fueron las que más se beneficiaron, según la información a disposición de la Justicia.
En su informe de noviembre de 2017, la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) señaló que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la situación del intendente de Tacuarembó “no constituye un antecedente aplicable" al caso, ya que “no hay” allí “una evaluación del cumplimiento de las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos”. Además, ese organismo mencionó algunas diferencias entre las dos situaciones, destacando, al igual que el TCR, la existencia de otras estaciones en Mercedes incorporadas al Sisconve.
La resolución del Tribunal de Cuentas fue nombrada por Bascou esta semana como un elemento "a favor" de su inocencia. Entrevistado por el programa El cuarto secreto, de radio Sarandí, el intendente nacionalista dijo que existía el fallo del TCR lo “respalda” y que “nadie dice que las compras se hayan hecho fuera de la norma”.
“Fue por unanimidad, pero no sale en los grandes medios porque no es beneficioso para ellos. Como es a favor de Bascou no les sirve”, afirmó. El intendente expresó que la resolución lo “ayuda a estar más tranquilo” y agregó que incluso ha “escuchado audios de dirigentes del Frente Amplio que tienen esa resolución y lo admiten”.
Si bien la comparación con la situación de Ezquerra es una de las principales armas de la defensa de Bascou, los demandantes consideran que la opinión del TCR “no tiene asidero” en la cuestión de fondo. “Nosotros no denunciamos un desorden económico, que sería competencia del tribunal, sino conjunción de interés público y privado”, dijo el edil frenteamplista Carlos Susaye. “Hay algunos que no entienden la diferencia, por ejemplo Bascou”, agregó.
De hecho, integrantes del tribunal consultados por El Observador resaltaron que la respuesta del organismo se limitó a explicar las cuestiones “de forma”, pero que corresponde a la Justicia dirimir si implica un reproche penal. Según los ministros, no es el TCR el que debe definir si hubo un apartamiento de la normativa en ese sentido.
Además de la consulta sobre el caso Ezquerra, la Fiscalía preguntó al TCR si Bascou debió haber avisado acerca del posible conflicto de intereses o si debió haber pedido información al tribunal. La respuesta fue que “no se verifica normativa que preceptúe que el intendente debe informar a TCR”.
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